Tenía la creencia de que la Constitución, el medio ambiente y la educación vial son temas que se enseñaban en las escuelas públicas y colegios privados. Y, al parecer, no es así.
Lo digo, luego de ver el contenido de la sentencia núm. 0030-1643-2024-SSEN-00573 emitida por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo mediante la cual se ordenó al Ministerio de Educación garantizar esa enseñanza.
Asimismo, se deberá impartir en los centros educativos técnicos y universidades del país, en cumplimiento a los artículos 63.13 de la Constitución, 271.1 de la Ley núm. 63-17, el 57 de la Ley 64-00 y la Ley 94-20, acogiendo así una acción de amparo de cumplimiento interpuesta por el Colegio de Abogados de la República Dominicana.
La directiva del gremio asegura que impartir lecciones del contenido de nuestra Carta Magna, la aprobada el 26 de enero de 2010, es un mandato sin cumplir, pese a los persistentes reclamos del Tribunal Constitucional y entidades de la sociedad civil para que se acate esa disposición.
Según el Colegio, la referida ordenanza estipulada en el artículo 63, numeral 13, de la Constitución, referente al Derecho a la Educación, dice textualmente : “Con la finalidad de formar ciudadanas y ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, en todas las instituciones de educación pública y privada, serán obligatorias la instrucción en la formación social y cívica, la enseñanza de la Constitución, de los derechos y garantías fundamentales, de los valores patrios y de los principios de convivencia pacífica”.
En esa dirección, apunta la entidad, se encuentran las disposiciones relativas al Tránsito Terrestre y al Medio Ambiente. Por una ausencia de educación en materia vial somos uno de los países con mayores tasas de accidente viales, también con altas cifras de depredación en nuestros bosques.
En mis años de niñez la formación social y cívica era obligatoria en las escuelas y se cumplía al pie de la letra. Se velaba por la asistencia del alumno a las aulas y cuando éste faltaba, los maestros indagaban a los padres para que explicaran el motivo de la ausencia. Lo mismo ocurría con la higiene del estudiante. Cada viernes, los maestros inspeccionaban el uniforme y los zapatos, atuendos que debían estar impecables. Además, las manos y las uñas debían estar cortadas o aseadas.
No vemos excusas para no cumplir con esas orientaciones, pues la población estudiantil, en términos generales, sobre todo en las escuelas públicas y colegios privados, debe recibir los conocimientos esenciales respecto a esas temáticas.
Esa es la mejor manera de saber qué somos, como debemos actuar en el marco del civismo y el respeto que merecen nuestras leyes sustantivas.
Pienso que son pocos los ciudadanos, a excepción de los abogados, que conservan en sus hogares un pliego de la Constitución dominicana, lo que les imposibilita conocer el contenido del documento respecto a la constante vulneración de los derechos y garantías, de parte de las autoridades policiales, judiciales y empresariales.
La Constitución consagra varios aspectos a tener en cuenta, entre ellos: el derecho a la vida, la dignidad humana, el derecho a la igualdad, a la libertad y seguridad personal, la prohibición de la esclavitud moderna. Todo está escrito, es cuestión de leerla.
Por demás, urge ilustrar a la población, especialmente a la generación de relevo, la importancia de defender el medio ambiente y propiciar la educación vial.
En el primer caso, es imperativo hacer conciencia sistemática desde los centros educativos del daño que produce la deforestación al ecosistema; en segundo lugar, hay que enseñar a nuestra gente a respetar las leyes de tránsito. Es un código que deben cumplir el transeúnte y el conductor para evitar tantas muertes por accidentes de tránsito.
Esperamos que el Ministerio de Educación acate la sentencia del Tribunal Superior Administrativo. Un pueblo sin educación está condenado al fracaso y a vivir en las garras de la ignorancia. Este es el momento de superarnos.
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(El autor es periodista residente en Santo Domingo, República Dominicana).
