Redacción (Rt.com).- La Oficina de Asesoría Legal (OLC, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia de Estados Unidos elaboró un documento legal clasificado en el que se argumenta que el presidente puede emplear la fuerza letal contra una «lista secreta y extensa de cárteles y presuntos narcotraficantes», bajo el argumento de que «representan una amenaza inminente para los estadounidenses», informa CNN, que cita a varias fuentes familiarizadas con el asunto.
Con ello, las fuentes del medio destacan que la lista de supuestos cárteles incluida en la opinión legal «va más allá de aquellos que el Gobierno ha designado públicamente como organizaciones terroristas».
Aunque la función principal de la OLC —órgano interno del Departamento de Justicia de EE. UU. encargado de asesorar legalmente al presidente, al fiscal general y a las agencias federales— es emitir opiniones legales sobre la interpretación de la ley federal, incluyendo asuntos constitucionales y de políticas ejecutivas, expertos consultados por CNN calificaron su opinión legal como «significativa».
Según estos especialistas, el documento «parece justificar una guerra abierta contra una lista secreta de grupos, otorgando al presidente el poder de designar a narcotraficantes como combatientes enemigos y ordenar su ejecución sin revisión judicial«.
«Una guerra más amplia que tras el 11-S»
La exasesora legal adjunta del Departamento de Defensa y actual analista sénior del Crisis Group, Sarah Harrison, señaló a CNN que, de ser «tan amplia como parece», la estimación de la OLC implicaría que el Departamento de Justicia interpreta que el presidente dispone de poderes «tan extraordinarios que puede decidir por sí solo librar una guerra mucho más amplia que la autorizada por el Congreso tras los atentados del 11 de septiembre«.
Asimismo, agregó que el documento de la OLC permitiría a la Administración Trump considerar que cualquier grupo —sin importar su tamaño— al que acusen de traficar drogas hacia EE.UU., estaría cometiendo un «ataque contra el país«, lo que justificaría una respuesta con fuerza letal.
Según el medio, el nuevo documento de la OLC serviría como base de un memorando que la Administración Trump habría enviado al Congreso la semana pasada. En ese texto, el presidente habría calificado a los cárteles de la droga como «combatientes ilegales» y habría sostenido que EE.UU. está librando un «conflicto armado» con ellos, lo que justificaría el uso de la fuerza militar y los recientes —y posibles futuros— ataques estadounidenses letales contra presuntas embarcaciones de narcotráfico y supuestos miembros de cárteles en el Caribe.
En el Pentágono, algunos abogados militares —entre ellos especialistas en derecho internacional de la Oficina del Asesor Jurídico General del Departamento de Defensa— sostienen en conversaciones con CNN que los ataques letales de EE.UU. bajo el pretexto de la lucha contra presuntos narcotraficantes parecen carecer de fundamento legal.
Sin embargo, no tienen la autoridad para anular la opinión de la OLC, que constituye la interpretación legal oficial del poder ejecutivo. Además, varios juristas del Departamento de Defensa evitan expresar públicamente su desacuerdo, según indicaron a la cadena tres oficiales del cuerpo jurídico militar en servicio.
Ataques de EE.UU. en el Caribe
El pasado 3 de octubre, el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, compartió un video que recoge un ataque de sus Fuerzas Armadas contra lo que denominó un «barco narcotraficante» que navegaba por el Caribe, cerca de Venezuela. Detalló que el ataque fue llevado a cabo en aguas internacionales por orden del presidente Trump y que acabó con la vida de cuatro tripulantes que calificó de «narcoterroristas».
No fue la primera vez que Washington llevaba a cabo este tipo de ataques en el contexto de un despliegue militar en el Caribe sur que Caracas ha calificado de «agresión». El primero de ellos ocurrió el pasado 2 de septiembre, informó entonces el propio Donald Trump, que señaló que la operación contra un supuesto «narcobarco» dejó 11 muertos.
Posteriormente, el 15 de septiembre, el mandatario comunicó que fuerzas de su país realizaron un «segundo ataque cinético contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas […] en el área de responsabilidad del Comando Sur». Trump mencionó, además, que el evento «resultó en la muerte de tres terroristas varones en combate». Asimismo, se conoció que el 19 de septiembre, otra lancha fue destruida por las fuerzas estadounidenses en el Caribe, en una operación conjunta con República Dominicana. Entonces se incautaron más de 300 paquetes de presunta cocaína y los tres tripulantes fueron asesinados por el ataque aéreo.
- El pasado mes de agosto, EE.UU. desplegó un amplio contingente militar en el Caribe, bajo el pretexto de la lucha antinarcóticos y con señalamientos directos contra Venezuela.
- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha cuestionado la verdadera razón de los operativos, ya que el Caribe no es la principal ruta que usan los narcotraficantes para enviar droga a EE.UU.
- Asimismo, Maduro ha desmentido las acusaciones de Washington en repetidas ocasiones. El mandatario sostiene que su país es presa de «una guerra multiforme» orquestada desde EE.UU. en interés de propiciar un cambio de Gobierno.
- Ante esta situación, Moscú reafirmó su amplio apoyo y solidaridad con los dirigentes y el pueblo de venezolano y condenó «enérgicamente el nuevo ataque perpetrado por el Ejército estadounidense el 3 de octubre contra una embarcación en aguas internacionales cerca de Venezuela».
- Otros mandatarios de la región, como Miguel Díaz-Canel (Cuba), Luis Arce (Bolivia), Daniel Ortega (Nicaragua) y Gustavo Petro (Colombia), consideran que no existe evidencia alguna que sirva de base a la acusación estadounidense contra Maduro, mientras que sí son públicas las apetencias del país norteamericano por dominar recursos estratégicos presentes en el hemisferio occidental.
- Los cancilleres de bloques como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) han pedido que se respete la declaración de la región como una zona de paz.
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