San Juan (Puerto Rico).- El Grupo Axis Automotive, fundado por Donald Guerrero en Puerto Rico, defendió la legalidad, transparencia e integridad de sus operaciones en el mercado, con más de 27 años de servicio donde asevera es líder del mercado automotriz en esa isla.
«Las empresas fundadas por Donald Guerrero en Puerto Rico cuentan con casi tres décadas de servicio y un amplio reconocimiento entre clientes y ejecutivos de la industria automotriz», expresó el Grupo Axis Automotive en un comunicado de prensa.
Señal que la seriedad y el compromiso de cada uno de los 711 colaboradores del grupo «trascienden cualquier persecución política que pueda enfrentar Guerrero en la República Dominicana».
Aseguró que las empresas del Grupo Axis Automotive cumplen rigurosamente con todas las reglamentaciones financieras y con sus obligaciones fiscales, en un marco de transparencia.
«Entendemos válida cualquier cooperación entre funcionarios serios de la justicia de República Dominicana y los de Puerto Rico, pues se comprobará que, como se ha visto año tras año, los concesionarios de la empresa lideran el mercado porque se ciñen minuciosamente a las reglamentaciones financieras del Gobierno Federal de Estados Unidos y porque cumplen con los más altos estándares de calidad, transparencia y contabilidad de la industria», manifestó el Grupo Axis Automotive.
Dijo que una muestra de la fortaleza y solidez del Grupo Axis Automotive, lo constituye el hecho de que solo en el año 2022, vendió 12.081 vehículos, asegurando 711 empleos con un aproximado de 216.000 horas de servicio a sus clientes y que todas las empresas son rigurosamente auditadas por RSM Global, firma internacionalmente reconocida con más de 830 oficinas alrededor el mundo.
El Grupo Axis Automotive representa las más famosas marcas de Estados Unidos, Europa y Asia, y entre ellas se encuentran las empresas Autogermana, Autocentro Toyota, Autocentro Nissan y Autocentro Chrysler.
Las expresiones del Grupo Axis Automotive, fundado por Donald Guerrero en Puerto Rico, se producen un día después de que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), en República Dominicana, depositó ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, la solicitud de medida de coerción en contra de los arrestados en la Operación Calamar, los cuales formann parte de una presunta red de corrupción que distrajo al Estado dominicano más de 19 mil millones de pesos.
Al depositar el expediente, la Coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, explicó que el Ministerio Público ha solicitado la imposición de 18 meses de prisión preventiva, como medida coercitiva y la declaratoria de complejidad del proceso.
“El Ministerio Público ha depositado la solicitud de medida de coerción de este proceso. Un proceso que se ha desarrollado con una investigación que ha asumido altos estándares internacionales”, dijo Ortiz a los periodistas en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde acudió a depositar la solicitud de medida de coerción junto a los fiscales Andrés Mena, Miguel Collado, Marinel Brea, Rosa Alba García, Arolin Lemos, Elvira Rodríguez y Emmanuel Ramírez.
Sobre lo solicitado, Ortiz señaló que el Ministerio Público “entiende que es la medida que este caso conlleva, de acuerdo a la gravedad de las imputaciones, a la seriedad de las mismas y al legajo probatorio que hemos depositado”.
La coordinadora de la Pepca detalló que en el expediente consta de “más de 1,200 elementos de pruebas depositados, una medida de coerción de más de tres mil páginas que involucra la sustracción de dinero del Estado por más de 17 mil millones de pesos” en expropiaciones, los cuales sumados a unos 2,100 millones en deuda administrativas totalizan más de 19 mil millones.
Ortiz señaló que el Ministerio Público está listo para conocer la medida cuando el tribunal fije la audiencia.
Especificó que estas investigaciones apenas comienzan y que según vaya avanzando pueden producirse otras detenciones.
En la operación, ejecutada el pasado sábado, fueron realizados 40 allanamientos distribuidos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana, logrando el arresto de 20 personas.
En la ejecutoria de los allanamientos y arrestos participaron 40 fiscales, decenas de técnicos de diferentes unidades de investigación, 300 miembros de la Policía Nacional y un amplio equipo de apoyo administrativo.
Entre los arrestados se encuentran el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta; el exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo; ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, el economista Ángel Lockward, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Asimismo, Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emir Fernández de Paola, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Aldo Antonio Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.
La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los arrestados incluye conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como los artículos 123, 166, 171, 172, 174, 175, 177, 265, 266, y 405 del Código Penal.
También, violaciones a las leyes 448-06 y 311-14, además de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
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