Reflexiones en Transición #8

Las estrategias sanitarias contra el COVID-19, en todo el mundo, son muy similares y siguen, inicialmente y a grandes rasgos, los protocolos de la Organización Mundial de la Salud o de otros entes similares. Sin embargo, subsisten especialidades que dotan al tema de mucho interés. Se resaltan aquí algunas de ellas.

Resulta indiscutible que, hasta ahora, pese a la situación en algunos países americanos, la tasa de propagación de la enfermedad se mantiene en altos niveles, pero, al mismo tiempo, los servicios de salud han logrado mantenerse funcionando dentro de su capacidad.

En consecuencia, como reconoce la Organización Panamericana de la Salud, el mantenimiento del nivel actual de transmisión y su disminución deben ser el objetivo general de las iniciativas actuales de respuesta de los países.

No obstante, el problema verdaderamente grave de la pandemia es el extraordinario impacto socio-económico actual y potencial.

El daño provocado por las medidas de distanciamiento social se refleja ya en los datos económicos del primer trimestre del año, que muestran declives muy pronunciados del producto interno bruto en varios países de la región y, de hecho, en todo el mundo.

Para controlar la pandemia se requiere asumir medidas demasiado estrictas para la actividad económica, de manera que sectores de poder reclaman suavizar esas medidas. Pero al hacerlo, crecen las posibilidades de contagio y la economía vuelve a verse amenazada.

Esto provoca una presión creciente sobre los liderazgos políticos, que deben encontrar soluciones urgentes a problemas que, por definición, no son momentáneos ni se agotan en el corto plazo. Un punto de apoyo importante para lograr la apertura económica y controlar la pandemia puede obtenerse del análisis de las estrategias de salud aplicadas por diferentes países.

Vale considerar, en principio, esto en cuanto a los aspectos comunes de las estrategias de salubridad, se siguieron las prácticas utilizadas en Wuhan, China: estado de emergencia o excepción, cuarentenas, pruebas, aislamiento individual y social y medidas de higiene. A este conjunto inicial de medidas varios países crearon iniciativas interesantes, cuyos efectos deberían tenerse en consideración en el caso dominicano.

En Argentina se confeccionaron Protocolos Sanitarios por Área de Actividad. Contienen indicaciones precisas de cómo deben actuar los responsables de aeropuertos, agencias de viajes, turismo, recepción y alojamiento de huéspedes, agricultura, transporte de pasajeros, establecimientos gastronómicos y, en fin, más de 50 áreas económicas diferentes cuentan cada una con su protocolo de actuaciones.

El objetivo común de los protocolos sanitarios son los de dar respuesta a las necesidades de los sectores económicos afectados por las medidas de restricción y dar acompañamiento público al proceso.

Contienen, por tanto, los lineamientos generales y buenas prácticas en el área de que se trate, indicando las medidas de salubridad tendentes a minimizar las posibilidades de contagio adaptadas a la actividad económica implicada, especificando las acciones de prevención, las acciones que deben cumplirse ante casos sospechosos, ante casos positivos, forma adecuada de higiene personal, colectiva y de superficies o áreas, medidas de organización y registro y normativa aplicable al área o actividad económica de que se trate. Incluyen, además, una dirección de contacto para ampliación de información.

En nuestro caso se creó un protocolo sanitario antiCOVID-19 para el área turística, pero agrupa todos los sectores implicados, esto es, considera como una sola actividad el alojamiento turístico desde la llegada del visitante hasta el ingreso, la estadía y los bares y restaurantes. Pero otras áreas vinculadas como el transporte, quedan fuera de consideración.

El protocolo español de salubridad para la reducción del contagio en el área turística es un buen ejemplo de prácticas admitidas en el sector, dado que crea requisitos para la gestión del riesgo y señala las medidas a adoptar, así como requisitos de servicio y limpieza, modo de actuación ante casos infectados y reglas de uso adecuado de material de protección, elementos que en nuestro caso pudieran implementarse para lograr la disminución de posibilidades de contagio en un sector vital para la economía como lo es el turismo.

Otros dos países del área que crearon protocolos por área o actividad económica son El Salvador, Perú y Colombia. En el caso salvadoreño, se expidió decreto presidencial de protocolos sanitarios para garantizar los derechos a la salud y la vida de las personas aplicables por demarcación geográfica, y en el caso de Perú, donde se adoptó una estrategia similar, se puso en vigor, por ejemplo, el protocolo sanitario para el reinicio de operaciones del sector de la construcción y el protocolo para agencias de viaje y turismo, que exigen, entre otras actividades, que los prestadores de los servicios regulados designen personal y producir información documentada que demuestre el cumplimiento  del protocolo aplicado.

En todos los casos de cita las especificaciones contienen datos pormenorizados, fases, etapas y procedimientos admitidos aplicables a cada actividad económica considerada.

En Brasil, Chile, Colombia, Corea del Sur e Italia se utilizaron algunas estrategias de salubridad replicables en nuestro entorno, en términos generales.

En todos los casos se realizaron esfuerzos consistentes para incrementar la plantilla de médicos y prestadores de salud, incluso obligando por ley a todos los estudiantes de medicina a estar listos para ser convocados a trabajar en los hospitales públicos en caso de ser necesario.

Y en Italia se ordenó la revisión y adecuación de los pensum de medicina para que abarquen áreas en las que la pandemia puso al descubierto deficiencia o insuficiencia de formación.

En el caso brasileño, se ordenó la cobertura mínima privada obligatoria para casos de COVID-19, medida que en nuestro caso o no existe o no ha funcionado. Junto a ello, se impuso la telemedicina para el tratamiento de otros casos, que tampoco hemos ensayado.

En Chile se tomaron dos medidas que se juzgan valiosas: se ordenó la disminución de emisiones de contaminantes en las zonas sujetas a control sanitario y la transferencia directa de porcentajes del presupuesto a esas mismas zonas.

En Costa Rica el esfuerzo de salubridad del sistema tendió a elevar la capacidad de establecer el vínculo epidemiológico de todos los casos detectados en el país, de manera que todas las personas que hubieren estado en contacto con casos confirmados se sometieron a prueba y, cuando procedió, a aislamiento.

De manera similar pero mucho más extendida procedieron en Corea del Sur, donde se crearon equipos de investigadores y se formó una red público-privada de laboratorios desplegados a nivel nacional para detección de casos, seguimiento inmediato de contactos y aislamiento obligatorio por 15 días en todos los casos positivos de contagio.

Si bien las pruebas o test para el COVID-19 se tardan solamente ¡5 minutos! en Corea del Sur, todos los casos positivos, inclusive cuando se confirman en laboratorios privados, son comunicados de inmediato a las autoridades sanitarias y de inmediato se procede con el aislamiento del contagiado y de sus contactos.

Concluyentemente, de lo dicho se entiende que es conveniente crear protocolos de salud por área económica, tantos como sea necesario.

Dichos protocolos deben contener acciones concretas de evitación y procedimientos detallados de responsabilidades a seguir y a reportar a las autoridades de salud, bajo riesgo de sanción administrativa o multa.

Asimismo, urge reconsiderar los programas de formación del personal de salud, proveer medidas urgentes para su protección adecuada e incorporar a los estudiantes de medicina a los hospitales, y a los profesionales de la salud de todas las áreas que se encuentren desempleados o fuera del sector, si existen, para que lo antes posible se forme personal de reemplazo disponible.

Incluso en este cierre parcial de actividades en el que se encuentra hoy el país, cualquier forma de apertura debe producirse de manera escalonada y previendo las medidas de salubridad aquí descritas, entre las que puedan resultar aplicables para lograr el objeto de reabrir y potenciar la economía con respeto de los derechos a la salud y la vida de las personas.