Santo Domingo (República Dominicana).- La Fiscalía del Distrito Judicial de La Vega, solicitó al juez de la Ejecución de la Pena, la revocación de la suspensión condicional de la condena de tres años de prisión impuesta por narcotráfico y violación a la ley de armas a Daniel Abreu por incumplimiento de la sentencia condenatoria y reincidencia en delitos graves.
Los nuevos hechos que le imputan a Abreu constituyen violaciones a la Ley número 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas y la Ley número 631-16 sobre Armas de Fuego, y demuestran una conducta reincidente que refleja un total irrespeto y desafío a las decisiones de los tribunales.
El Ministerio Público recordó que el imputado fue condenado mediante la sentencia número 970-2023-SSEN-00108 a tres años de reclusión, pena que fue suspendida bajo condiciones, entre ellas, el pago de una multa equivalente a 25 salarios mínimos del sector público y realizar trabajos comunitarios, la cual no fue cumplida por Abreu.
Además del incumplimiento de dicha obligación, Abreu fue apresado el 11 de abril de 2025 por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), tras ser sorprendido en posesión de sustancias controladas y un arma de fuego sin documentos.
Sin embargo, el imputado logró fugarse del destacamento policial del municipio de Jarabacoa, evadiendo la acción de la justicia. Posteriormente, fue capturado el pasado 9 de julio, imponiéndole la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Jarabacoa medida de coerción, consistente en tres meses de prisión preventiva.
La Fiscalía ha fundamentado su solicitud en lo dispuesto por el artículo 341 del Código Procesal Penal, que faculta al juez de la Ejecución de la Pena a ordenar la revocación de la suspensión condicional de la pena en caso de incumplimiento o nueva infracción penal.
En consecuencia, ha requerido que se ejecute la pena de prisión impuesta por el tribunal a ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) El Pinito.
El Ministerio Público reiteró su compromiso con el cumplimiento efectivo de las sentencias y con la protección de la seguridad ciudadana frente a quienes, tras recibir una segunda oportunidad procesal, optan por reincidir en el delito y burlar la autoridad judicial.
