San Juan (Puerto Rico).- El gobernador Pedro Pierluisi convirtió en ley 10 medidas legislativas, incluido el Proyecto del Senado 293, que establece la «Ley de Política Pública para Combatir la Pobreza Infantil y la Desigualdad Social» en Puerto Rico, y crea una comisión multisectorial adscrita al Departamento de la Familia.
Al firmar el proyecto, Pierluisi estableció la política pública del gobierno para desarrollar y establecer las estrategias necesarias para reducir en un 50 por ciento la tasa de pobreza infantil y desigualdad social para el 2032.
En ese sentido,, el gobierno central y sus instrumentalidades, así como los municipios y las ramas Legislativa y Judicial, deberán diseñar políticas específicas dirigidas a la educación, seguridad económica, tributación, economía, acceso a la salud, seguridad alimentaria, entre otras.
«La desigualdad y la pobreza es un mal social que nos toca combatir a todos, y es aún más latente cuando se trata de pobreza infantil. Ningún niño o niña debe sufrir necesidades físicas, sociales y emocionales como consecuencia de vivir bajo los estándares de pobreza», expresó Pierluisi.
El gobernador indicó que siempre ha procurado dar paso a medidas e iniciativas a nivel estatal y federal que aporten a la niñez y sus familias, «pues como gobierno debemos asegurarnos que nuestros menores tengan las herramientas necesarias que les permitan tener un crecimiento saludable y productivo».
A principios de año el mandatario firmó una Orden Ejecutiva para crear la Comisión contra la Pobreza Infantil, y además asignó fondos para un programa piloto contra la pobreza, luchó para que se aumentara el Crédito por Trabajo y Crédito por menor dependiente, lo que tendrá gran impacto en la vida de los menores.
La Comisión que crea la ley estará integrada por 17 personas, incluyendo varios secretarios y directores de las agencias del Ejecutivo, entidades sin fines de lucro y tres líderes comunitarios. Entre sus funciones están: desarrollar, diseñar y ejecutar planes y estrategias a corto y largo plazo, así como asesorar al gobernador y a la Asamblea Legislativa sobre todos los aspectos relacionados a la pobreza infantil y la desigualdad social.
Al cumplirse 90 días a partir de la aprobación de esta ley, la Comisión tendrá que presentar al gobernador Pierluisi, así como a la Asamblea Legislativa, un informe sobre los trabajos realizados hasta ese momento incluyendo un plan de trabajo detallado.
Otra de las piezas legislativas convertidas en ley por el gobernador es el Proyecto de la Cámara 612, una propuesta de Administración para fiscalizar a través de la Oficina del Procurador del Paciente (OPP) a las aseguradoras que sirven a los pacientes del Plan de Salud del Gobierno y de esta forma hacer valer fielmente la Carta de Derechos del Paciente.
A través del Proyecto se determinó que la Administración de Seguros de Salud (ASES) y la OPP desarrollarán, en el caso de las querellas con el Plan de Salud del Gobierno, un sistema de quejas-querellas y apelaciones de conformidad con la reglamentación federal.
De igual forma, dispone que toda aseguradora, plan de cuidado de salud, profesional de la salud, administrador, administrador de farmacia o proveedor de servicios de salud médico-hospitalarias o persona que incumpla con cualquiera de las disposiciones de ley, incurrirá en una falta administrativa y será sancionada con hasta un máximo de 20 mil dólares por cada infracción. A esto se suma que toda persona que impida y obstruya las labores del personal de la OPP o someta información falsa, incurrirá en delito menos grave.
Comentarios sobre post