El sistema educativo debe ser visto como una emergencia nacional y la medida correcta sería aplicar el régimen de consecuencias a aquellos que lo estorben, sin importar el costo político. Es lo que procede hacer, pero ese método no se ha implementado por años.
Todo tiene un límite y la sociedad está hastiada de las huelgas promovidas en las escuelas públicas. Lo que más irrita a la población es que, por décadas, ningún gobierno ha tomado acciones radicales para enfrentar esa anomalía.
El asunto siempre ha sido con las escuelas administradas por el Estado dominicano. ¿Hasta cuándo soportaremos esa situación?
Por cierto, nunca he visto paralizar las clases en los colegios privados. Significa que lo de los centros escolares públicos, es un problema político de antaño; y no debe ser así.
La ley 66-97 establece los principios y fines de la educación dominicana, garantizando el derecho a una enseñanza integral y de mucha calidad, pero mientras tengamos maestros estorbadores, seguiremos inmersos en el atraso, dando vergüenza y obteniendo la baja calificación académica que nos certifican los organismos educativos internacionales.
A propósito de esa realidad, algunos medios de comunicación han reiterado el rechazo a la paralización de las labores escolares por considerarla nocivas para el país y perjudicial para los más de dos millones de alumnos provenientes de hogares pobres, matriculados en las escuelas públicas.
En esa dirección, la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) expresó que “las interrupciones reiteradas de la docencia, junto con decisiones que reducen los estándares de preparación y desempeño del profesorado, han sentado un precedente peligroso que profundiza el deterioro de la educación en el país”.
Reconoció la legitimidad de las reivindicaciones sindicales y el derecho constitucional a la huelga, pero advirtió que estos no pueden anteponerse al cumplimiento del mandato superior del Estado. Subrayó que la inestabilidad del sistema refleja la ausencia de un régimen de consecuencias frente al incumplimiento reiterado de las obligaciones docentes. En ese sentido, hizo un llamado urgente a las autoridades para implementar mecanismos legales y constitucionales que armonicen el derecho a la huelga con el derecho superior a la educación.
Como alternativas, Finjus propuso que “los incentivos y beneficios docentes estén condicionados al cumplimiento del calendario escolar, de manera que bonos, ascensos y mejoras salariales dependan del respeto a los días de docencia”. También sugirió establecer mecanismos de consenso obligatorio en los conflictos laborales del sector educativo, evitando paralizaciones que interrumpan el aprendizaje.
En ese contexto, el 15 de septiembre, el periódico Diario Libre expresaba igual inquietud en la sección “De buena tinta” con la interrogante ¿Hasta cuándo será el abuso de la ADP?
Veamos el contenido de ese comentario:
“Como Cicerón en el Senado romano, cabe preguntar hasta cuándo la ADP abusará de la paciencia nuestra. Cada paro docente interrumpe clases, cercena derechos de cientos de miles de estudiantes que nada tienen que ver con las pugnas gremiales. El ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, lo recordó en días pasados: un sistema que invierte más de 300 mil millones de pesos al año en educación no puede seguir rehén de prácticas que degradan la enseñanza.
La Asociación Dominicana de Profesores olvida que el magisterio no es un sindicato cualquiera. Es depositario de un mandato social que consiste en garantizar que los niños aprendan, que los jóvenes avancen, que la escuela sea faro y no obstáculo. Cuando se juega con el calendario escolar, se juega con el futuro de un país entero.
Los recursos públicos que salen del esfuerzo de todos, exigen responsabilidad y rendición de cuentas. La paciencia de la sociedad no es infinita. Y si la ADP insiste en paralizar, el Estado no puede permanecer inerme. Consecuencias debe haber, no por castigo sino por respeto a los estudiantes.
Hasta cuándo es la pregunta que queda flotando. La educación no se negocia, la educación se defiende”.
mvolquez@gmail.com
(El autor es periodista residente en Santo Domingo, República Dominicana).
