Redacción (RT.com).- Desde el comienzo de su Administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó dar un cheque en blanco a los agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) para operar en México.
Según el mandatario, la agencia estadounidense ha atentado contra la soberanía de la nación latinoamericana en años anteriores, por ejemplo, cuando llevó a cabo el Operativo ‘Rápido y Furioso’ durante el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012).
También ha acusado a la agencia de contubernio, por haber guardado silencio ante el incremento de la inseguridad y la violencia, en ese mismo sexenio, producto de una «estrategia fracasada» en el área de la seguridad.
Imputaciones en contra de agentes y altos mandos por cometer diversos delitos y establecer contacto con abogados de capos han terminado por revelar que, en realidad, razones no le han faltado al mandatario para mantener reservas hacia la agencia.
Medidas de contención desde el Gobierno
Con el objetivo de regular el despliegue de agentes estadounidenses en territorio nacional, una de las medidas más contundentes que tomó López Obrador fue enviar una iniciativa al Congreso, a finales de 2020.
Cabe destacar que esa propuesta —que fue aprobada sin cortapisas— se presentó después de que Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), fuese arrestado en Los Ángeles, California, tras ser acusado de tener vínculos con el crimen organizado producto de una investigación a cargo de la DEA.
Una vez que los cargos fueron levantados en EE.UU., el caso pasó a manos de la Fiscalía General de la República que, al cabo de unas semanas, informó que no existían pruebas suficientes para sostener los señalamientos.
Ya con la exoneración de la Fiscalía, López Obrador salió en defensa del alto mando militar, arremetiendo contra la DEA, a la que acusó de haber «fabricado delitos».
En su relación con Washington, ese desencuentro provocó uno de los momentos más tensos para el Gobierno de la denominada Cuarta Transformación.
La cadena de desencuentros ha sido larga. Para EE.UU., la estrecha cooperación con Gobiernos anteriores (y sin resistencias) se terminó convirtiendo en un ‘estira y afloje’ para conseguir imponer la agenda en materia de seguridad.
Por otra parte, el informe de la Fiscalía sobre el caso no fue bien recibido en México, ya que se lo consideró una maniobra política por parte del Gobierno para evitar entrar en conflicto con el Ejército, una institución que ha venido cobrando un protagonismo cada vez mayor en este sexenio.
La cadena de desencuentros ha sido larga. Para EE.UU., la estrecha cooperación con Gobiernos anteriores (y sin resistencias) se terminó convirtiendo en un ‘estira y afloje’ para conseguir imponer la agenda en materia de seguridad.
Otra de las medidas tomadas por el Gobierno de López Obrador fue desmantelar un cuerpo de seguridad en el que participaban elementos de la DEA. De acuerdo con el mandatario, esta unidad especializada había sido penetrada por la delincuencia y el crimen organizado.
«Se tomó la decisión de deshacer este grupo. Sigue habiendo cooperación, pero ese grupo que supuestamente era de alto nivel estratégico estaba infiltrado y sus jefes están siendo investigados y hay presos», declaró en febrero de este año.
No es el único caso en el que la DEA ha sido blanco fácil de grupos criminales. En el oscuro historial del organismo se ha revelado que varios de sus agentes han cometido delitos, según investigaciones realizadas en EE.UU., mientras sus altos mandos han estado en estrecho contacto con abogados defensores de capos.
El caso Palmeri: vacaciones con polémicos litigantes
Quienes trabajan para la DEA, que entre sus tareas tienen la investigación y persecución de personas que se dedican al cultivo, fabricación o distribución de sustancias ilícitas, no han estado exentos de recibir acusaciones por comisión de delitos, así como de mantener contacto con abogados que defienden a grupos criminales.
Paradójicamente, en EE.UU. no fue motivo de escándalo que, en noviembre de 2021, Nicholas Palmeri, en ese entonces director regional de la DEA en México y Centroamérica, fuera despedido por mal uso de recursos y reuniones con litigantes vinculados con el narco.
De acuerdo con una investigación llevada a cabo por la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia, Palmeri había intentado utilizar fondos de la DEA para financiar una fiesta de cumpleaños y comprar artículos no autorizados.
Como parte de una investigación simultánea, la propia DEA comenzó a seguirle la pista a Palmeri que –según The Associated Press y The Washington Post– descubrió al exagente de policía de la ciudad de Nueva York disfrutando sus vacaciones junto a abogados defensores de narcotraficantes y lavadores de dinero.
Uno de esos abogados, de acuerdo con los resultados de la investigación, era David Macey, quien habría recibido a Palmeri y su esposa en Los Cayos, Florida.
El de Palmeri, quien duró solo 14 meses en el cargo, no ha sido el único caso en el que la honorabilidad de la DEA ha terminado abollada en los tiempos del Gobierno de López Obrador.
Uno de sus agentes, José Irizarry, fue sentenciado a 12 años de prisión en EE.UU. por varios delitos, entre ellos, lavado de dinero, fraude bancario y robo de identidad. Este caso tampoco fue motivo de escándalo en la Unión Americana.
Por otro lado, hay que destacar que Palmeri llegó al puesto en un momento clave. Justo en esas fechas, López Obrador ya perfilaba un plan para acotar el margen de maniobra de la DEA en México. Desde Washington había que disuadirlo de seguir adelante.
Sin embargo, hasta el momento la DEA no ha conseguido los resultados esperados: no ha logrado estrechar la colaboración con el Gobierno mexicano, sino que, por el contrario, no cesan los cuestionamientos a su ‘modus operandi’ desde el Palacio Nacional.
El último desencuentro tuvo lugar esta semana cuando, de nueva cuenta, el presidente mexicano la acusó de injerencia en los asuntos de seguridad, esta vez por su investigación sobre los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.
El ‘impasse’
Luego de la reunión de alto nivel sobre seguridad llevada a cabo en Washington entre las delegaciones de México y EE.UU. durante la segunda semana de abril, la directora de la DEA, Anne Milgram, realizó una conferencia de prensa en la que insistió en estrechar la cooperación bilateral.
La funcionaria enfatizó, otra vez, que las «principales amenazas globales» para EE.UU. eran los cárteles mexicanos, especialmente el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación.
Además, dejó claro que el tráfico de fentanilo ha venido en aumento, de forma imparable, y que, de este fenómeno, también es responsable el Gobierno del presidente López Obrador.
Para la administradora de la DEA, no existe otra alternativa que trabajar en el fortalecimiento de una estrategia conjunta para enfrentar a la delincuencia y el crimen organizado. Desde su perspectiva, el Gobierno mexicano ha sido incapaz de dar solución por sí solo al problema.
Las organizaciones criminales, que operan a través de una red transnacional, son imposibles de combatir sin la suma de esfuerzos entre diferentes Gobiernos, de acuerdo con su punto de vista.
Por su parte, el embajador de EE.UU. en México, Ken Salazar, publicó un comunicado el viernes 14 de abril, llamando, al igual que Milgram, a estrechar la cooperación bilateral en materia de seguridad para plantar cara al tráfico de personas, armas y drogas.
En el documento, se destaca la labor de la DEA que, según el diplomático, ha demostrado su eficacia a la hora de investigar redes criminales en escala mundial, así como incautar millones de dosis de sustancias ilícitas.
Es una visión contrapuesta a la de López Obrador, quien además de desestimar los resultados de la DEA, ha rechazado los señalamientos de Milgram, quien asegura que en México se produce fentanilo, la sustancia responsable de miles de muertes a lo largo y ancho de EE.UU.
Y la tensión ha venido en aumento. Este lunes, el presidente López Obrador acusó a la DEA de haber cometido una intromisión «abusiva» y «prepotente» por su investigación sobre los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.
Ese mismo día por la tarde, el embajador de EE.UU. en México acudió al Palacio Nacional para reunirse con el mandatario para abordar el asunto. En definitiva, la relación no mejora y todo apunta a que ambas partes se encuentran en un ‘impasse’.
Mientras que la DEA no ha logrado convencer a López Obrador de que no hay otro camino que estrechar la cooperación, el Gobierno mexicano no ha podido mantener a raya la injerencia de la agencia, con todo y los numerosos llamados a respetar la soberanía.
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