San Juan (Puerto Rico).- El gobernador Pedro Pierluisi anunció este sábado que el Gobierno de Puerto Rico y la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF) sometieron la estipulación para la puesta en funcionamiento parcial de la Ley 80-2020 «Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros Servidores Públicos», para cerca de 1.240 empleados públicos de las leyes 1 y 447, cuyas plazas de empleo fueron catalogadas como no esenciales por sus patronos.
Los sobre 1.200 empleados elegibles podrán retirarse con un 50 por ciento de su retribución anual más alta de los últimos 3 años al momento de acogerse. Además de su pensión vitalicia, recibirán 100 de aportación para el plan médico hasta cumplir los 62 años, más pago de sus vacaciones acumuladas.
El plan de trabajo tiene como meta que la salida de estos empleados será para mediados del primer semestre de 2024. En las próximas semanas, tanto los empleados elegibles como las entidades gubernamentales recibirán instrucciones sobre cómo proceder durante el periodo de la puesta en marcha de la disposición.
Pierluisi, junto al director ejecutivo de la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico, Luis Collazo Rodríguez, comunicó que su compromiso con todos los empleados públicos y pensionados es inquebrantable.
«Tras lograr un acuerdo con la Junta, hoy podemos anunciar que el Programa de Retiro Incentivado es una realidad y que los empleados elegibles no esenciales de las leyes 1-1990 y 447-1951 se podrán retirar con una pensión vitalicia de un 50 por ciento, a la vez logramos ahorros significativos para el Gobierno. Una vez más cumplimos nuestro compromiso al demostrar la viabilidad de la implementación parcial de la Ley para que nuestros servidores públicos tengan un retiro digno tras dar los mejores años de su vida al servicio del pueblo de Puerto Rico», expresó el gobernador.
Por su parte, Collazo Rodríguez, director ejecutivo de la Junta de Retiro, explicó que «el acuerdo plasmado en la estipulación radicada requiere la aprobación final del Tribunal del Título III para proceder con los procedimientos ulteriores de implementación. Una vez aprobado, se procederá con los cambios operacionales, presupuestarios y administrativos necesarios para poner en vigor el acuerdo del Retiro Incentivado».
Previo al acuerdo, las agencias afirmaron y certificaron que la eliminación de los puestos no esenciales no tendría impacto adverso en los servicios al pueblo y que los mismos no serán reemplazados, recreados o reestructurados en un futuro, ya que de esta forma es que se garantizan los ahorros proyectados.
«Es una gran noticia y agradecemos a todos los partes por trabajar en la dirección de lograr un acuerdo beneficioso para estos empleados. Luego de años luchando por la puesta en vigor de la ley tras su anulación en el 2021, sobre 1.200 empleados pertenecientes a 57 agencias y corporaciones públicas ya se podrán retirar. Este acuerdo requirió un proceso de evaluación exhaustivo y detallado para viabilizar el retiro de cada uno de estos servidores públicos que cualificaron para el retiro incentivado», dijo Collazo Rodríguez.
Destacó que próximamente, «los empleados elegibles tendrán que completar su solicitud de pensión ante el Coordinador de Retiro de sus respectivas agencias, junto a los documentos y trámites requeridos que serán establecidos en la Carta Circular que se emitirá tan pronto el Tribunal avale el acuerdo entre las partes. De igual forma, la Carta Circular establecerá la fecha cierta de salida de estos empleados públicos».
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