Santo Domingo (República Dominicana).- El Consejo de Defensa del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, denunció este jueves una presunta trama de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), para dilatar el proceso de investigación que siguen a su cliente, «al no existir pruebas en su contra con el objetivo de prolongar prisión ilegal reenviando las audiencias fijadas por los tribunales como táctica dilatoria».
Recordó que el pasado 28 de febrro el Ministerio Público presentó una solicitud de prórroga de cuatro meses al dejar vencer el plazo ampliado de 8 meses otorgando sin presentar un archivo del caso o una acusación como lo manda la ley.
Gustavo Biaggi, uno de los abogados, reiteró que luego de «engañar» al país informando que tenían un «expediente blindado» resulta que «no tienen una sola prueba contra el ex procurador, y por tanto solicitan cuatro meses adicionales solicitud que en función del artículo 228 del Código Procesal Penal ordena la suspensión de la presión preventiva y conlleva la libertad del investigado».
El Consejo de Defensa de Rodríguez recusó formalmente a 5 miembros del Ministerio Público de los más de 1.500 que componen la matrícula de la institución, sobre lo que el también abogado de defensa Francisco Franco afirmó que «el rechazo de la misma confirma el odio existente entre los miembros del órgano persecutor y nuestro cliente.
Entre los llamados a ser recusados se encuentran Wilson Camacho, Yeni Berenice, «por estos encontrarse inhabilitados para investigar a su ex compañero de trabajo conforme lo prohíbe de forma expresa el artículo 80, acápites 1, 7 y 9 de la Ley 133-11, al estos ser parte y tener interés en la investigación que participan, al haber administrado y gastado directamente parte de los fondos que la PEPCA ha definido fueron utilizados sin seguir los procesos administrativos mientras estos fungían como Fiscales Titulares o subdirectores, realizando compras de equipos de tecnología, y otros gastos, que se encuentran en el propio expediente contra el ex Procurador».
Franco indicó que lo anterior al margen de que Camacho y Reynoso no permitieron que el exprocurador Rodríguez declarara en dos audiencias, y se han referido en medios de comunicación de forma despectiva y vejatoria.
Los juristas señalan que la Ley 133-11 contempla que al haber existido una relación laboral con el investigado, estos miembros del Ministerio Público no pueden dirigir y ejercer la acción pública contra el investigado; y que tanto la Ley 133-11 como el Código Procesal Penal establecen que el «odio y la conocida enemistad capital de los recusados frente al ex Procurador los inhabilita y les impide participar en la investigación».
«Existen decenas de pruebas, declaraciones públicas y escritos que demuestran la deteriorada relación y animadversión existente de parte de los miembros del Ministerio Público y el ex Procurador. La destitución de Yeni Berenice y su rechazo a participar Consejo Superior del Ministerio Público (CSMP) para la selección de los fiscales y procuradores es una muestra suficiente de su falta de objetividad en el proceso. Esto al margen de que en plena falta de objetividad y animadversión se han referido al ex Procurador de forma negativa, despectiva y peyorativa, llegando hasta el punto de impedirle declarar en varias audiencias violentando sus derechos fundamentales», expresó Franco.
La defensa del exprocurador Rodríguez insistió en que la PEPCA «mintió» al país informando que tenían un «expediente blindado» presentando la construcción, impermeabilizantes e inodoros y resulta que la Procuraduría General, Miriam Germán Brito, aprobó todos los contratos del ex Procurador Jean Alain Rodríguez y les pagó más de 220 millones adicionales.
«Tienen un año y medio investigando que incluye 8 meses formales que ya han vencido, nos niegan y ocultan todos los documentos y pruebas que pedimos, para ahora solicitar al tribunal una prórroga de 4 meses porque el expediente blindado ya no está tan blindado. No merecen ni un solo día de prórroga y si la otorgan entonces que cumpa el juez con la ley otorgando como la libertad de nuestro cliente.», expresó por su lado el abogado Carlos Balcácer.
El Consejo de Defensa del exprocurador Rodríguez reiteró que la opinión pública debe estar informada y atenta del proceso, pues han solicitado de nuevo que la audiencia fijada para el viernes a las 4:00 de la tarde sea pública y a puertas abiertas para que todo lo que acontezca en la sala sea conocido.
De otra parte, este pasado miércoles el procurador adjunto Rodolfo Espiñeira Ceballos rechazó, por carecer de fundamentos jurídicos que justifiquen sus argumentos, la recusación interpuesta por el exprocurador Rodríguez, contra cinco fiscales, y la inhabilitación de más de 20 que llevan el caso por corrupción en su contra, derivado de la «Operación Medusa».
Espiñeira Ceballos recordó, mediante el Auto 000020, del 14 de marzo de este 2022, que funge como procurador general en el caso contra Rodríguez, en virtud de que la magistrada Miriam Germán Brito, máxima representante del Ministerio Público, se inhibió del proceso.
El auto explica que Carlos Balcácer, Gustavo Biaggi Pumarol y Francisco Franco, abogados del procesado, enviaron a Germán Brito la notificación sobre la recusación y la solicitud de inhabilitación de los fiscales incoada por el procesado, y que de inmediato la magistrada la reenvió a Espiñeira Ceballos atendiendo a que está inhibida en el caso.
Espiñeira Ceballos rechazó la recusación que perseguía que los fiscales fueran apartados del caso y que además fueran inhabilitados para perseguir los hechos de corrupción imputados a Rodríguez mientras se desempeñó como procurador general de la República entre 2016 y 2020.
El auto cita varios artículos de la Ley 133-11, Orgánica del Ministerio Público y el Código Procesal Penal.
Al evidenciar la falta de argumentos válidos para la recusación, Espiñeira Ceballos plantea que Rodríguez “lo único que pretende al parecer es evadirse de la persecución penal de que es objeto”.
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