Santo Domingo (República Dominicana).- El destituido subdirector de Gestión Institucional del Instituto Nacional de Asistencia Integral Para la Primera Infancia (INAIPI), Juan López, fue interrogado este lunes con relación a las presuntas irregularidades en el proceso de licitación convocado por esa dependencia del Estado para adquirir kits de alimentos.
El interrogatorio a López lo encabezaron la procuradora fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), informó en un comunicado el Ministerio Público.
Dijo que López, quien además fungía como presidente de la Comisión de Compras del INAIPI, durante varias horas respondió preguntas respecto al proceso de contratación INAIPI-MAE-PEUR-2020-0002, que hizo esa institución del Estado.
Agregó que López, acompañado de su abogado, ofreció detalles sobre las razones que motivaron la convocatoria de la licitación, así como de su posterior cancelación y afirmó que en un principio estuvo opuesto al proceso de licitación debido a que el INAIPI no estaba incluido en el Decreto de Emergencia.
El Ministerio Público adelantó que en los próximos días seguirán los interrogatorios a otros miembros de la comisión de licitación en el marco de la investigación del caso en el que se busca determinar la existencia o no de hechos violatorios de las leyes en el proceso de contratación llevado a cabo por el INAIPI.
El empresario Pablo Cabrera, director de la compañía La Z, S.R.L., denunció a través de un programa de televisión, presuntos actos de corrupción en el proceso de licitación, lo que inició la investigación del Ministerio Público.
Después de la denuncia, el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, apoderó del caso a la Fiscalía del Distrito Nacional y a la PEPCA, órganos del Ministerio Público que iniciaron de inmediato las investigaciones a fin de obtener las evidencias que permitan establecer si en ese proceso de licitación existen responsabilidades administrativas o penales para proceder con las medidas que correspondan.
Señaló que de comprobarse las irregularidades en los hechos denunciados, las cuales constituirían una violación a la Ley número 340-06 de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, los funcionarios involucrados podrían enfrentar sanciones penales, en adición a la cancelación de sus cargos.
El Ministerio Público reiteró su compromiso de perseguir a aquellos que transgredan las leyes e incurran en actos de corrupción, procurando que los detractores de la ley reciban las sanciones que establecen las normas sin ningún tipo de distinción.
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