Santo Domingo (República Dominicana).- Seis organizaciones de izquierda afirmaron que de aprobarse el proyecto de Código Penal retomado por la Comisión Bicameral de la Asamblea Legislativa, se cometería una atrocidad y barbaridad, por ser ésta una iniciativa neofascista, que no solo aplasta los derechos de las mujeres, sino los de todo el pueblo dominicano.
Para el Partido Comunista del Trabajo (PCT), el Movimiento Caamañista (MC), Partido Patria para Todos y Todas (PPT), Movimiento Popular Dominicano (MPD), Fuerza de la Revolución (FR) y el Referente de la Izquierda Dominicana (RID), un Código así es peor que el vigente elaborado en el siglo antepasado.
Indicaron que los proyectos de Código Penal, paralizados y archivados después de las vistas públicas del año pasado y del repudio que «concitó el proyecto neofascista de Rogelio Genao, fueron recientemente retomados por la Comisión Bicameral para asumir una decisión rápida y definitiva que evidentemente favorece al proyecto repudiado».
“La orden de imponerlo a toda velocidad proviene de las alturas del poder. El único proyecto diferente y alternativo al del senador ultraconservador Rogelio Genao, es el del senador Antonio Taveras. Los otros son muy parecidos y en los hechos sus proponentes han declinado en favor del de Genao”, señalaron las organizaciones en un comunicado.
Las organizaciones de izquierda sostienen que el proyecto ha sido favorecido por los presidentes de ambas cámaras, «que siguen interviniendo y tutelando la Comisión Bicameral, por lo que ya descartaron el del senador Taveras y dejaron solo el de Genao, en el cual se pretende sacar del Código y remitir a leyes especiales importantes delitos que deben estar tipificados en el Código Penal, tales como narcotráfico, lavado de activos y trata de personas».
Sostienen que de igual manera, pretenden reducir las sanciones por corrupción, mantener jurisdicción militar para calificar de infracciones «estrictamente militares», con excepciones limitadas, lo que perpetua la impunidad de las agresiones a civiles y excluir del Código el delito del tráfico de influencias.
«También dejarán fuera la corrupción en los partidos políticos para no sancionarla, lo que contradice la Constitución de este régimen, van a exonerar a las iglesias de responsabilidad penal, violando el principio de igualdad ante la ley, evadiendo la separación entre Estado y religión, así como criminalizar la protesta social al equiparar resistencia pacífica con rebelión o insurrección, imponiendo penas de hasta 40 años, recortar más aun la libertad de expresión con penas de prisión por difamación e injuria», agregaron.
Además, se plantea eliminar en materia de feminicidio la consideración de homicidio agravado, y lo trata como delito autónomo, no como problema social, pretender sustituir el concepto “género” por el uso de “sexo” en diversos artículos, lo que implica inconsistencia en materia de protección contra discriminación basada en identidad de género.
“Reproducir patrones de desigualdad en materia de género al no tipificar crímenes de odio por orientación sexual e institucionalizar la discriminación contra grupos sociales específicos como la comunidad LGBTQ, al permitir que prestadores de servicios básicos se puedan negar a ofrecerlos, alegando “libertad de conciencia»”, cuestionan los grupos de izquierda.
Rechazaron no incluir la orientación sexual e identidad de género como motivos protegidos en las disposiciones sobre discriminación, ni como categorías específicas en potenciales delitos de odio, omisión que deja desprotegida a la comunidad LGBTQ+.
El PCT, MC, PPT, MPD, FR y el RID condenaron que en el proyecto de Código Penal se pretenda mantener la penalización absoluta del aborto, incluso en casos de violación, incesto o inviabilidad fetal y se proponga elevar las penas a la mujer y altas sanciones al personal médico.
Manifestaron que en «este Código fascista» se pretende criminalizar el uso de métodos anticonceptivos, al establecer que se penaliza a «quien, mediante alimentos, brebajes, medicamentos, sondeos, tratamientos o cualquier otro medio cause la interrupción del embarazo”.
Por otro lado, se consigna en el proyecto reducir penas en temas como violencia de género, al tiempo que se omite la violencia económica, y no hacen la debida distinción entre abuso sexual, pederastia y relaciones entre menores.
Las organizaciones de izquierda entienden que en la repudiada iniciativa se consagra permitir, en nombre de la disciplina, el castigo físico a menores y perpetuar la impunidad en la jurisdicción militar al reservar a tribunales militares los casos de violaciones de derechos humanos cometidos por militares contra civiles a tribunales castrenses.
Otra pretensión es incluir una definición restrictiva de la legítima defensa, con lo cual se impide proteger bienes patrimoniales, incluso ante invasiones de moradas, desbalanceando el principio de proporcionalidad.
“Este proyecto de Código penaliza severamente la inducción y cooperación al suicidio, sin excepciones para casos de enfermedad terminal o sufrimiento intolerable, limitando la autonomía personal”, puntualizaron las organizaciones.
Agregan que «este Código es peor, porque incorpora al rol coercitivo, opresor y depredador del Estado capitalista y la clase dominante-gobernante todas las ideas que alimentan la concepción neofascista: impunidad de las elites sociales, despotismo, machismo, racismo, dictadura contra niños y niñas, impunidad militar-policial de los dirigentes delincuentes de partidos y las iglesias».
