Por José Alejandro Vargas
El tema de las redes sociales desborda el estrecho marco en el que nos gusta ubicar a las personas en una sociedad civilizada: las decisiones se toman libremente, por personas cuando menos lo suficientemente conscientes como para decidir cuándo y cómo las utilizan. El problema comienza desde que se advierte que ese mundo ideal, si alguna vez lo fue, no existe: no es cuestión de estar o no en línea, pues para la mayoría de nosotros es necesario, imprescindible incluso, mantener no una, sino varias formas o medios de conexión digital.
Si no queremos, poco importa: los nativos digitales, entre los cuales pueden encontrarse nuestros hijos o nuestros amigos, se comportan como individuos sedientos de reconocimiento, personas a quienes les resulta sencillo y hasta placentero publicar sus vidas con lujo de detalles, generando presencia constante de cantidades masivas de datos personales. El problema, como se dice, no es entonces el de usar o no usar. ¿Podría ser, sin embargo, el de usar bien o mal las redes sociales? ¿Acaso se trata de usarlas poco, o solo lo necesario, o no para publicitar situaciones en las que resultaría preferible mantener discreción?
Los dilemas enfocados son falacias lógicas, conclusión necesaria ante la observación de que su complejidad intrínseca queda totalmente disimulada para el usuario común, que solo atiende a la relación de uso, pero no se da cuenta de los complejos impactos que su uso provoca. Por ejemplo, el derecho a la intimidad, con restricción a la forma textual de su consagración constitucional, recibe fuertes impactos por el uso de las redes sociales primero que nada porque éstas generan beneficios económicos… y esos beneficios serán generados independientemente de que la intimidad resulte vulnerada.
Es cierto que las redes sociales pueden generar en los usuarios estrés, ansiedad y/o depresión, y es cierto que la ingente cantidad de información disponible hace de la intimidad una ilusión, un estado que parece ya inalcanzable. También lo es que pocos advierten una realidad por cierto bastante simple: nos hemos convertido en el producto de un mundo interconectado, en el que nuestros datos, nuestros comportamientos, relaciones, preferencias y decisiones conforman un entramado no solo potencialmente lucrativo sino políticamente relevante.
En efecto, extendiendo el ámbito conceptual de las redes sociales, puede decirse que estas viabilizan la presencia permanente de candidatos, potencian su visibilidad y permiten grados nunca alcanzados de socialización y participación ciudadana. Los retos se multiplican y tornan exigibles conductas orientadas a mantener niveles de responsabilización individual, seguimiento de reglas, controles de uso y otras medidas que no pueden dejar de lado, bajo ningún concepto, el fomento consistente del pensamiento crítico de los usuarios como forma de generar discriminación de contenidos.
Es menos frecuente observar las redes sociales como fuente de impactos extraordinarios en las relaciones jurídica entre los derechos a la libre expresión y difusión del pensamiento, frente al honor de las personas y la necesidad pública de restringir el efecto negativo de la que puede ser información inexacta o, incluso, falsa. Sin embargo, los impactos son una realidad y frente a ello se requiere el compromiso de construir una ética del uso digital fundamentado en el pensamiento crítico y el respeto al derecho de los demás, porque si bien las redes sociales son importantes, también lo es la forma en que las usamos.
Los Estados comienzan a preocuparse por realizar estudios sobre control de tiempo de exposición a las pantallas y su influencia en los menores de edad, lo que de todas maneras no garantiza que los mayores “nominales” –aquellos que siendo adultos no tienen la madurez necesaria- dejen de usarlas o las usen con menos énfasis.
Estas son solo algunas descripciones genéricas fruto de la honda preocupación humana y social que observamos y que, de hecho, permean ya diversos ordenamientos jurídicos por adopción o adecuación de normas orientadas a restringir el uso de las redes a los niños o, en otros casos, a limitar su uso.
Es comprensible que toda transformación genere confrontación. En todo caso, la relevancia del tema exige la formación de un gran acuerdo que permita la sostenibilidad de las redes como fuente de conocimiento y los restantes valores que cumple en una sociedad moderna, como también la evitación de los terribles daños que puede provocar su uso inadecuado. Partiendo de esto último y dadas las distintas aristas complejas que bordean el asunto, creo que el tema debería ser abordado por el derecho internacional a fin de que se concierte un tratado que regule de manera apropiada el uso de las redes sociales.
vargasjuez@hotmail.com
(El autor es juez del Tribunal Constitucional, residente en Santo Domingo, República Dominicana).
