A rajatabla
Cuando el empresario Fernando Capellán dimitió a la presidencia de la Asociación para el Desarrollo de Santiago (Apedi), para afrontar las consecuencias económicas y jurídicas del cierre del complejo de zona franca Codevi, en Dajabón, grupos ultranacionalistas lo acusaron de presionar al gobierno para que reabra la frontera.
Uno de esos dirigentes conservadores sugirió a Capellán instar a los 19 mil trabajadores de ese consorcio industrial a realizar manifestaciones contra la construcción del lado haitiano de un canal sobre el rio Dajabón, como si fuera saludable que un grupo empresarial dominicano se inmiscuya en esos asuntos.
En visita al rehabilitado canal La Vigía, que desviará hacia el lado dominicano un metro y medio cúbico por segundo de aguas del Masacre, el presidente Luis Abinader confirmó que su gobierno reabriría el comercio, aunque mantendría cerrada la frontera al trasiego de personas.
El diferendo con Haití por la construcción ilegal e irregular de ese canal persistirá por mucho tiempo porque sus diversos grupos de intereses, incluido gobierno, elites económicas y bandas armadas se han unidos en torno a ese despropósito.
Una revisión de las cuentas nacionales, entorno internacional y diseño del Presupuesto 2024, indica que el gobierno carece de capacidad financiera para subsidiar a centenares de comercios, industrias, agroindustrias y productores agropecuarios que participan del comercio bilateral.
La crisis de reputación que hoy enfrenta República Dominicana es causada por recurrentes denuncias de la diplomacia haitiana de que aquí le negamos agua y comida, otra razón adicional para reabrir el comercio con el vecino, aun a riesgo de que los grupos ultra acusen al propio presidente de traición a la patria.
El gobierno debe gestionar el riesgo que para la soberanía y la seguridad nacional implica la eventual intervención en Haití de una fuerza militar internacional, sobre todo, después de la advertencia que ha hecho Kenia, de que no se trata de una misión de paz, sino de control y contención.
Las operaciones de esos contingentes militares no serían en la catedral de Puerto Príncipe, sino en asentamientos humanos controlado por bandas armadas, lo que conllevaría a enfrentamientos y desmovilización poblacional.
No se niega que la frontera está bien reguardada por las fuerzas armadas, pero cualquier rebrote migratorio no podría afrontarse solo con el uso de la fuerza, por lo que desde ahora debería preverse que los refugios operen del lado haitiano.
Alienta saber que el presidente Abinader estaría en disposición de reabrir el comercio binacional, lo que permitiría que fluya comida hacia el pueblo haitiano y que 24 mil trabajadores, retornen a sus labores en dos zonas francas cerradas por el cierre de la frontera.
orion_mejia@hotmail.com
(El autor es abogado y periodista residente en Santo Domingo, República Dominicana).
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