Por Claudio Álvarez Dunn
Bogotá. Colombia 31 de julio de 2025.- En una decisión histórica, Álvaro Uribe Vélez se convirtió esta semana en el primer expresidente de Colombia en ser declarado culpable de un delito, lo que podría allanar el camino para su procesamiento por cuestiones más graves. Si bien la condena se basa en soborno de testigos y fraude procesal, el núcleo del caso gira en torno al presunto apoyo de Uribe a grupos paramilitares y narcotraficantes responsables de masacres y otros actos de violencia y lesa humanidad.
El pasado lunes, el expresidente, exsenador y exgobernador del departamento de Antioquia fue encontrado culpable por intentar sobornar a un testigo paramilitar para que modificara un testimonio perjudicial que lo incriminaba, un delito grave que podría llevar al acusado de 73 años a prisión durante una década.
De inmediato tanto detractores como seguidores del hombre fuerte de Colombia durante cuatro generaciones inundaron las redes sociales con comentarios o memes al respecto. Entre ellos, se destaca lo escrito por Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, quien alegó que: “El único crimen del expresidente colombiano Uribe ha sido pelear sin descanso y defender a su patria. El uso como arma del poder judicial de Colombia por parte de jueces radicales ha sentado ahora un precedente preocupante”, comentó el funcionario estadounidense en su cuenta de X (antes Tweeter). De inmediato, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó a Rubio de “intromisión a la soberanía nacional” por sus declaraciones.
Al respecto, parece oportuno revisar cómo Estados Unidos evaluó las numerosas acusaciones que se han presentado contra Uribe a lo largo de los años. El sitio digital del Archivo de Seguridad Nacional (https://nsarchive.gwu.edu/), que contiene una invaluable colección en línea de más de 100.000 registros desclasificados que documentan la política de EE.UU. de los últimos 40 años, muestra que la primera revelación importante sobre Uribe se produjo hace casi 25 años con la publicación de un informe desclasificado de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) de Estados Unidos, de 1991, sobre «Narcotraficantes Colombianos Importantes». En la página 10, junto al capo de la cocaína Pablo Escobar y el traficante internacional de armas Adnan Khashoggi, aparece «Álvaro Uribe Vélez», identificado como «un político y senador colombiano dedicado a colaborar con el Cártel de Medellín en las altas esferas del gobierno».
Solicitudes posteriores amparadas en la Ley de Libertad de Información revelaron que la noticia llegó a las más altas esferas del Pentágono. Un memorando de septiembre de 2004 dirigido al entonces secretario de Defensa Donald Rumsfeld por parte de Peter Rodman, uno de sus principales asesores, informaba al jefe del Pentágono que «un informe de inteligencia militar estadounidense de 1991, recientemente desclasificado, vinculaba al presidente colombiano Uribe con narcotraficantes, específicamente con Pablo Escober, jefe del Cártel de Medellín». Si bien Rodman se mostró escéptico sobre los supuestos vínculos de Uribe con Escobar, escribió que «es casi seguro que Uribe tuvo tratos con los paramilitares (AUC) mientras era gobernador de Antioquia; es algo propio del cargo».
En Colombia, AUC se refiere a las Autodefensas Unidas de Colombia, un grupo paramilitar de extrema derecha que existió entre 1997 y 2006. Fue una agrupación de varias organizaciones paramilitares que se unieron con el objetivo de combatir a las guerrillas de izquierda, principalmente las FARC y el ELN. También se acusa a las AUC de participar en actividades del narcotráfico.
A pesar de las dudas de Rodman, una colección de documentos desclasificados del Departamento de Estado publicados por el Archivo de Seguridad Nacional en 2018 (que también aparecieron publicadas en The New York Times, Newsweek y otros medios estadounidenses) muestra que durante años los diplomáticos estadounidenses albergaron serias preocupaciones sobre los vínculos de Uribe con los narcos, incluyéndolo, por ejemplo, en un cable que identificaba a presuntos «narcopolíticos» colombianos. En otro caso, un aliado de Uribe declaró en la Embajada norteamericana que los notorios hermanos Ochoa Vásquez, cofundadores del Cártel de Medellín, habían «financiado» la campaña de Uribe al Senado. En otro cable, el embajador de Estados Unidos en Colombia, Morris Busby, dijo que creía que había «sustancia en los rumores de que Uribe y otros políticos tenían vínculos e intereses en el negocio de los narcóticos”.
Un relato de la Embajada de Estados Unidos en Colombia en 1997 cuenta la historia de Jorge Valencia Cardona, un dentista, ganadero y congresista suplente que en ese momento representaba a un distrito rural del Oriente de Antioquia que albergaba el Bloque Metro de las AUC y la finca “Guacharacas” de la familia Uribe. Aunque representaban a partidos políticos rivales, Valencia afirmó admirar al entonces gobernador Uribe por su línea dura contra la guerrilla y su firme apoyo a las milicias «Convivir», respaldadas por el gobierno. Valencia también afirmó que Uribe formaba parte de un grupo de ganaderos que “pagaban a paramilitares para perseguir a la guerrilla», según el cable.
Otras correspondencias de la época usaban el mote de “El Viejo” para referirse a Uribe. Curiosamente, “El Viejo” es el mismo apodo utilizado por el confidente Carlos Eduardo López, para referirse al expresidente en su comunicación interceptada con Juan Guillermo Monsalve, el paramilitar encarcelado cuyo testimonio, y los esfuerzos de Uribe por sobornarlo, son los rasgos centrales del caso actual.
Otros relatos se sustentan en los recuerdos de testigos presenciales que afirmaron que el rancho de la familia Uribe era la base operativa de un grupo paramilitar letal. Los documentos desclasificados demuestran que funcionarios del Pentágono y de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá describen diversos relatos sobre los presuntos vínculos de Uribe con paramilitares que se remontan a su época como gobernador en la década de 1990. También muestran que los funcionarios estadounidenses lo veían con buenos ojos y consideraban un socio estratégico clave en América Latina, ya que lo consideraban excepcionalmente capacitado para abordar las múltiples crisis de seguridad de Colombia. Por ejemplo, un memorando del Pentágono de 2003 informó que el «liderazgo agresivo» y los «recientes éxitos militares» de Uribe brindaron «una oportunidad para asestar un golpe devastador a los narcoterroristas».
Sin embargo, en 2001, la administración de George W. Bush agregó a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) , la organización paramilitar más importante del país, a la lista de organizaciones terroristas extranjeras, junto con los grupos rebeldes FARC y ELN, citando «al menos 75 masacres que resultaron en la muerte de cientos de civiles». En 2002, el Departamento de Justicia acusó a los principales líderes de las AUC de traficar más de 17 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Un mes después, una orden política de la administración Bush (Directiva Presidencial de Seguridad Nacional No.18 ) liberó la asistencia estadounidense en seguridad relacionada con la lucha contra las drogas a Colombia para su uso en operaciones antiterroristas, y encontró que “tanto las FARC como las AUC obtenían cerca del 60% de sus ingresos del tráfico de drogas».
Los documentos publicados por el Archivo de Seguridad Nacional refuerzan la idea de que los vínculos de Uribe con las milicias ilegales siempre fueron un secreto a voces, como parte de una mayor aceptación de los paramilitares entre las élites colombianas. La información que vinculaba a Uribe con los paramilitares, considerados por algunos como la fuerza más eficaz contra la guerrilla, era algo que muchos, tanto en Colombia como en Estados Unidos, estaban dispuestos a pasar por alto si cumplía con sus compromisos en asuntos de mayor prioridad.
Uribe asumió el cargo de presidente de Colombia en 2002 después de que el presidente anterior, Andrés Pastrana, intentara sin éxito lograr un acuerdo de paz con las FARC, el mayor grupo rebelde del país. En el Pentágono, los altos funcionarios se mostraron satisfechos con las promesas de Uribe de intensificar la campaña militar contra los insurgentes y, especialmente, con su disposición a ampliar el papel de Estados Unidos en la guerra civil del país cafetero.
Una respuesta a la pregunta de Rumsfeld sobre cómo medir el éxito en Colombia fue el recuento de bajas. El uso de las bajas guerrilleras como indicador de progreso en la guerra fue un tema que posteriormente dominaría las noticias en Colombia en relación con los «Falsos Positivos», un escándalo en el que oficiales del Ejército colombiano conspiraron en el asesinato de miles de civiles que fueron contabilizados falsamente como bajas insurgentes para inflar artificialmente el recuento de muertos en combate. El caso es uno de los varios grandes escándalos de derechos humanos que afectaron a la presidencia de Uribe.
Un memorando de 2003 dirigido a Rumsfeld por Marshall Billingslea, subsecretario de operaciones especiales del Pentágono, también destacó el número de soldados de las FARC muertos por las unidades de comando especiales entrenadas por Estados Unidos bajo el mando de Uribe, afirmando que la estrategia reforzada de contrainsurgencia «comenzaba a dar frutos». Billingslea también destacó el gran número de altos mandos de las FARC muertos y capturados en misiones de Objetivos de Alto Valor (HVT) durante ese periodo.
Por todo lo anterior, el Pentágono consideró a Uribe como la persona ideal para abordar las múltiples crisis de seguridad de Colombia, afirmando que su «liderazgo agresivo» y sus «éxitos militares» brindaban «una ventana de oportunidad para asestar un golpe devastador a los narcoterroristas», y añadió que «al presidente Uribe solo le quedan unos años para completar esta tarea». Apenas unos meses después, Rodman declaró a Rumsfeld que «un elemento clave de nuestro éxito ha sido el propio Uribe».
Finalmente, Uribe extraditó a Estados Unidos a un número récord de sospechosos de narcotráfico, negoció la desmovilización de miles de paramilitares y, mediante una agresiva campaña militar, redujo a más de la mitad el número de guerrilleros armados en el país. También consiguió miles de millones de dólares en ayuda estadounidense, la mayor parte de la cual se destinaba a la seguridad, según lo previsto por Rumsfeld. En 2009, George W. Bush le otorgó a Uribe la Medalla Presidencial de la Libertad.
Incluso ahora, quince años después de que Uribe dejara la presidencia de Colombia, los funcionarios estadounidenses siguen defendiendo su historial. El vicepresidente Mike Pence lo calificó de “héroe” en un tuit reciente en el que, en una medida muy inusual para un vicepresidente estadounidense, también pidió a los colombianos que permitieran al expresidente “defenderse como un hombre libre” (SIC).
Pero en Colombia, la evidencia de los supuestos vínculos de Uribe con el paramilitarismo se ha acumulado durante años, y la popularidad del expresidente ha ido en constante caída. La reciente decisión de culpabilidad significa que su formidable legado político ha enfrentado su mayor desafío hasta la fecha.
Por su parte, los críticos de Uribe esperan que la primera condena penal al expresidente allane el camino para que Uribe sea considerado responsable de acusaciones mucho más graves, incluida la formación de un grupo paramilitar durante la década de 1990 y el asesinato de unos 6.400 civiles a manos del Ejército, en el escándalo de los “falsos positivos”. No obstante, incluso con la histórica condena, ya Uribe y su equipo legal anunciaron que apelarán el fallo, lo que garantiza que el proceso se prolongue durante años.
(Las notas publicadas por el Archivo de Seguridad Nacional sobre los avances del caso Uribe y la oportuna desclasificación de información sobre Colombia pueden consultarse en los siguientes links:
https://nsarchive.gwu.edu/news/colombia/2025-07-29/colombia-former-president-uribe-convicted-paramilitary-bribery-case
https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/colombia/2020-08-31/friends-el-viejo-declassified-records-detail-suspected-paramilitary-narco-ties-former-colombian )
claudio.alvarez.dunn@gmail.com
(El autor es periodista independiente radicado en Colombia).
