Santo Domingo (República Dominicana).- El Estado dominicano adquirió este jueves el 49% de las acciones del capital suscrito y pagado de Refinería Dominicana de Petróleo PDV, S. A. (REFIDOMSA), que eran propiedad de la sociedad PDV CARIBE, S. A., filial de Petróleos de Venezuela, S. A. (PDVSA), empresa estatal de Venezuela.
Mediante la operación el Estado se convierte en propietario del 100% de las acciones de la empresa.
Debido a las sanciones que el gobierno de los Estados Unidos impuso a partir del año 2015 a PDVSA y sus filiales, REFIDOMSA se ha visto desde entonces afectada en su acceso al crédito local e internacional y con limitaciones para utilizar los medios de pago bancarios, por lo que ha tenido que suspender o posponer proyectos de ampliación y renovación de la empresa. De igual forma, ha estado impedida de realizar las gestiones corporativas normales de sus órganos de dirección y administración.
Como consecuencia y ante la importante participación de REFIDOMSA en el mercado local de hidrocarburos, ha sido expreso el interés del Estado dominicano tomar acciones en beneficio de la empresa.
El precio de compra acordado por el Estado, o sea, la suma de €74.000.000, equivalente a US$88.134.000, es inferior al precio de venta que PDV CARIBE, S. A. pagó al Estado al momento de adquirirlas hace más de diez años.
La operación de adquisición a PDV CARIBE, S. A. se realizó, en una primera etapa, mediante una transacción de permuta de las acciones de REFIDOMSA a cambio de bonos emitidos por PDVSA y Venezuela entre PDVSA y la sociedad comercial PATSA, L.T.D. (una empresa del Grupo Rizek de la República Dominicana que actúo como facilitador de la transacción).
En la segunda etapa de la transacción, y de manera simultánea, el Estado dominicano procedió a la compra inmediata de las acciones que PATSA, L.T.D. compró a PDVSA, por el mismo precio acordado.
Al gobierno de Estados Unidos se le ha puesto en conocimiento de toda la estructura y documentación relativa a la operación y el mismo a su vez ha expresado no tener ninguna objeción a que se materialice la transacción.
La adquisición por parte del Estado dominicano se realizó bajo los parámetros éticos y de transparencia que caracterizan a la presente administración de gobierno, así como bajo el más estricto apego y cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales de la República Dominicana, informó la Presidencia.
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