Santo Domingo (República Dominicana).- La Dirección General de Migración (DGM) informó del arresto de 1,505 haitianos indocumentados y la deportación de otros 1,436.
En el Gran Santo Domingo, los operativos se concentraron en sectores como Los Alcarrizos, Sabana Perdida, Arroyo Hondo, Villa Duarte y zonas aledañas. Asimismo, en el municipio cabecera de Santiago de los Caballeros. En la región Norte y Cibao, las operaciones abarcaron Moca (provincia Espaillat), Bonao (Monseñor Nouel), Mao y Santiago Rodríguez. Sip c
De igual forma, se realizaron operativos en la región Este, en La Altagracia, incluyendo Bávaro, Friusa, Verón, Barrio Nuevo y Villa Playwood. En la zona sur y fronteriza, las acciones se extendieron a Dajabón, Elías Piña, San Juan de la Maguana, Independencia (Jimaní), Pedernales, Azua (Los Pilones), Peravia (Baní), Barahona, Bahoruco y Montecristi, en comunidades como Villa Vásquez, El Vigilante, Villa Elisa y Castañuelas.
Según el consolidado institucional, durante la jornada fueron interdictados 905 extranjeros por unidades de la DGM, mientras que 600 personas en condición migratoria irregular fueron recibidas por la institución tras ser detenidas por organismos de seguridad del Estado, incluyendo 369 por el Ejército de República Dominicana (ERD), 170 por el CESFRONT y 61 por la Policía Nacional (PN), quienes fueron entregados a la DGM para el debido proceso migratorio.
En cuanto a las deportaciones, los extranjeros fueron trasladados a los puntos de control migratorio fronterizo de Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales, donde se procesaron 1,489 personas, resultando en 1,008 deportaciones y 428 entregas conforme a los procedimientos establecidos, destacándose que 337 deportados corresponden a la jornada del día, incluyendo 92 mujeres.
La Dirección General de Migración reiteró que estos operativos se ejecutan de manera permanente y focalizada en todo el territorio nacional, como parte de una estrategia sostenida orientada a fortalecer el control migratorio, preservar el orden público y respaldar la labor de las instituciones de seguridad del Estado, siempre en apego al marco legal vigente y al respeto de los derechos humanos.
