Santo Domingo (República Dominicana).- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) presentó al Senado de la República recomendaciones, cambios y enmiendas a la propuesta de ley que procura regular el ejercicio del derecho a la información en el país.
El presidente del gremio que agrupa los abogados, Trajano Potentini, se puso a disposición del Congreso Nacional en el objetivo de seguir ampliando el análisis crítico, en el interés de dotar al país de una ley que garantice en democracia la capacidad de los dominicanos a expresarse libremente para escrutar y cuestionar sin ataduras el accionar de los gobernantes siempre con apego al respeto racional de los derechos de todos.
Potentini recordó que de forma reiterada el Poder Ejecutivo Dominicano ha pretendido regular el ejercicio del derecho fundamental a la información y con ello la libertad de expresión en el contexto de las redes sociales y hoy ya también con la inminencia de una exponencial inteligencia artificial, una realidad y necesidad incuestionable, máxime por tratarse de un ordenamiento jurídico que precisa de actualizar y superar la vetusta Ley 6132 de 1962 sobre expresión y difusión del pensamiento (más de 60 años de vigencia), antiquísima por demás y descontextualizada del mundo tecnológico y constitucional actual.
Para la ocasión el gobierno ha depositado formalmente por ante el Senado de la República con el apoyo de los diarios tradicionales, con quienes se ha planteado que por años vienen entre ellos trabajando el referido proyecto, lamentablemente al margen de amplios sectores sociales que hoy reaccionan exigiendo, como también lo hace el colegio de abogados de un amplio consenso, discusión y vistas públicas para que el país en pleno pueda referirse y verificar la transparencia con que debe configurarse un instrumento de tanta valía para la democracia y el estado de derecho como lo sería la regulación de la libertad de expresión.
De acuerdo con el CARD, en principio el accionar del gobierno busca con el anteproyecto de ley concretar la reserva de ley que hace mandatorio el desarrollo legislativo del derecho fundamental a la información previsto desde el año 2010 en el artículo 49 de la constitución dominicana, cuyas responsabilidades por parte del congreso al tratarse de un tema orgánico deberán ser las más amplias posibles, respetando el núcleo esencial del derecho fundamental abordando, con ello atenuando al máximo la excesiva capacidad de reglamentación que erróneamente como veremos se deja en manos de un órgano creado por el propio proyecto.
Se trata de un proyecto muy ambicioso con pretensiones de reglamentar, no sólo el ecosistema comunicacional y tecnológico del país, también incluye las grandes plataformas redes sociales globales (Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok), servicios de streaming (Netflix, etc.), agregadores de contenido, así como medios digitales locales (periódicos en línea, portales de noticias) e incluso foros o blogs con alcance significativo, a condición de que tengan en sus redes sociales seguidores que igualen como mínimo el del 10% de los usuarios dominicanos con acceso a internet, de acuerdo a las estadísticas de las telefónicas y órganos oficiales sería el 10 por ciento de unos 8.5 millones de usuarios, para un total de 850 mil seguidores.
