Santo Domingo (República Dominicana).- El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán, advirtió que no hay garantías de que la Junta Central Electoral (JCE) someta al orden a los partidos políticos porque carece de instrumentos que garanticen un sistema de sanción ante cualquier violación a las normas electorales.
Castaños Guzmán señaló que las sanciones que conllevan las violaciones actuales son de carácter administrativos y de poco alcance, por lo que entiende que la JCE tendrá que contar con la buena fe de los líderes de los partidos políticos hasta tanto se aprueben las reformas a las leyes de Partidos, Movimientos y Agrupaciones Políticas y la Orgánica del Régimen Electoral es el Congreso Nacional.
«Nosotros como Fundación, estamos muy preocupados, pero muy preocupados, porque las actuales leyes no garantizan o no le garantizan a la Junta Central Electoral someter al orden a los partidos políticos», adujo el vicepresidente ejecutivo de la FINJUS entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos por RNN Canal 27.
El representante de la sociedad civil sostuvo que por el bienestar del sistema político, el Congreso debe aprobar esas reformas y destacó que de una manera inteligente, sensata y oportuna, la JCE convocó la semana pasada a todas las fuerzas políticas a los fines de firmar un pacto.
«Quiera Dios que los partidos políticos lo cumplan, porque a fin de cuentas, todos estos procesos están reflejando que el órgano rector, desde el punto de vista de lo que es, por ejemplo, poder someter al orden al sistema político, evidentemente de que no cuenta con las herramientas necesarias y desde el punto de vista operativo para poder realizar esa función», argumento.
Castaños Guzmán manifestó que el escenario institucional para modificar las leyes sobre Partidos, Movimientos y Agrupaciones Políticas y la Orgánica del Régimen Electoral es el Congreso Nacional y estimó conveniente que los líderes de los partidos políticos representados en el Congreso, el presidente del Consejo Económico y Social y la JCE, se sienten en una mesa a discutir el tema.
Sostuvo que no todos los que representan a los partidos políticos en el Congreso participaron en los debates sobre las reformas a esas normativas, organizados por el CES.
Igualmente, el vicepresidente ejecutivo de la FINJUS estimó que no cree que sea conveniente tocar, con fines de ser modificada, la Constitución de la República, porque lo que se debe hacer es darle tiempo a la norma vigente y aprobar las leyes emanada de su mandato.
«Ahora bien, si eso se da (la reforma constitucional) puedes estar seguro que la FINJUS va a ser parte de ese proceso», adujo Castaños Guzmán, que insistió que para que un proceso de reforma constitucional sea exitoso y legítimo, debe ser fruto de un pacto político, de uno social y otro jurídico.
«Si no se da uno solo de esos elementos, cualquier reforma constitucional está condenada al fracaso», agregó.
«La democracia no se construye modificando constituciones, es fortaleciendo sus instituciones, honestamente hablando yo pienso que nosotros lo que debiéramos es esperar, darle tiempo a la Constitución del 2010», significó.
Planteó que muchas de las leyes que la Carta Magna mandó a que se aprobaran en el Congreso no se han aprobado. «Por ejemplo, la iniciativa popular legislativa; esa ley no se ha aprobado, ni el referéndum, es decir, nosotros ni siquiera hemos podido implementar a cabalidad el texto constitucional».
De otra parte, el vicepresidente ejecutivo de la FINJUS afirmó que el grupo de trabajo que coordinó para la reforma policial cumplió con su papel haciendo su aporte, cuyo modelo ha sido avalado por las Naciones Unidas para ser replicado en otros países.
Sostuvo que el Comisionado para la Reforma Policial, José Pepe Vila del Castillo, sostiene que la gente no se puede imaginar la cantidad de cosas que se han tenido que desmontar de la Policía.
«Como por ejemplo, ahí ya no se paga por hacer un traslado, ahí no se paga para ascender a un miembro de esa institución, al policía que se le acaban sus botas, él no tiene que comprarla», adujo al señalar que si se le deteriora el uniforme un miembro de la institución, entre otras cosas, ya no tiene que comprarlo.
Manifestó que los policías cuentan con el mismo seguro que tiene el ministro de Interior y Policía y se ha firmado un acuerdo con las 52 universidades del país para que los hijos de éstos y sus esposas estudien, y se está tecnificando la uniformada y se reformuló todo el programa de formación, donde los miembros durarán un año estudiando.
Castaños Guzmán aseguró que el proceso de reforma inició y tiene la ventaja de que está en la agenda del presidente Luis Abinader.
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