Redacción (Telesur).- A 110 días del final de su mandato y bajo presión internacional, el Consejo Presidencial de Transición (CPT) anunció una serie de medidas que pretenden garantizar la celebración de elecciones en un plazo poco probable. Las organizaciones populares expresan su preocupación por las condiciones que impiden el ejercicio de la democracia.
Desde que asumió la presidencia del CPT en agosto de este año, Laurent Saint-Cyr ha multiplicado las declaraciones sobre la preparación en curso de las elecciones en el país. Según él, ya se han desbloqueado 65 millones de dólares y el 85 % de los centros de votación ya han sido identificados por el Consejo Electoral Provisional —que, de paso, cambió de presidente. Detrás de las cifras y medidas, subyace la necesidad de tranquilizar a los acreedores internacionales que apoyaron la creación del CPT, en abril de 2024, asignándole la doble misión de restablecer la seguridad y la democracia en el país en un plazo de 22 meses.
El problema es que ya han pasado 18 meses sin que se haya hecho nada ni por un lado, ni por el otro. De tal manera que la ONU no oculta su escepticismo. «El tiempo pasa. Me preocupa la falta de una trayectoria clara hacia el restablecimiento de la gobernanza democrática», declaró el jefe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), el miércoles 22 de octubre, ante el Consejo de Seguridad.
Mientras circulan rumores sobre la prórroga del mandato del CPT o la renovación de un poder de transición no elegido, aumenta la presión internacional para que se cumpla la agenda. En particular, Estados Unidos, que abogó por la creación de una nueva Fuerza de Represión de las Pandillas en la ONU, sigue de cerca el avance del tema electoral, dando a entender que la financiación de esos contingentes no se produciría sin contrapartida.
«Ha llegado el momento de que el CPT y los demás miembros del Gobierno haitiano cumplan con su papel de presentar un plan preciso, acompañado de un calendario electoral para la transición política», declaró el embajador estadounidense en Puerto Príncipe, Henry T. Wooster, a principios de octubre, en vísperas de un viaje de Laurent Saint-Cyr a Washington.
Tres días después, el Consejo de Ministros haitiano anunciaba el abandono de un proyecto de nueva Constitución que el Gobierno aún pretendía adoptar por referéndum antes de atreverse a organizar las elecciones. El texto, que era visto por el campo progresista como un retroceso con respecto a la Constitución actual, nació muerto con la justificación de acelerar el calendario. Los cinco millones de dólares gastados en su elaboración no serán devueltos al pueblo. La atención se centra ahora integralmente en la supuesta renovación democrática del Poder Ejecutivo.
Un contexto adverso
Si bien el fracaso del proyecto de nueva Constitución fue recibido con alivio, hay varios factores que preocupan a las organizaciones y movimientos populares haitianos. El primero de ellos es la evidente falta de tiempo para llevar a cabo adecuadamente todas las etapas de un proceso electoral, más aún con una población que lleva casi 10 años sin poder ejercer su derecho al voto. Es necesario actualizar los centros de votación y los registros de votantes, sobre todo en lo que respecta a los 1.4 millones de refugiados internos que huyeron de sus hogares a causa de la violencia.
El segundo motivo de inquietud es la propia situación del país, asolado por bandas armadas que controlan las principales carreteras y siembran el terror en las regiones más pobladas. Elysée Luckner Vil, miembro de la coordinación del Movimiento Democrático Popular (Modep), comparte las dudas de muchos ciudadanos haitianos: «Los dos departamentos con más votantes del país, el Oeste y Artibonite, son los que más sufren la presión de las bandas. El Oeste es el corazón político, donde se encuentra la capital. ¡Imaginen qué tipo de elecciones se pueden organizar con los bandidos al mando!».
Hasta la fecha, la circulación por tierra entre las dos ciudades más grandes del país, Puerto Príncipe y Cabo Haitiano, depende del pago informal a hombres armados, cuando no es simplemente imposible. En este contexto, es difícil concebir la implementación de una campaña política que tenga credibilidad. Del mismo modo que es difícil apostar por que las poblaciones de los barrios dominados por pandillas puedan ejercer su derecho ciudadano con seguridad y libertad a la hora de acudir a las urnas.
«Como organización popular, no estamos en contra de las elecciones», explica Vil. «El problema es el momento y la forma de llevarlas a cabo, cuando no se respeta un conjunto de principios y normas para que la población vote con tranquilidad y elija al candidato que desea».
¿Quién se beneficia de elecciones antidemocráticas?
Desde principios de la década de 1990, Haití tiene un historial de denuncias de irregularidades electorales que ha tenido como consecuencia no solo la destrucción progresiva del Estado, sino también la pérdida de credibilidad del proceso democrático a los ojos de la población. En los últimos comicios presidenciales celebrados en el país, en noviembre de 2016, la participación ciudadana no superó el 21 %.
Queda por ver, entonces, hasta qué punto vale la pena forzar un proceso electoral caduco para mantener las apariencias de normalidad. En este sentido, la insistencia de EE.UU. y de las propias Naciones Unidas en mantener el plazo establecido, aun conociendo la situación del país y la falta de garantías democráticas, plantea una serie de interrogantes. La mayoría de las organizaciones populares contrarias a esta imposición de agenda consideran que estas elecciones solo servirían para poner una máscara de legitimidad sobre un Gobierno cómplice de intereses extranjeros.
«Desde el golpe contra Jean Bertrand Aristide (presidente derrocado en 1991), solo tenemos elecciones ficticias, en las que países como Estados Unidos o Francia manipulan el proceso de votación para poner en el poder a Gobiernos sumisos. Hoy en día, ocurre lo mismo: están obligando al CPT a organizar elecciones para continuar con ese mismo proyecto», lamenta Elysée Luckner. De hecho, independientemente de si se confía o no en las buenas intenciones de la administración Trump, el actual contexto de alta tensión en el mar Caribe y la posición central de Haití en este escenario dan motivos objetivos para temer una estrategia imperialista en la isla.
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