Santo Domingo (República Dominicana).- El Gobierno dominicano rechazó este viernes las acusaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que instó al Estado dominicano a erradicar la apatridia, al cumplirse 10 años de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional que afectó a descendientes de haitianos.
En un comunicado difundido por la Cancillería, el Gobierno dominicano dijo que toma nota de las observaciones y recomendaciones planteadas por la CIDH, y reiteró su compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos, independientemente de su nacionalidad.
Sin embargo, el Estado rechazó contundentemente las acusaciones de la CIDH que, según la nota, no presenta objetivamente la situación de la nacionalidad en el país; no contempla el contexto histórico y legal, ni los esfuerzos realizados por el gobierno para cumplir con la Ley 169-14, que busca armonizar la sentencia TC/0168/13 con las normas constitucionales y el derecho internacional de los derechos humanos.
«Hemos realizado importantes esfuerzos para resolver los problemas relacionados con la nacionalidad, los cuales han incluido la promulgación de la Ley 169-14 sobre Naturalización, que ha sido ampliamente respaldada por la sociedad dominicana», dijo.
La misma ha restituido el estatus jurídico anterior a 60,773 personas afectadas por la sentencia TC/0168/13 y se ordenó expedirle sus documentos como dominicanos.
De estos, solo 26,123 acudieron a retirar sus documentos, los restantes 34,110 no los han recogido, presumiblemente porque fallecieron, emigraron o ignoraron el amplio llamado del Gobierno dominicano en ese momento.
El Gobierno «está comprometido con la promoción de políticas y programas que fomenten la inclusión, la igualdad y no discriminación y el respeto a la diversidad étnica y racial de la sociedad dominicana», agregó la nota.
El Estado ha hecho ingentes esfuerzos por garantizar el acceso universal a la salud y a la educación de todos los habitantes en nuestro territorio. Tampoco existen políticas discriminatorias o segregadoras en el mercado de trabajo que dificulten el acceso al empleo de grupos particulares, según el comunicado.
«Reiteramos nuestro compromiso con el diálogo y la cooperación con la CIDH para abordar los desafíos relacionados con la nacionalidad en República Dominicana», concluyó la nota.
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