San Juan (Puerto Rico).- El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, firmó este jueves la Orden Ejecutiva 2023-012 en la que declara que finalizó el Estado de Emergencia decretado desde principios del 2020 como consecuencia de la pandemia del Covid-19.
Sin embargo, el Departamento de Salud retendrá la facultad de emitir reglamentación, directrices, Órdenes Administrativas, cartas circulares, protocolos y recomendaciones para atender la enfermedad del coronavirus.
La Orden Ejecutiva va en acorde con la Resolución Conjunta de la Cámara 7 que firmó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la que también declara que culminó el periodo de emergencia de la pandemia. Lo mismo sucede con la determinación de la Organización Mundial Salud (OMS) la cual el pasado 5 de mayo informó que no califica al Covid-19 como una emergencia global.
“Al igual que el gobierno federal y la Organización Mundial de la Salud, en Puerto Rico las estadísticas demuestran una continuidad en la reducción de los contagios, hospitalizaciones y fallecimientos a causa del Covid-19. Así pues, es el momento de que el Gobierno de Puerto Rico tome acciones afirmativas para cambiar el enfoque ante el Covid-19 de una fase de emergencia a una de mitigación”, indicó Pierluisi en la Orden Ejecutiva en la que agradece a los funcionarios públicos y personal de la empresa privada que desde inicios de 2020 han trabajado en aras de proteger y garantizar la salud, seguridad y bienestar del pueblo.
Según establecido en la Orden todas las agencias y municipios deberán desactivar cualquier procedimiento especial puesto en vigor para responder a lo que fue el Estado de Emergencia.
A esos efectos, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y el Departamento de Hacienda velarán para que este ejercicio se haga responsablemente y en cumplimiento con cualquier requisito o proceso aplicable y podrán requerir aquellos informes y establecer aquellos controles presupuestarios que estimen necesarios para descargar esta responsabilidad.
La Orden Ejecutiva deja sin efecto varios boletines administrativos emitidos con este propósito desde el 2020 al presente.
De otra parte, el gobernador Pierluisi también firmó el Proyecto de Administración 28 que viabiliza la Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores. De esta forma, el Gobierno cumple con los estatutos de la ley federal Family First Prevention Services Act (Family First).
La nueva ley se presentó para cumplir con el propósito de Family First que es permitir que los estados utilicen los fondos federales disponibles del Seguro Social para apoyar a los menores de edad y a las familias, a través de una gama de servicios de prevención colocando como última opción la ubicación en hogares sustitutos.
“Con la firma de esta ley cumplimos con las disposiciones federales y aseguramos que el Departamento de la Familia pueda acceder a fondos federales destinados para la prevención del maltrato y para salvaguardar el bienestar de nuestra niñez. Además, promovemos, como primera alternativa, un enfoque en la unidad familiar, siempre y cuando sea un ambiente seguro para los menores de edad”, dijo el gobernador.
Agregó que en su administración es “una prioridad que podamos destinar los recursos necesarios para prevenir el maltrato y la negligencia contra nuestros menores, de manera que puedan estar en un ambiente seguro en el que tengan los cuidados y el amor que todos merecen”.
Tras favorecer la nueva ley que busca atemperar las prácticas administrativas y judiciales en todo proceso de protección de menores con adelantos recientes en las ciencias del desarrollo humano, la secretaria interina del Departamento de la Familia, Ciení Rodríguez Troche, expresó que con la firma de este Proyecto se inicia el proceso de transformación del sistema de bienestar infantil.
“Ahora podremos expandir nuestro modelo preventivo para ofrecer más y nuevos servicios a nuestras familias. Esto incluye servicios en áreas de tratamiento de salud mental y abuso de substancias, destrezas de crianza y acompañamiento, entre otros, que actualmente no forman parte de nuestros ofrecimientos”, comentó Rodríguez Troche.
La ley firmada por el gobernador cambia el paradigma del sistema de protección de menores para enfocarse en la prevención del maltrato y la prestación de servicios de preservación familiar. Por lo tanto, todo proceso de remoción deberá centrarse en proveer acceso a servicios y programas a la familia para lograr la más pronta reunificación con el menor.
Además, aumenta la gama de candidatos que pueden ser considerados como “recurso familiar” para fines de la ubicación de un menor en cuidado sustituto e incluye protecciones a los menores que no tengan estatus migratorio de residente permanente.
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