Santo Domingo (República Dominicana).- La Fiscalía del Distrito Nacional, encabezada por la fiscal titular Rosalba Ramos, y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), interrogaron a Maira Martínez de la Rosa, exencargada del Departamento de Compras, y a Elena Rosario, encargada del Departamento de Administración del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), por presuntas irregularidades en un proceso de licitación para adquirir kits de alimentos.
El Ministerio Público indicó que luego de ser citadas, las interrogadas comparecieron para rendir sus declaraciones y responder los cuestionamientos de la Fiscalía del Distrito Nacional y la PEPCA con relación a la denuncia de irregularidades en el proceso de contratación INAIPI-MAE-PEUR-2020-0002.
El empresario Pablo Cabrera, director de la compañía La Z, S.R.L., denunció a través de un programa de televisión presuntos actos de corrupción en el proceso de licitación. A raíz de la denuncia, el pasado 17 de abril, el Ministerio Público recibió sus declaraciones.
Durante sus declaraciones, Martínez de la Rosa desmintió a Cabrera, al afirmar que no se había reunido con éste y que nunca le había pedido nada, como argumentó el empresario de que la exencargada del Departamento de Compras del INAIPI le pidió el 30% de un proceso de licitación de 100 millones de pesos.
El Ministerio Público explicó que sigue recabando datos sobre el proceso y que en los próximos días continuará los interrogatorios a otros miembros de la comisión de licitación y colaboradores del INAIPI, como parte de la investigación que tiene el propósito de determinar la existencia o no de hechos violatorios a las leyes en este caso.
Señaló que luego de que el procurador general de la República, Jean Rodríguez, apoderó del caso a la Fiscalía del Distrito Nacional y la PEPCA, éstos órganos del Ministerio Público iniciaron de inmediato las investigaciones, a fin de obtener las evidencias que permitan establecer si en el proceso de licitación existen responsabilidades administrativas o penales para proceder con las medidas que correspondan.
Reiteró que de comprobarse las irregularidades en los hechos denunciados, las cuales constituirían una violación a la Ley número 340-06 de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, los funcionarios involucrados podrían enfrentar sanciones penales, en adición a la cancelación de sus cargos.
Asimismo, reiteró su compromiso de hacer todo lo que corresponda para verificar la comisión de hechos penales y de confirmarlos, actuará conforme lo establecen las leyes de rigor.
El Ministerio Público indicó que en el transcurso de las investigaciones han sido entrevistados el empresario Pablo Cabrera, y los funcionarios y exfuncionarios del INAIPI; Juan López, destituido subdirector de Gestión Institucional; Eduardo Suero Poche, encargado del Departamento de Abastecimiento y Suministro; Maira Martínez de la Rosa, exencargada del Departamento de Compras, y Elena Rosario, encargada del Departamento de Administración.
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