Santo Domingo (República Dominicana).- El Consejo de Defensa del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, sometió una solicitud a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y a la Cámara de Cuentas, para que realicen una auditoría exhaustiva de los bienes y patrimonio de su cliente, de acuerdo con la realidad y las declaraciones juradas de bienes sometidas durante sus funciones públicas, como lo establece la Ley 311-14 y su reglamento.
A su vez, solicitan todas las copias de las auditorías, informes y comunicaciones realizadas, remitidas y/o recibidas durante la gestión de Rodríguez frente a la Procuraduría General de la República durante el período 2016-2020 respecto a la gestión administrativa, contable y financiera de la institución.
«Jean Alain Rodríguez es el más interesado en que esta auditoría se realice por lo que se han remitido varias comunicaciones para solicitar a la entidad competente y autorizada para que realice este escrutinio sin haber recibido respuesta, como si la PEPCA quisiera esconder la verdad. Requerimos que a la mayor brevedad posible ese organismo realice una auditoría no solo a su patrimonio personal, sino a la gestión completa», expresó Gustavo Biaggi Pumarol.
Agregó que «nuestro cliente tiene como justificar cada peso que la ha ingresado en las últimas décadas y no ha necesitado ni siquiera constituir fideicomisos para protegerlos ya que siempre ha preferido la transparencia y tener todo a su nombre o de sus sociedades por no tener nada que ocultar ni tener que protegerse de nadie».
El Consejo de Defensa de Rodríguez señaló que a su cliente le han incautado un sinnúmero de bienes de «manera ilegal y arbitraria», pues pertenecen a entidades societarias compartidas con terceros y familiares con todo su patrimonio personal generado previo a su designación como Procurador General, «de manera transparente, con recursos lícitos y oficiales».
Recordaron que sometieron un recurso al Ministerio Público hace más de seis meses para la devolución inmediata de esas propiedades, sin haber obtenido respuesta oficial.
Señalaron que todos sus bienes figuran dentro de los activos presentados en sus declaraciones juradas de los años 2012, 2016 y 2020, ya sea de forma directa o como parte de los activos de sociedades parcialmente de su propiedad, declarados de forma transparente y con todos sus justificativos y pago de impuestos, por lo que solicitan una auditoría e informe evaluativo de su patrimonio que refleje la verdad.
Resaltan que previo a ejercer la función pública representó cientos de empresas de prestigio registrando como parte de su práctica privada más de 1.000 millones de dólares de inversiones de sus clientes en el Centro de Exportación e Inversión de proyectos turísticos, de energía y otros, todo lo cual reposa en los archivos oficiales, y citan que a modo de ejemplo, ya desde el año 1999 formó parte del equipo legal del sector privado que representó a las empresas privatizadas del sector eléctrico y la instalación de decenas de hoteles en la zona de Bávaro y Punta Cana, lo cual demuestra una trayectoria y ejercicio privado a gran escala de más de 20 años. Justo antes de ser funcionario, pagaba más impuestos mensuales a título personal que el salario total que recibía como servidor público.
Asimismo, sostienen que antes de ser funcionario Rodríguez tenía diversas propiedades inmobiliarias y turísticas, con sus certificados de título y justificativos de compra producto del ejercicio privado incluyendo la residencia donde actualmente reside, adquirida en el año 2011 y presentada en su declaración jurada del 2012.
«En todo el expediente de Medidas de Coerción no existe una sola imputación ni siquiera mención de su patrimonio o declaraciones juradas, pero ha dado este paso de solicitar al propio órgano investigador que revise su patrimonio completo para así demostrar que el mismo permanece idéntico al que tenía previo a ser funcionario», manifestaron los abogados de la defensa del exprocurador.
Reiteran que la solicitud realizada a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana se realiza en virtud de que la Constitución de la República en su artículo 246, así como también la Ley 10-04 en su artículo 10, asignan a ese organismo facultad y responsabilidad legal para realizar auditorías, en su calidad de órgano superior externo de control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado.
En el caso de Rodríguez, indican que se le imputan cargos «sin presentar la debida auditoría o informe por la institución competente, ni una sola persona o documento que lo señale directa o indirectamente como autor de actos irregulares lo que demuestra que la investigación llevada a cabo carece de seriedad, transparencia y violenta todos los procesos, incluyendo los administrativos, como establece la ley».
El Ministerio Público informa a la prensa que existe un fraude de 7.000 millones de pesos, sin embargo, no dice ni de qué obra, ni de qué cuenta, ni quienes o como se cometieron los hechos.
«Utiliza cifras enormes para impresionar a la ciudadanía y presionar a los jueces como parte de su estrategia de mercadeo. Esos 7.000 millones corresponden al total del valor de La Nueva Victoria y el nuevo Recinto de San Juan de la Maguana y ahí están los más de 100 edificios construidos y levantados, evidencia de que la obra fue entregada a esta gestión. Están operando más de 30 remodelaciones, ampliaciones y construcciones solucionando finalmente el hacinamiento histórico y todos los contratos de obras en curso fueron asumidos por Miriam Germán Brito pagándoles más de 220 millones adicionales. No hay fraude ni hemos visto vicios de construcción y si faltara algo, solo hay que pedirlo a los contratistas antes de que se venzan las garantías», manifestaron.
Reocordaron que en enero del año 2021, hace ya más de un año, la Procuraduría General de la República allanó las instalaciones de la Cámara de Cuentas sustrayendo miles de documentos oficiales declarando haber encontrado pruebas de supuestos delitos de corrupción administrativa, por lo que decidió ampliar las investigaciones que por obstrucción de la justicia inició contra sus actuales integrantes.
Indican que sin embargo, a la fecha no se conoce ningún tipo de investigación al respecto, ni se da cuenta de documentos faltantes resultado de dicho allanamiento.
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