Santo Domingo (República Dominicana).- El experto en Derecho Constitucional, Cristóbal Rodríguez, calificó como bastante válida la idea del presidente Luis Abinader, de someter una nueva reforma de la Constitución de la República para dificultar cambios amparados en apetencias de controlar el poder.
Rodríguez sostuvo que es importante tomar previsiones para impedir que un acto tan incompatible con cualquier idea de la moral política, como el de adaptar la ley suprema a la voluntad de poder de una persona o un pequeño grupo.
«Creo que las preocupaciones que ha externado el presidente de la República sobre el tema son bastantes válidas, pienso que su idea alrededor del tema de la reelección presidencial y de dificultar o hacer más dificultoso el procedimiento alrededor del tema de la reelección presidencial tiene un anclaje histórico importante», agregó al ser entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa «Esferas de Poder», que se transmite los domingos por RNN Canal 27.
Rodríguez manifestó que desde 1994 a la fecha se han producido cinco reformas de la Ley Sustantiva alrededor del mismo tema.
«Entonces, eso nos dice que es fácil, dificultarlo creo que es útil», acotó, tras insistir que tal y como está diseñado, el sistema constitucional es muy vulnerable y fácil de modificar. «Hay algunas cuestiones, algunas que deben ser revisitadas y algunas otras que deben ser sometidas a modificación en el texto».
El experto en Derecho Constitucional explicó que luego se debe aprobar la ley que crea la necesidad de la reforma, que tiene un carácter ordinario porque se aprueba con mayoría simple, ante lo cual recomienda que se convierta en orgánica para obligar su aprobación con las dos terceras partes de los presentes, una vez conformado el quórum.
«Ese incremento en cada etapa del régimen de mayoría vuelve mucho más dificultosa la posibilidad de reforma que con el sistema actual», recalcó.
El jurista sostuvo que si se quiere dificultarlo un poco más, bastaría con convertir la iniciativa de reforma constitucional en materia de reelección presidencial o duración del período de gobierno en una de las causas de un referendo aprobatorio.
«Es decir, que no basta con que la Asamblea apruebe una reforma sobre esta materia, sino que una vez aprobada por la Asamblea tenga que ser refrendada mediante una consulta popular de naturaleza vinculante», comentó.
Rodríguez precisó que el asunto de la reelección ha gravitado en toda la historia político-constitucional del país a lo largo de 180 años de vida republicana y planteó que también ha estado entre las causas principales de acontecimientos graves y trágicos, como guerras civiles, golpes de Estado, divisiones entre partidos, crisis económicas, quebrantamiento y fractura del orden institucional en innúmeras ocasiones.
Recordó que la segunda mitad del siglo IXX estuvo significativamente condicionada por la decisión de casi todos los presidentes, de manipular a su antojo y para su beneficio el tema del período de duración del mandato y la reelección.
Por otra parte, Rodríguez consideró que el presidente de la República debe continuar teniendo un rol importante en la decisión del o la titular de la Procuraduría General de la República.
«Pienso también que su rol debe de relativizarse y creo que la forma fundamental para que no sea absolutamente discrecional la relación entre el presidente y el Procurador General de la República es estableciendo un régimen de compatibilidades», acotó el catedrático, quien considera que no debería ser Procurador General de la República un dirigente proveniente de un alto órgano de dirección de un partido político.
Considera que en término orgánico, no puede haber una independencia absoluta del Ministerio Público, respecto de la Presidencia de la República.
«Ahora, la cabeza del Ministerio Público tiene que tener garantizados unos estándares de independencia funcional que no están garantizados cuando la decisión se toma con absoluta discrecionalidad por parte del presidente de la República», adujo Rodríguez.
Manifestó que hay propuestas de que el presidente designe al Procurador y lo tenga que validar una de las cámaras legislativas, frente a lo cual no cree que con eso se genere un cuello de botella.
Asimismo, que lo pueda designar el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), a propuesta del presidente de la República.
Recordó que los embajadores los designa el presidente, pero deben ser ratificados por el Senado de la República, método en torno al cual no se ha originado ningún evento.