Redacción (RT.com).- Una jueza de Colombia halló culpable al expresidente Álvaro Uribe de los delitos de presunto soborno, fraude procesal y soborno de testigos, en un histórico juicio en el país suramericano.
Este lunes, se llevó a cabo la audiencia crucial del denominado ‘juicio del siglo’, que se le sigue al exmandatario. La ponencia estuvo a cargo de la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, a quien le corresponde determinar si el también exsenador derechista es declarado condenado, absuelto o condenado parcialmente.
Este sentido del fallo —como se denomina a este tipo de decisión que determina la culpabilidad o inocencia del procesado— marca un hito en la historia de la justicia colombiana debido a que es la primera vez que un expresidente podría enfrentarse a una condena tras un juicio penal.
En esta extensa jornada, el exmandatario de 73 años y su abogado titular Jaime Granados siguieron la audiencia de manera virtual, mientras que su defensor suplente, Jaime Lombana, y el senador Iván Cepeda, quien funge como víctima, estuvieron presentes en el complejo judicial Paloquemao, en Bogotá.
Mientras se exponía la decisión judicial en las adyacencias de Paloquemaose registraron algunas manifestaciones en contra del fundador del derechista Centro Democrática.
La audiencia
Heredia, quien ha sido atacada fuertemente los medios que respaldan a Uribe, expresó al principio de la audiencia: «La Justicia no está al servicio de la prensa ni de la política, está al servicio del país«. Esta afirmación se contrapone a lo expresado por el exmandatario quien ha señalado en distintas oportunidades que existe una persecución política en su contra.
Durante su ponencia, la jueza validó como prueba de un hecho punible las interceptaciones ordenadas por la Corte Suprema, en 2018, al senador Nilton Córdoba. Sin embargo, por un supuesto error, recoge Caracol, terminaron haciéndose al teléfono de Diego Cadena, abogado de Uribe.
«El secreto profesional no puede convertirse en una barrera para la Justicia», manifestó la togada con referencia a la apelación que habría hecho la defensa de Uribe que argumentó que la conversación pertenecía al ámbito privado.
En esas llamadas, Cadena y Uribe habrían hablado sobre supuestos planes para conseguir que un grupo de paramilitares condenados y en la cárcel se retractaran de las declaraciones que habrían hecho sobre la presunta relación del expresidente y su hermano Santiago Uribe con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Asimismo, validó las pruebas recogidas con dos ‘relojes espías’ que habría usado en 2018 el exparamilitar preso Juan Guillermo Monsalve para grabar la conversación sostenida con Cadena, en la que el abogado lo habría presionado para que favoreciera a Uribe, a cambio de beneficios penales, y perjudicara al senador Cepeda, quien había presentado testimonios de exparamilitares que aseguraban haberse reunido con el entonces gobernador de Antioquia. La defensa del exmandatario negó la veracidad de ese registro.
Durante la audiencia, Heredia afirmó que las afirmaciones hechas por Monsalve «no contienen situaciones difíciles de creer o que se adviertan falacias por provenir de privado de libertad», por lo que la versión del llamado ‘testigo estrella’ con contra de Uribe, «merece credibilidad» puesto que ha sido sostenida, a pesar de las presiones, por 14 años.
La exeposa de Monsalve, Deyanira Gómez, y el abogado del senador Cepeda presentaron estas grabaciones a la Corte Suprema y ahí se inició el proceso.
Una investigación entrampada por años
La Fiscalía General de la Nación acusó a Uribe en mayo de 2024 de los delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal, después de que entre 2012 y 2014, el senador Cepeda presentara testimonios de los exparamilitares Monsalve y Pablo Hernán Sierra, quienes aseguraban haberse reunido con Uribe durante su mandato como gobernador del departamento de Antioquia. En respuesta, el expresidente denunció a Cepeda ante la Corte Suprema por calumnia, fraude procesal y abuso de función pública.
Posteriormente, en 2018, el tribunal encontró indicios de que Uribe habría manipulado testimonios para incriminar a Cepeda, por lo que en 2020 fue condenado a arresto domiciliario, en el que se mantuvo por 67 días. En ese momento, se desempeñaba como senador y renunció al cargo para no ser juzgado por el Supremo sino por la justicia ordinaria, a través de la Fiscalía.
Aunque el ente acusador pidió en 2021 la preclusión del proceso, en 2022 dos jueces rechazaron esa solicitud. En 2024, con la llegada de la fiscal general Luz Adriana Camargo, esa institución llamó a juicio a Uribe.
Finalmente, el año pasado el exmandatario fue llamado a juicio, acusado de soborno a testigos, fraude procesal, y un nuevo cargo por soborno. Desde febrero de este año, el caso se ha mantenido bajo constante prescripción.
¿Qué ocurrirá?
Hasta el momento, en esta larga querella judicial de más de una década, Cepeda fue declarado como víctima en 2024 por los daños causados durante el proceso y la afectación a su integridad como parlamentario al quererlo relacionan con hechos delictivos que no cometió. La misma decisión fue tomada a favor de Deyanira Gómez, quien denunció persecución y amenazas de muerte tras su colaboración de la Justicia, por lo que se fue del país junto a sus dos hijos.
Según los expertos, el fallo podría tener un efecto político importante en Colombia, ya que la imagen de Uribe —figura relevante en la derecha del país— se ha visto debilitada, lo que podría impactar en las próximas elecciones.
Antes de conocerse el fallo de este lunes, Granados había asegurado que su defendido, independientemente del dictamen, no irá a la cárcel porque alega que no existen pruebas ni testigos que sustenten las denuncias en su contra. Además, si no se emite una sentencia en segunda instancia antes de octubre, el caso prescribirá y se cerrará sin condena.
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