El ambiente metido al medio

Por Fundación Acción Verde, Inc.

El mundo celebra este 5 de junio el «Día Mundial del Ambiente» con miles de actividades en todo el planeta.

Por causa de la pandemia, la mayoría de estas actividades tendrán lugar en foros virtuales.

Mientras ello sucede, en países como República Dominicana el daño que se cierne sobre el Medio Ambiente y los Recursos Naturales no es para nada «virtual», todo lo contrario, no sólo son «tangibles» sino también escandalosos.

En este breve relato pasamos revista al «estado de cosas» en diferentes aspectos del sector ambiental y las diversas razones por las que entendemos que, en el país, el Ambiente ha sido «metido al medio» de mala manera.

Por la urgencia que representa, el tema obligatorio para iniciar es el caso del vertedero de Duquesa y el manejo de los residuos sólidos: Un mal ancestral que encontró el momento «negativamente perfecto» para impactar de la peor forma a los habitantes del Gran Santo Domingo, que -confinados por causa de la pandemia- sufrieron los embates de un incendio cuyas causales principales han sido la negligencia, la apatía, el descuido, la corrupción y la falta de voluntad política de diversos actores, de casi todos los partidos, que han mal manejado la situación de los botaderos a cielo abierto en el país, con criterios similares a los del medioevo.

Atado a la problemática se arrastra indefectiblemente el caso de la Ley de Residuos sólidos, que por más de una década ha sido víctima de conspiraciones, desidia, cinismo y la misma falta de voluntad de los actores públicos y privados en cuya fuerza de decisión ha estado la discusión y necesaria aprobación del proyecto. El mismo se encuentra aún «en discusión» en el Senado de la República y por lo que se vislumbra parecería estar rumbo a perimir por enésima vez.

Otros incidentes que han «metido al medio» el tema ambiental tienen que ver con la continuación del asedio contra el Sistema de Áreas Protegidas.

A la ya conocida e indetenible expansión agrícola  y  explotación intensiva de Parques Nacionales como Valle Nuevo y Sierra de Baoruco, se han sumado una serie de «permisos» concedidos para proyectos de «Concesión Ecoturística» en áreas como Cotubanamá (Guaraguao-Punta Catuano) y el Monumento Natural Pico Diego de Ocampo.

Imposible dejar de lado la dejadez y falta de entereza con la que el Gobierno, a través del Ministerio de Medio Ambiente, ha permitido la depredación de lo que fuera el Parque Nacional Manolo Tavárez Justo, cuyo desmantelamiento parecía tener fecha fija desde el mismo momento de su creación, a manos de intereses políticos y económicos de gran influencia en la serranía que hasta ahora se han salido con la suya.

Podemos escribir tomos enteros sobre la forma laxa con que las autoridades tratan las violaciones a las Leyes ambientales:

Tala de árboles, saqueo de acuíferos, azote contra la vida silvestre, irrespeto por las vedas, extracción irregular de agregados, contaminación en todos los niveles, daño a los manglares y permisología irregular a niveles escandalosos (para muestra sólo hay que analizar los permisos concedidos para construir hoteles en la Boca del Río Yásica o abrir caminerías en la Sierra de Bahoruco).

Pero, por razones de espacio, nos remitiremos a describir la situación de los estamentos llamados a hacer cumplir la constitución y las Leyes.

• Ministerio de Medio Ambiente: Hoy por hoy es una entelequia a medio desmantelar, que siendo sin dudas la tradicional cenicienta en la jerarquía estatal atraviesa por una de sus crisis de inercia y descalabro institucional más significativos de su historia.

Como muestra bastaría con señalar que dos de sus viceministerios más importantes: Áreas Protegidas y Suelos y Aguas, se encuentran acéfalos desde hace meses, a causa de diferentes situaciones con sus viceministros que han sido «mantenidos cobrando» por el Poder Ejecutivo pero que en la práctica no ejercen función alguna en las carteras asignadas.

Del mismo modo, la mayoría de unidades y direcciones eminentemente técnicas han sido desmanteladas o dependen única y exclusivamente de «los caprichos del despacho» que suele preferir «fabricar zafacones» en lugar de mejorar las infraestructuras de las Áreas Protegidas o invertir en viáticos y en «ampliar la cocina y comedor de la sede» en vez de brindar más apoyo el sufrido ejército de Guardaparques y técnicos que cada día entregan sus mejores esfuerzos por hacer su trabajo en medio de infinitas limitaciones.

Para empeorar las cosas, hoy por hoy las funciones elementales del Ministerio de Ambiente son desempeñadas con mayor holgura de recursos por «estructuras paralelas» como las que tienen a su cargo los programas «reforestemos Quisqueya», «Dominicana Limpia» o «la mesa del agua», adscritos al Poder Ejecutivo.

• Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA): Siendo un organismo militar concebido para ser «el brazo armado» para la defensa y protección del medio ambiente, podemos decir que «ha vivido tiempos mejores». Visto que se ha convertido en un pequeño feudo que lejos de responder a su razón de ser, se ha doblegado a las voluntades y caprichos del Ministro de Medio Ambiente.

Los pocos efectivos con los que cuenta acusan una situación de carencias, tanto en número de servidores como en equipamiento y sobre todo de «capacidades logísticas», sumado ello a frecuentes denuncias de «cobros de peajes» o situaciones turbias de algunos grupos, que bajan la moral de los oficiales dedicados y rectos que permanecen en la institución.

• Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente: Otra entidad que debería de representar los intereses de la Sociedad de cara a la protección del Medio Ambiente, por su famélica operatividad a menudo pasa desapercibida y algunos hasta se sorprenden de que esa institución aún exista.

Estrangulada en recursos y carente de apoyo real por parte de las cabezas del Ministerio Público, los pocos fiscales «activos» con que cuenta esta dependencia se debaten entre «trabajar con las uñas» los expedientes que asumen y el fastidioso desgaste de no contar con el apoyo técnico ni militar por parte del Ministerio de Medio Ambiente y el SENPA, que suelen preferir «negociar» administrativamente los casos y no someterlos por ante el sistema de Justicia.

Esta «Procuraduría Especializada» ha llegado al extremo de «sentarse del lado de los imputados en el tribunal» ante procesos judiciales frente a potenciales depredadores (el reciente caso del hotel del Grupo Globalia en un Área Protegida, es un ejemplo de ello).

Si a pesar de todo lo dicho, los lectores consideran que los argumentos expuestos no son suficientes para decir que «el Ambiente está metido al medio», entonces a lo mejor deberían darse una vuelta por el sur, donde colocan los depósitos de cenizas resultantes de la Central a Carbón de Punta Catalina… y entonces  -tal vez- nos den la razón.