Santo Domingo (República Dominicana).- La Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas denunciaron este martes que la construcción del muro fronterizo ha provocado la destrucción de miles de cuadros de manglares en la Laguna Saladilla, en Manzanillo; al tiempo de agregar que esa obra no cuenta con los permisos ambientales correspondientes.
La denuncia se produjo en el marco de una rueda de prensa encabezada por la vicerrectora de extensión, maestra Rosalía Sosa y por el coordinador de la Comisión Ambiental de la UASD, maestro Luis Carvajal.
Carvajal dijo que la destrucción de esa área verde se ha producido en el proceso de construcción y relleno de una trocha de más de 20 metros de ancho, que dará paso a una carretera de unos 20 kilómetros de largo, por donde se levanta el muro fronterizo.
«Esto dejará dividido en dos este refugio de vida silvestre que, además está protegido por la Convención Internacional RAMSAR», subrayó el ambientalista.
Explicó que esa grave situación no solo afecta el territorio ya impactado, sino que con ese relleno que se vierte sobre el muro a través de un sistema acuático asociado al río Masacre, se dejará sin fuente de agua al manglar situado al este de la construcción, lo que generaría un crimen ecológico que podría causar su desaparición.
Alertan de que ante la potencial pérdida de más de 800 mil metros cuadrados de suelo dominicano, esa área verde quedará aislada entre la frontera y el muro, quedando sin protección y a merced de los depredadores de esa zona.
Indica además, que otro elemento que desborda toda lógica, es que a pesar de los esfuerzos en defensa del río Masacre, un largo tramo del mismo también quedará aislado del territorio, con toda la vulnerabilidad que implica » perder de vista», lo que ocurra desde el paraje La Vigía hasta su desembocadura el mar.
Lamentaron que todo eso haya ocurrido a pesar de que las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales han tenido pleno conocimiento de ese crimen ambiental.
«Se han hecho de la vista gorda bajo el argumento de que se trata de una obra de Estado, pasando por alto los mandatos de la Constitución y las leyes, que ponen bajo custodia el Sistema Nacional de Áreas Protegidas», dijo Carvajal.
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