San Juan (Puerto Rico).- El gobernador Pedro Pierluisi, emitió este martes una Declaración de Emergencia y ordenó al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a ejecutar un plan de acción puntual con el apoyo de agencias estatales y federales, con el objetivo de establecer medidas adicionales para mitigar el impacto de la erosión costera en el país.
Además de emitir la Orden Ejecutiva (OE) 2023-009, Pierluisi anunció la asignación 5 millones de dólares del Plan de Rescate Americano (ARPA, por sus siglas en inglés); y el Departamento de la Vivienda asignará 100 millones del Programa de Mitigación en la Infraestructura del Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario-Mitigación (CDBG-MIT).
«Esta Orden reitera que será la política pública de nuestro gobierno la mayor protección, conservación y uso sostenible de la zona costanera y todos sus recursos naturales, logrando un balance adecuado entre el desarrollo público y privado de la zona costanera y el manejo y protección de los recursos costeros. Al mismo tiempo, la orden establece como prioridad la investigación científica, la participación ciudadana y la asistencia a comunidades costeras para controlar la contaminación e implantar medidas urgentes que atiendan las vulnerabilidades de la costa y promuevan la resiliencia y sostenibilidad», dijo el gobernador.
En el 2021 el mandatario puertorriqueño declaró una emergencia ecológica por la enfermedad de pérdida de tejido de coral duro y acogió múltiples cursos de acción solicitados al Comité de Expertos de Cambio Climático.
En la Orden, con la que busca implementar medidas concretas de prevención, mitigación, adaptación y resiliencia ante el aumento en el nivel del mar y la erosión costera, el gobernador declaró y ordenó que los permisos, endosos, consultas o certificaciones relacionados a las medidas autorizadas y ordenadas se tramitarán de conformidad con las disposiciones de la Ley de Procedimiento para situaciones o Eventos de Emergencia firmada en el año 2000.
También, según lo dispuesto en la OE-2023-003 en la que declaró la continuidad de la emergencia en la infraestructura por los daños causados por los huracanes Irma, María y Fiona así como por los terremotos de 2020.
Por su parte, la secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez Vega, manifestó que la Declaración de Emergencia «evidencia una vez más el compromiso y proactividad de esta Administración para mitigar las consecuencias del calentamiento global y su preocupación por los recursos naturales. La Orden Ejecutiva no sólo provee una guía de medidas posibles de prevención, mitigación, adaptación y resiliencia para implantar, sino que destina, como nunca antes, los fondos necesarios y establece la política pública específica sobre el problema».
Rodríguez Vega indicó que también ordena el manejo interagencial para hacerle frente, así como otra serie de medidas entre las que se destacan la remoción de instalaciones en ruinas y/o abandonadas en la zona costera y un comité que le dará dirección a esas acciones.
«Estamos complacidos con esta Orden Ejecutiva y con la política pública de identificar el problema y ejecutar su solución», agregó.
Asimismo, el secretario del Departamento de la Vivienda, William Rodríguez Rodríguez, comentó que «parte de los propósitos de los fondos de recuperación es atender necesidades que puedan agravarse en un futuro. Con esto en mente y siguiendo la política pública por el gobernador es que se hace la inversión estratégica de estos $100 millones de fondos de mitigación para atender una necesidad clara de evitar más pérdidas y daños en las zonas de mayor riesgo, que ya han visto la erosión significativa de sus litorales con cada ciclón o tormenta que ha impactado nuestra isla».
Puerto Rico cuenta con cerca de 1,121 kilómetros de línea costera, lo cual incluye playas, acantilados y rocas, vegetación, costa aluvial y antropogénica. De esa franja costera, cerca del 37 por ciento son playas y recorre 44 municipios.
Además, una investigación realizada por el Instituto de Investigación y Planificación Costera de Puerto Rico (CoRePi-PR) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), señala que aproximadamente 99 kilómetros de línea de costa («shoreline») migraron tierra adentro en los pasados años.
A través de la Orden Ejecutiva se ordena al DRNA, en colaboración con los municipios, la Junta de Planificación (JP) y otras entidades públicas, privadas y sin fines de lucro, así como la academia, a realizar un inventario de las propiedades no habitadas y estructuras abandonadas o en ruinas en la zona costanera conforme a los recursos fiscales asignados y hasta donde estos sean suficientes.
También, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, mediante un Acuerdo de Entendimiento, deberá junto a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) evaluar e implementar medidas de prevención, mitigación, adaptación y resiliencia para enfrentar la erosión costera y sus efectos.
Comentarios sobre post