San Juan (Puerto Rico).- La Oficina de Gerencia y Permisos (OGPe) y la Junta de Planificación (JP) respaldaron este lunes un proyecto que propone definir el alcance de legitimación estatutaria en la Ley de Reforma de Permisos para que la persona privada que solicite protección urgente ante un tribunal bajo un remedio interdictal tenga que probar la existencia de un daño.
En vista pública de la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por el representante Joel Franqui Atiles, ambas agencias favorecieron imponer un uso más riguroso de este recurso legal y clarificar las circunstancias bajo las cuales una parte adversamente afectada pueda tener legitimación activa para solicitar un injunction (orden del tribunal para hacer o dejar de hacer algo), mandamus (orden judicial que obliga a que funcionario o agencia gubernamental cumpla con su deber legal cuando así lo ha dejado de hacer de manera injustificada), sentencia declaratoria u otro remedio judicial
“De esta forma se aclara que la parte promovente debe alegar de forma específica y clara que sufre una lesión o daño particular por la obra. Este recurso extraordinario no se puede solicitar formulando alegaciones especulativas e hipotéticas”, expresaron en la exposición de motivos del proyecto de la Cámara 310, los representantes Jorge “Georgie” Navarro Suárez y Luis “Josean” Jiménez Torres, autores de la medida.
La pieza legislativa enmendaría el Artículo 14.1 de la Reforma de Permisos (Ley 161-2009) con la intención de que la persona demandante, específicamente, alegue que posee un interés propietario o personal sujeto a un daño inminente, que dicho daño puede vincularse razonablemente a la conducta de la parte demandada y que el perjuicio sufrido es susceptible de reparación mediante el remedio solicitado.
La OGPe destacó en un memorial explicativo que la figura de legitimación estatutaria que propone la legislación es similar a la que provee la Ley 416-2004, mejor conocida como la Ley sobre Política Pública Ambiental.
Vianca Rivera, asesora de Asuntos Legislativos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), opinó que es indispensable que dicha causa de acción esté basada en los daños ocasionados por las violaciones a esta ley adicional a la legitimación activa para la presentación del recurso judicial que la propuesta legislativa provee por la vía estatutaria.
De acuerdo con Rivera, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que la persona o entidad que inste la causa de acción en daños y perjuicios al amparo de dicho estatuto tiene que demostrar la ocurrencia de un daño, ya sea de índole económico, ambiental, recreativo, espiritual o estético.
“Si bien el Artículo 14.1 de la Ley 161 no reconoce una compensación de daños y perjuicios como lo dispone la Ley 416, sí establece que el remedio interdictal es el remedio para reparar el daño alegado bajo la referida disposición legal. Es decir, aunque con propósitos distintos, tanto la Ley 416 como el Proyecto de la Cámara 310 contemplan que la figura de legitimación estatutaria va atada a que el peticionario demuestre la ocurrencia de un daño”, agregó.
Por su parte, el presidente de la JP, Héctor Morales Martínez, recomendó que la medida incluya una descripción “más precisa” sobre los escenarios en los cuales una persona privada podría presentar un recurso legal para solicitar la revocación de una determinación obtenida mediante información incorrecta o falsa.
Morales Martínez sugirió en una ponencia escrita que se defina qué tipo de información podría considerarse suficientemente perjudicial como para justificar la revocación de un permiso otorgado, pues reconoció que durante el proceso de solicitud de permisos pueden surgir errores sin que necesariamente exista intención de engañar a la OGPe o a los entes autorizados.
“En aquellos casos en los que el error no altere la determinación final y pueda ser subsanado sin perjuicio, debería permitirse su corrección sin que ello conlleve la revocación del permiso”, afirmó.
Por otro lado, la Comisión de Desarrollo Económico atendió también el Proyecto del Senado 81, que persigue declarar que una agencia o entidad gubernamental no tiene recomendaciones ni objeciones a cualquier proyecto propuesto ante la OGPe si dicho organismo no emite sus comentarios dentro de los términos establecidos en la Reforma de Permisos.
Por otra parte, la presidenta del Banco de Desarrollo Económico (BDE), Carmen Vega Fournier, apoyó el Proyecto de la Cámara 701, que busca enmendar la ley que creó esa entidad financiera, para ampliar sus facultades prestatarias y así entrar en negocios comerciales, como préstamos hipotecarios residenciales, de consumo, tarjetas de crédito y otros productos de financiamiento.
Su posición fue vertida en vista pública de la Comisión de Banca, Seguros y Comercio que preside el representante Jorge Navarro Suárez, en la que se evaluó la medida de Administración, la cual tienen como fin atender a las personas que no se les facilita el crédito en la banca comercial, como por ejemplo los jóvenes profesionales que buscan la oportunidad para obtener su primer hogar o experiencia crediticia.
Vega Fournier indicó, que luego de 40 años de servicio en el mercado de financiamiento comercial, “los tiempos cambian y con ello, se hace imperioso que el BDE también se transforme para que pueda ofrecerle otros tipos de financiamiento a sus clientes y potenciales clientes. Lo anterior con el norte de seguir fomentando el desarrollo económico de la isla”.
Manifestó que con esta enmienda “se amplía la oferta a los ciudadanos, aportando mejores tasas de interés y productos que le sirvan para mejorar la economía. Ello permitiría a los emprendedores, jóvenes y otros, la oportunidad de tener su primera vivienda, su primera experiencia crediticia o la oportunidad de inversión de capital para su negocio”, lo que evita que tengan que abandonar el país en búsqueda de una mejor calidad de vida.
