Santo Domingo (República Dominicana).- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) solicitó a la Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCP), la anulación del pliego de condiciones de la licitación INTRANT-CCC-LPN-2025-001, sobre la gestión y manejo de la licencia de conducir, por vulnerar derechos y principios establecidos en la Constitución en la Ley número340-06, y el reglamento número 423-16, (sobre compras y contrataciones públicas).
La FJT advierte que el pliego establece requisitos desproporcionados y contradictorios, como lo es exigir una facturación mínima anual de cinco años, mientras que los estados financieros requeridos corresponden a apenas tres años. «Esta incongruencia no solo genera incertidumbre jurídica, sino que podría excluir injustamente a potenciales oferentes».
Dijo que resulta preocupante la obligación planteada en el pliego para los oferentes, al establecer consorcio con los fabricantes de los printers, impresoras, plásticos, etc, por lo que entiende esto prácticamente es una imposición, ya que si los oferentes no presentan certificado de acuerdo con los fabricantes de tarjetas de policarbonato y fabricantes de impresoras láser, perderían en cada caso cinco puntos.
El vicepresidente ejecutivo de la FJT, Máximo Calzado Reyes, manifestó que la previsión sobre la conformación de consorcio con los fabricantes «constituye una vulneración flagrante a los principios de razonabilidad, de igualdad, principio de participación, y los derechos de libertad de empresa y libre competencia, ya que la eventual pérdida de diez puntos, constituiría una evidente limitación a las oportunidades de algunos oferentes que no cumplan con esta irracional condición».
Calzado Reyes solicita a la DGCP realizar una suspensión y revisión profunda y minuciosa del pliego de condiciones, para evitar que algunos de los oferentes que estén interesados en participar en este proceso de licitación, vean mermadas sus posibilidades reales de participar en igualdad de condiciones en el indicado proceso.
Asimismo, la FJT recordó que el 10 junio 2025, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), junto a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), dejó formalmente instalada la Comisión de Veeduría de la Sociedad Civil, que tendrá la responsabilidad de supervisar de forma activa y transparente el proceso de licitación pública nacional INTRANT-CCC-LPN-2025-0001, «sobre cuyos miembros llamamos la atención para que puedan ponderar las legítimas preocupaciones planteadas por la FJT, máxime en un contrato que involucre la astronómica y millonaria suma de RD$8,175 millones».
La Fundación Justicia y Transparencia indicó que espera que la DGCP tome en consideración los aspectos planteados, y a dejar sin efectos el «leonino y tendenciado pliego, de lo contrario estaríamos frente a un proceso que, lejos de fomentar la transparencia y la pluralidad, favorece la concentración de oportunidades en unos pocos, cerrando las puertas a la competencia real».
«De igual manera destacamos que desde la Fundación Justicia y Transparencia, estaremos vigilantes y prestos para acudir a cualquier instancia, social, administrativa o judicial, en el interés de garantizar que este trascendente proceso se realice con la mayor transparencia, pluralidad y participación, por tratarse de una licitación en la que incluso mediante acto de alguacil hemos sido informado por algunos de los oferentes sobre todas las atinadas preocupaciones que hoy presentamos», agregó.
