Redacción (RT.com).- La jueza penal 44 del Circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, condenó este viernes, en primera instancia, al expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez a 12 años de prisión domiciliaria, por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
El expresidente, según revela El Espectador y otros medios colombianos que tuvieron acceso al documento de sentencia, fue condenado a pagar una multa equivalente a 2.420 salarios mínimos, esto es, más de 3.444 millones de pesos (unos 830.000 dólares). Además, quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos durante más de ocho años.
De momento, la condena no quedará ejecutoriada porque la defensa de Uribe anticipó que apelará el fallo; con ello, el caso pasará al Tribunal Superior de Bogotá, recoge El Tiempo.
El exmandatario, de 73 años, ya se encontraba en prisión domiciliaria desde el pasado lunes, cuando Heredia lo declaró culpable en el fallo del denominado ‘juicio del siglo’.
El histórico fallo
Heredia consideró que el expresidente y líder del Centro Democrático, mediante emisarios, ofreció beneficios a personas privadas de libertad con el objetivo de resultar favorecido en otros procesos que la Justicia adelantaba en su contra. Asimismo, se lo acusa de manipular testigos a través de terceros para que vincularan al senador Iván Cepeda con hechos ilegales.
De acuerdo con el veredicto, el exmandatario es culpable del delito de soborno en actuación penal porque, a través de su exabogado Diego Cadena, trató de sobornar e incentivar económicamente a varios testigos para que declarasen falsamente ante la justicia.
Aunque los actuales abogados señalaron que el hecho fue cometido a espaldas de Uribe y que Cadena actuó de manera voluntaria; la jueza determinó que el político conocía sus acciones en las cárceles del país y que en el juicio quedó «suficientemente acreditada la actuación del expresidente en el delito de soborno en actuación penal».
La magistrada también indicó que se configuró el delito de fraude procesal, pues se estaba llevando a cabo una estrategia deliberada de manipulación de la justicia, a través de un memorial elaborado por Cadena y un video entregado por el abogado suplente Juan Felipe Amaya, radicados ante el alto tribunal.
El histórico fallo desató una ola de reacciones internas a favor y en contra tanto del dictamen como de la jueza y el exmandatario. Incluso hubo un pronunciamiento por parte de EE.UU., hecho por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien se mostró crítico ante la decisión y señaló que «el único delito» de Uribe «ha sido luchar y defender incansablemente a su patria» y que «la instrumentalización del Poder Judicial de Colombia por parte de jueces radicales ha sentado ahora un precedente preocupante».
En respuesta, la Corte Suprema de Justicia colombiana manifestó su «firme rechazo a las injerencias indebidas y a las expresiones de voces que sugieren que las decisiones adoptadas por los jueces no se ajustan a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico».
Mientras, el presidente Gustavo Petro calificó las declaraciones de Rubio de «intromisión a la soberanía nacional» e instó a la comunidad internacional a «respetar los jueces de Colombia».
Una investigación entrampada por años
La Fiscalía General de la Nación acusó a Uribe en mayo de 2024 de los delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal, después de que entre 2012 y 2014, el senador Cepeda presentara testimonios de los exparamilitares Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, quienes aseguraban haberse reunido con Uribe durante su mandato como gobernador del departamento de Antioquia. En respuesta, el expresidente denunció a Cepeda ante la Corte Suprema por calumnia, fraude procesal y abuso de función pública.
En 2018, el tribunal encontró indicios de que Uribe habría manipulado testimonios para incriminar a Cepeda, por lo que en 2020 fue condenado a arresto domiciliario, en el que se mantuvo por 67 días. En ese momento, se desempeñaba como senador y renunció al cargo para no ser juzgado por el Supremo, sino por la justicia ordinaria, a través de la Fiscalía.
Aunque el ente acusador pidió en 2021 la preclusión del proceso, en 2022 dos jueces rechazaron esa solicitud. En 2024, con la llegada de la fiscal general Luz Adriana Camargo, finalmente, el exmandatario fue llamado a juicio, acusado de soborno a testigos, fraude procesal, y un nuevo cargo por soborno. Desde febrero de este año, el caso se ha mantenido bajo constante prescripción.
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