Washington (Redacción BID).- ¿Sabías que la tasa de encarcelamiento en América Latina y el Caribe creció más de 137% en las últimas dos décadas? Además, la mayoría de las 1.5 millones de personas privadas de libertad a nivel regional enfrentan situaciones críticas de fragilidad física y social, asociadas con su confinamiento, la falta de medidas alternativas al encarcelamiento y programas de reinserción, y la poca integración de intervenciones entre instituciones oficiales y sociedad civil.
El aumento de personas privadas de libertad pertenecientes a grupos vulnerables ha profundizado la necesidad de nuevas políticas y estudios. Por ejemplo, desde el 2000 el número de mujeres en prisiones de la región aumentó más del 60% en comparación con un crecimiento del 22% entre los hombres. Asimismo, la presencia de personas migrantes o LGBTQ+ en centros penitenciarios o bajo custodia de la policía, continúa en expansión en muchos países de la región.
De acuerdo con un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el encarcelamiento genera costos económicos equivalentes a un 0,39% del Producto Interno Bruto de América Latina y el Caribe, además de los costos sociales y humanitarios.
¿Cómo profundizó la pandemia de COVID-19 los desafíos de política penitenciaria en la región?
La pandemia del COVID-19 impulsó la necesidad de un nuevo marco de investigación social para caracterizar estos y otros desafíos de política penitenciaria. Según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre marzo y septiembre de 2020, más de 1.500 personas privadas de libertad en la región fallecieron directa o indirectamente por causas asociadas con la enfermedad, y alrededor de 140.000 resultaron infectadas.
Según estadísticas recabadas por el BID, la ocupación de las celdas alcanzaba el 145% antes de la pandemia, y menos del 40% de las personas internas tenía jabón, pasta de dientes o papel higiénico al momento de la recolección de datos. Solo una de cada cuatro personas dijo tener acceso a agua potable. Por ello, el 67% de las personas privadas de libertad entrevistadas reportaron que se habían enfermado en alguna ocasión durante su encierro, y de estos solo el 29% recibió atención médica.
Por estas y otras condiciones, varios estudios han estimado que la tasa de prevalencia de enfermedades altamente contagiosas como la tuberculosis y la hepatitis C es mucho más alta en centros de detención que fuera de ellos.
La emergencia sanitaria del COVID-19 agudizó esta situación y alteró de forma más amplia la naturaleza de la gestión penitenciaria en términos de prioridades, recursos e instrumentos de política.
Asimismo, la pandemia limitó severamente la oferta de programas de atención y rehabilitación, y generó presiones adicionales sobre los servicios de salud y de planeación institucional que ya estaban rebasados.
¿Cómo apoya el BID el fortalecimiento de los sistemas penitenciarios de América Latina y el Caribe?
El trabajo del BID promueve políticas de prevención del delito, mejora las medidas de reinserción de las personas en conflicto con la ley y fortalecer las instituciones de seguridad y justicia. Nuestra estrategia incluye apoyo en la elaboración de políticas públicas sectoriales, asesoría estratégica, asistencia técnica y capacitación.
Por ejemplo, para responder a la situación de emergencia en los sistemas penitenciarios de la región durante la crisis de salud pública por el COVID-19, el BID realizó en abril de 2020 un Diálogo Técnico Regional con Ministros de Justicia, Interior y Gobernación de América Latina y el Caribe, y con socios estratégicos en esta temática como la Asociación Internacional de Prisiones (ICPA) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), para tratar los principales desafíos generados por la pandemia y analizar posibles mecanismos de mitigación.
Para consolidar este tipo de intercambios, el BID aprobó en 2021 una iniciativa de Bien Público Regional (BPR) cuyo objetivo es encontrar soluciones conjuntas a desafíos de desarrollo compartidos. Específicamente, el BPR “Modelo de gestión integral penitenciaria de respuesta a las crisis sanitarias y humanitarias en las prisiones de ALC” está diseñado para generar: (i) protocolos sanitarios y medidas de bioseguridad; (ii) analizar la implementación de medidas alternativas al encarcelamiento; y (iii) estudiar el uso de innovaciones tecnológicas seguras para mejorar la gestión penitenciaria. Los países participantes en esta iniciativa son: Argentina, Brasil (Espírito Santo), Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Uruguay.
Convocatoria a propuestas de investigación: La construcción de un modelo de gestión penitenciaria de respuesta a las crisis sanitarias y humanitarias en América Latina y el Caribe
De forma paralela, el BPR también ha buscado profundizar el uso de la información existente sobre las personas privadas de libertad en la región, para generar perspectivas apoyadas en evidencias e insumos de política pública.
Precisamente este es el propósito de esta convocatoria abierta: presentar propuestas de investigación que apoyen el mejoramiento de la gestión de los sistemas penitenciarios. Mediante esta iniciativa se busca poner a disposición de las personas Investigadoras seleccionadas una base de microdatos con información inédita de encuestas penitenciarias financiadas por el BID en la última década.
Esta iniciativa consistió en la recolección de encuestas cara a cara con población privada de libertad adulta en 10 países de la región -Argentina, Bahamas, Barbados, Costa Rica, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Surinam y Trinidad y Tobago- con módulos específicos sobre sus características demográficas, contexto familiar, condiciones de confinamiento e interacción con el personal penitenciario.
El trabajo de campo y diagnóstico es actualmente el más grande en la región en términos del tamaño y diversidad de la muestra, rigor metodológico y potencial para realizar estudios comparativos y temáticos. Hasta el momento, los más de 8,000 cuestionarios realizados han servido de base para elaborar artículos académicos y otras publicaciones.
Esta convocatoria abierta busca promover por primera vez el uso sistemático de esta base de datos como un instrumento para hacer investigación que contribuya a la planificación y contextualización de la política penitenciaria local. Su objetivo es generar conocimiento aplicado mediante el uso del análisis transversal de los microdatos en las encuestas BID y de su integración con otras fuentes de información y literatura sobre poblaciones privadas de libertad y gestión penitenciaria a nivel local y/o regional.
El resultado que se espera alcanzar es que las personas Investigadoras seleccionadas vinculen el análisis de diagnóstico basado en las encuestas, con proyectos más amplios de evaluación y transformación institucional. Además, y como parte del BPR, se espera que estos trabajos empíricos sirvan como vehículo de integración y difusión de conocimientos, y de creación de comunidades de práctica más dinámicas y diversas.
Los temas por desarrollar son abiertos, aunque estos deben apoyarse principalmente en las encuestas BID y en la literatura académica o institucional relevante.
Se sugieren los siguientes temas de investigación, sin perjuicio de otras líneas de investigación consideradas relevantes: (i) caracterización de riesgo y necesidades para poblaciones vulnerables; (ii) acceso para personas privadas de libertad a servicios legales y de salud; (iii) condiciones de reclusión; (iv) trayectorias sociales y delincuenciales; (v) programas educacionales y vocacionales para la rehabilitación, con inclusión comunitaria; (vi) programas y servicios de salud mental; (vii) capacitación del personal penitenciario y servicio de carrera; y (viii) medidas alternativas al encarcelamiento y procesos de justicia restaurativa.
¡Te invitamos a participar a encontrar soluciones para mejorar la gestión penitenciaria en América Latina y el Caribe! Para más información sobre este llamado verifica las bases aquí , descarga el formulario de propuesta aquí y descarga la lista de variables y observaciones de la base de datos aquí.
¿Cómo mejorar la gestión penitenciaria en América Latina y el Caribe?
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