Santo Domingo (República Dominicana).- El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, expresó este martes preocupación por la reciente autorización concedida por el gobierno dominicano para que Estados Unidos establezca y opere naves aéreas militares en espacios restringidos de aeropuertos de República Dominicana.
Gómez Ramírez consideró que que concesión resulta comprometedora para la nación dominicana.
Sostuvo que si bien el país tiene un convenio suscrito con los Estados Unidos en 1995, ampliado en 2003, en relación con el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, «estos instrumentos jurídicos supeditan su aplicación al estricto cumplimiento del orden legal y constitucional de cada Estado», además de entrañar que se tome en cuenta el interés nacional.
Gómez Ramírez indicó que a pesar de que el Instituto Duartiano comprende la necesidad de que las naciones realicen esfuerzos conjuntos para enfrentar y frenar el crimen organizado transnacional, advirtió que esto puede justificar que las autoridades obvien los alcances del artículo 3 de la Constitución dominicana.
El presidente de la entidad patriótica dedicada a la difusión del pensamiento de Juan Pablo Duarte citó que el artículo 3 de la Constitución, el cual declara que «la soberanía de la Nación dominicana, Estado libre e independiente de todo poder extranjero, es inviolable».
También precisó que la Carta Magna prohíbe que «ninguno de los poderes públicos puede realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de la República Dominicana o una injerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado y de los atributos que se le reconocen».
Gómez Ramírez recordó que el principio de la no intervención está consagrado como una «norma invariable de la política internacional dominicana».
Asimismo, calificó la adopción de estas medidas como «sumamente delicadas», sugiriendo que se «aproximan un tanto a las que se reservan al estado de excepción» que se trata en el artículo 262 de la norma suprema.
El presidente del Instituto Duartiano expresó su esperanza de que el Estado dominicano se esfuerce por garantizar que no se desvirtúe el propósito anunciado, y la promesa de que las acciones se limiten estrictamente a enfrentar el crimen organizado transnacional en los ámbitos aéreo y marítimo.
Gómez Ramírez hizo hincapié en que la dirección y determinación de las acciones militares dentro del territorio nacional, deben recaer en los dominicanos y recordó que el numeral 16 del protocolo de 2003 con relación al Convenio de 1995, establece que «Cualquier fuerza que se use con arreglo al presente acuerdo se ajustará estrictamente a las leyes y normas pertinentes de la Parte respectiva y será, en todo caso, la fuerza mínima que razonablemente exijan las circunstancias».
