Son muchos los que correremos el riesgo, y hasta estamos dispuesto en el trayecto a coger nuestras reprimendas en la defensa de las acciones que ha emprendido el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, las cuales son parte de su compromiso de campaña con los temas de ética, transparencia y adecentamiento de la administración pública, las cuales enarboló el Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el marco de su propuesta gubernamental al país.
No sabemos si las denuncias de la mugre e las irregularidades encontradas en algunas dependencias del estado recibidas por sus nuevos incumbentes es porque su escobita nueva barre bien, y que al final todo se quedará en amagar y no dar en los medios informativos, porque no habrá consecuencias, y por ende, la suficiente gallardía para poner a funcionarios en el banquillo de los acusados a explicar la forma de cómo manejaron tantas nóminas al mismo tiempo y de tener una caterva de viceministros, subdirectores, asistentes, secretarias, muertos laborando y hasta decenas de personas privadas de su libertad (presos) como empleados públicos.
Escalofrío es lo que da la abultada lista de vicecónsules, de la cancillería, donde solo en el estado de Nueva York, en los Estado Unidos hay 47, en la cual además de la existencia de cuatro nóminas, la de mayor gasto la representa el personal del exterior.
Recuerdo que en su discurso de toma de posesión, el presidente Abinader dejó claro que uno de los puntos a tratar dentro de su gobierno sería suprimir o fusionar entidades innecesarias y recortar el abultado gasto en nóminas públicas.
Anonadados han quedado la nueva directora del Plan Social de la Presidencia de la República, Yadhira Henríquez y los técnicos que hacen el inventario en esta dependencia, donde no aparecen los datos reales sobre gastos y acciones de esa institución porque desaparecieron las evidencias contenidas en el disco duro del servidor de la computadora.
Todos sabemos que el Plan Social de la Presidencia, es la institución dirigida a dar respuesta a las necesidades de alimentación, salud, techo y educación a sectores y personas que viven por debajo de los niveles de pobreza. A lo mejor, según versiones suministradas al propio mandatario por empleados de esa dependencia, se presume que allí operaba un proyecto político, no regular, y que por esa razón lo desmantelaron.
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