Santo Domingo (República Dominicana).- La magistrada Miriam Germán Brito levantó un acta en la que deja constancia de su inhibición para conocer el proceso puesto en marcha por los órganos de persecución contra el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, a quien le imputan actos de corrupción, en interés de evitar malas interpretaciones
German Brito empezó, de esta forma, a tramitar su inhibición para el caso que se deriva de la «Operación Medusa”, la cual deberá ser conocida por el Consejo Superior del Ministerio Público.
“Por este medio hago formal inhibición a conocer cualquier investigación que involucre al señor Jean Alain Rodríguez”, planteó la procuradora general de la República.
Agregó que su decisión busca que acciones que tuvo el exprocurador Rodríguez en el pasado respecto a su persona “no den lugar a que se quiera atribuir alguna malquerencia o predisposición” contra el imputado, “razones más que suficientes para sustentar mi inhibición”.
Germán Brito planteó que cualquier medida interna que deba ser manejada para el control de las actuaciones de la Procuraduría Especializada a cargo de la investigación corresponderá a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
Afirmó que esa función reposará en la Dirección General de Persecución, por ser el órgano que coordina y supervisa a las procuradurías especializadas del Ministerio Público, conforme al artículo 53 de su ley orgánica.
Eventualmente, cualquier asunto relativo al caso en el que Germán Brito se inhibe deberá ser conocido por el primer sustituto de la Procuradora General, designado conforme al artículo 30.2 de la Ley 133-11, del 9 de junio de 2011.
El acta de inhibición está fechada este martes 29 de junio de 2021 y, además de la procuradora general Germán Brito, la firma la secretaria general del Ministerio Público, Gladys Sánchez Richiez.
El documento cita el artículo 90 del Código Procesal Penal, así como el 82 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.
El exprocurador Rodríguez fue arrestado este martes y luego trasladado esposado a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia en Ciudad Nueva.
El Ministerio Público informó este martes que pedirá medida de coerción contra el exprocurador, arrestado junto a un grupo de funcionarios y colaboradores de su gestión bajo cargos de corrupción, asociación de malhechores, lavado de activos y otros.
Rodríguez había acudido a la Procuraduría General de la República, para indagar y enfrentar las acusaciones que pesaban en su contra, luego de que el pasado jueves se le impidió abordar un vuelo con destino a Estados Unidos, y horas después del arresto de varios funcionarios vinculados con su administración.
La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) informó que a Rodríguez le imputan haber emitido de manera “ilegal” un cheque por 34 millones de pesos desde la cuenta de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y financiamiento del Terrorismo.
De acuerdo a la Pepca, el exprocurador general de la República presuntamente se coalicionó junto a los funcionarios de la Procuraduría, Jonnathan Joel Rodríguez Imbert y Alejandro Martin Rosa Llanes, director de la Unidad de custodia y administración de bienes incautados del Ministerio Público, para emitir de manera ilegal el cheque por RD$34.522.364.30.
En la solicitud de allanamiento y arresto que la PEPCA hizo al Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, señala que el cheque, fechado el 13 de agosto de 2020, figura a favor de Fie Control Systems, SRL, bajo el supuesto de reembolso de gastos por penalidad incurrido por esa empresa en la remodelación, terminación y costos asociados de un inmueble ubicado en el sector Bella Vista.
Agrega que para la emisión del cheque “incurrieron en las maniobras fraudulentas siguientes: alteración, supresión y suplantación del contrato original de acuerdo de custodia y ocupación de bien inmueble, de fecha 31 de octubre de 2019».
Mientras, la Pepca le imputa al exdirector técnico de la Procuraduría, Rafael Canó Sacco, y al exdirector general administrativo, Jonnathan Rodríguez Imbert, sacar provecho económico del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario.
“Canó Sacco, prevaleciéndose de su posición de jefe de gabinete, benefició a través de la empresa Soluciones Integradas Mazur Báez , EIRL, a su socio Daniel Elías Manzur Báez, mediante órdenes de compra por varios millones de pesos que fueron emitidas por la Procuraduría General de la República Dominicana, configurándose una estafa agravada, según el interrogatorio a la ciudadana Rainery Elizabeth Medina Sánchez en el cual esta afirmó al Ministerio Público que Soluciones Manzur no prestó ningún servicio, pero cobró aproximadamente RD$50,000,000 y que a ella le hicieron repetir la solicitud de pago como cuatro o cinco veces porque ellos siempre querían algo diferente”, indica la Pepca.
El Ministerio Público sostiene que Rafael Canó y Rodríguez Imbert tenían incidencia directa con relación al manejo irregular para la escogencia de las empresas que ganaban licitaciones, teniendo la función Rafael Mercedes Marte, quien era encargado del Departamento de Contabilidad, de calcular y recoger cantidades de dinero en efectivo, que eran llevados en bultos a su oficina y luego entregados al director general Administrativo de la Procuraduría.
Por otra parte, más temprano y previo a su arresto, el exprocurador de la República Dominicana, Jean Alain Rodríguez, atribuyó las acciones de la Procuraduría en su contra, a una persecución motivada por el odio y la venganza.
Rodríguez declaró que “es comprobado que luego del incidente del jueves y ante la exposición de esas prácticas violadoras del debido proceso, fueron obtenidas ordenes en el día de ayer, lo que comprueba que esto no es más que una persecución motivada por el odio y la venganza”.
“Tanto la madre de Rafael Cano, quien se desempeñó como jefe de gabinete de PGR, fue allanada al igual que mi madre quien vive en Alemania en la casa que nos vio nacer a todos. Si esto no es una persecución, díganme lo que es. Nos vemos hoy martes en la PGR”, escribió el exprocurador en su cuenta de Twitter.
El lunes Rodríguez también escribió: “Promueven sentencias generando percepción negativa en las redes sociales. Nos asesinan, nos acreditan fugas del país y nos condenan a prisión sin expedientes o acusaciones. ¿Es así que queremos que actúen las autoridades? Hoy soy yo, mañana puedes ser tú. Buscan callarme, a través de allanamientos, para seguir disimulando la falta de respeto al debido proceso”.
Además dijo que a raíz del incidente ocurrido el pasado jueves en el aeropuerto internacional Las Américas José Francisco Peña Gómez, cuando se le prohibió salir del país con destino a Estados Unidos, estaba a disposición de las autoridades.
Este martes el Ministerio Público informó el arresto, por corrupción y otros delitos, de Miguel José de Moya, quien se desempeñó como asesor de la Procuraduría General de la República en la gestión de Jean Alain Rodríguez.
Dijo que como parte de la “Operación Medusa” puesta en marcha este pasado lunes, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con apoyo de la Dirección General de Persecución, también arrestó, a Rafael Antonio Mercede Marte, quien se desempeñó como encargado del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General.
Asimismo, fueron arrestados Altagracia Guillén Calzado, quien se desempeñó como subdirectora administrativa de la Procuraduría General, y Javier Alejandro Forteza Ibarra, quien ocupó la posición de director de Tecnología de la Información de la institución.
La “Operación Medusa”, dirigida por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca, incluyó el lunes al menos 38 allanamientos en el Distrito Nacional, La Vega y La Romana.
El Ministerio Público informó que el exprocurador Jean Alain Rodríguez, Rafael Canó, Jonathan Rodríguez, Miguel José de Moya, Rafael Antonio Mercede Marte, Altagracia Guillén Calzado y Javier Alejandro Forteza, entre otras personas, son imputados de delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delitos electrónicos y lavado de activos.
El Ministerio Público indicó que desarrolla desde hace varios meses un proceso de investigación, en el que ha realizado múltiples diligencias indagatorias sobre las acciones ilícitas de ese grupo.
Los imputados arrestados fueron trasladados en la madrugada de este martes a la cárcel preventiva ubicada en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
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