Por Rafael Méndez
La X Cumbre de las Américas, que debía tener lugar en República Dominicana ha pasado de ser un faro de diálogo continental a convertirse en el epicentro de una sonora derrota diplomática. Oficialmente pospuesta hasta 2026 debido a «profundas divergencias», esta claudicación es el primer y contundente «efecto dominó» de una política de exclusión impuesta. El rechazo de países clave como México y Colombia forzó la mano del bloque regional que dijo «No» a la agenda preestablecida, percibida como un intento de alineamiento hemisférico, exponiendo al país anfitrión como un simple ejecutor de una agenda imperial incapaz de sostener la convocatoria.
El destino del evento no se decidió en Santo Domingo ni en ninguna capital latinoamericana, sino en la férrea postura adoptada sobre quién debía sentarse a la mesa. El principal factor gravitacional que sentenció el evento fue la insistencia, impulsada principalmente por Washington, de excluir a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Esta postura reactivó una división histórica en el hemisferio: la que opone la diplomacia basada en la inclusión, sostenida por el bloque progresista, contra la política de sanciones y vetos promovida por la Casa Blanca y sus aliados, lo cual fue un error de cálculo monumental en el contexto regional actual.
El «eco de la suspensión» resuena con una lección ineludible: la soberanía en política exterior es el activo más valioso de cualquier nación. La suspensión, impulsada por la acción colectiva del Sur global, marca un precedente histórico que señala el fin de las imposiciones unilaterales. El multilateralismo de las Américas solo puede avanzar bajo el principio irrenunciable de la inclusión total, dejando claro que la exclusión sella, inevitablemente, el destino de la Cumbre al convertirse en un cónclave sesgado.
Reafirmación de la soberanía regional
La dinámica del fracaso fue sencilla: al vetar a tres naciones, se vetaba de facto la legitimidad del encuentro para representar a la totalidad del continente. El objetivo declarado de la Cumbre, que era abordar desafíos comunes de seguridad y desarrollo, quedó inmediatamente eclipsado por un debate ideológico sobre la soberanía de los Estados, convirtiendo al evento, antes de empezar, en un foro ideológico parcializado, haciendo inminente el colapso de la asistencia de alto nivel.
En el entramado de esta debacle diplomática, el papel de República Dominicana como anfitrión ha sido objeto de intensa crítica regional. La decisión de la suspensión, comunicada de manera concisa y sin mayor justificación que las «divergencias», reforzó la narrativa de que el país caribeño operó como un mero vocero o ejecutor de una agenda preestablecida, comprometiendo su papel de mediador neutral al ceder a las presiones de la diplomacia estadounidense para mantener la exclusión.
La suspensión, por lo tanto, no se presentó como una decisión soberana para reevaluar la logística, sino como el reconocimiento forzado de que no se podía garantizar la asistencia de peso sin romper con la línea de Washington. El impacto es que RD no solo perdió la oportunidad de un gran escaparate diplomático, sino que su imagen en la región quedó ligada a la claudicación ante la presión. El gobierno dominicano se limitó a informar la suspensión, en lugar de liderar un proceso de negociación que buscara salvar el consenso.
Si la política de exclusión fue el factor gravitacional que sentenció el evento, fue el «Veto del Sur», liderado por las decisiones de México y Colombia, lo que activó y completó el temido efecto dominó que forzó la suspensión. La postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, desde México, fue clara y contundente, sumándose a la del presidente colombiano, Gustavo Petro, cuya diplomacia ha abogado consistentemente por un acercamiento multilateral sin exclusiones ideológicas.
El peso combinado de estas dos naciones era insuperable. México y Colombia no solo representan dos de las economías más grandes de América Latina, sino que sus líderes gozan de una significativa influencia moral y política. Su negativa a asistir, a menos que se garantizara la participación de todos los Estados, dejó al eje EE. UU.-RD en una posición insostenible, pues su ausencia significaba la pérdida de legitimidad total del evento, forzando la suspensión obligatoria.
Ante el inminente anuncio de que otros líderes progresistas, como el de Brasil, seguirían el mismo camino, los promotores de la Cumbre entendieron que la única opción era el repliegue. La decisión de la suspensión, por lo tanto, no fue un acto de proactividad, sino una reacción forzada a la cohesión del bloque regional que dijo «No» a la agenda impuesta. El efecto dominó fue así: Exclusión, rechazo de México y Colombia, pérdida de legitimidad y, finalmente, la suspensión obligatoria del encuentro continental.
Deterioro Diplomático
El anuncio oficial de la suspensión detonó un «eco en comunicación» que, lejos de calmar las aguas, magnificó la derrota. Los medios de comunicación y los analistas se dividieron en tres grandes frentes, confirmando la polarización que la Cumbre pretendía, sin éxito, superar. Esto dejó en evidencia la incapacidad de la diplomacia estadounidense y dominicana para manejar el disenso regional de una manera constructiva.
El eje EE. UU.-República Dominicana, junto a sus aliados, enarbolaron la narrativa de que la suspensión era la prueba irrefutable de la intransigencia de los gobiernos vetados, buscando justificar la política de exclusión. Esta posición se centró en presentar la cancelación no como un fracaso diplomático propio, sino como una consecuencia directa de la «toxicidad» de los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, subrayando la imposibilidad de un diálogo fructífero sin alineamiento ideológico.
Por su parte, el Bloque Progresista Regional celebró el desenlace como una contundente victoria de la soberanía y el multilateralismo inclusivo. La tesis que prevaleció en este frente fue que la región ya no tolera el tutelaje de Washington ni las imposiciones ideológicas. Los gobiernos de México y Colombia ratificaron que el diálogo continental debe ser sin exclusiones, y que la suspensión validaba su postura firme ante la agenda de división hemisférica promovida desde el Norte.
Los analistas independientes y la prensa crítica señalaron la suspensión como un fracaso rotundo de la diplomacia dominicana y un precedente negativo para futuras convocatorias. Las críticas apuntaron a la incapacidad del país anfitrión para mediar una solución y a la subestimación de EE. UU. sobre la creciente autonomía política de los nuevos líderes latinoamericanos, destacando que el vacío dejado por la Cumbre será llenado por foros como la CELAC, donde Washington no tiene voz ni voto ni capacidad de imponer vetos.
Declive de la influencia hemisférica
La suspensión forzada de la X Cumbre de las Américas es mucho más que un contratiempo logístico; es un diagnóstico claro del declive de la influencia estadounidense en el continente. Es, además, una advertencia contundente sobre el riesgo de sacrificar la autonomía diplomática por alineamientos ideológicos. El principal «efecto dominó» a largo plazo es la cristalización de una significativa derrota política para el eje EE. UU.-República Dominicana, debilitando su posición regional.
Para Estados Unidos, el fracaso demuestra que su estrategia de forzar una división hemisférica entre «democracias» y «autoritarismos» —evocando prácticas de la Guerra Fría— es insostenible ante la nueva correlación de fuerzas. Los líderes de peso en la región han demostrado que están dispuestos a priorizar la integración y el multilateralismo inclusivo sobre las directrices de Washington, lo cual erosiona la credibilidad de EE. UU. como articulador de consensos.
Esta derrota erosiona la credibilidad de EE. UU. como articulador de consensos en el hemisferio, dejando un vacío que será, inevitablemente, cubierto por foros alternativos como la CELAC. Esta plataforma, que excluye precisamente a Estados Unidos y Canadá, ganará una relevancia aún mayor como el espacio legítimo para el diálogo político y la toma de decisiones económicas que afectan al continente en su totalidad, sin condiciones previas ni vetos ideológicos.
Para República Dominicana, el costo político de haber sido el ejecutor de la política de exclusión es alto y su impacto será duradero. El país, que históricamente ha intentado balancear su cercanía con EE. UU. y su rol regional, terminó perdiendo la oportunidad de ser un anfitrión exitoso y, peor aún, se ganó la percepción de haber supeditado su diplomacia a intereses externos.
rramendez@hotmail.com
(El autor es periodista y exdiputado residente en República Dominicana).
