El Presidente habló el pasado jueves para quitarse de encima momentáneamente la impopularidad de los impuestos incluidos en el Proyecto de Presupuesto 2021.
Estaban acorralados, repudiados, con riego de un desplome temprano de credibilidad. Necesitaba oxígeno.
Por eso optó por eliminarlos. Desde ese ángulo del problema podría decirse orgullosamente que el pueblo le dobló el brazo. Su reacción fue oportuna y eficaz, tratándose de un gobierno frágil y centrado en procura y preservación de imagen favorable, fundamentalmente a base de técnicas mediáticas.
Abinader respondió en forma parecida a la de Danilo Medina frente al fraude de Bahía de las Águilas: reculó.
Pero quedarnos ahí equivale a evadir lo esencial de lo anunciado, dado que la eliminación de los referidos impuestos está acompañada de una solución sólo aparente, onerosa y de gran peligrosidad; en tanto los ingresos previstos a eliminar serán reemplazados por el producto de un acuerdo gubernamental con la Barrick Gold y los grandes bancos, mediante el cual la corporación minera adelantará pagos futuros.
El gobierno, con la intermediación del sistema financiero privado, le va a coger prestado al consorcio minero.
De hecho a Barrick y a los bancos se les está dando más poder. La dependencia del gobierno respecto a ellos será mayor, cuando lo que procede es que el Estado, como dueño de la mina de oro, exija más participación en sus enormes beneficios y que en medio de esta crisis demande a los Bancos, a sus AFP, a las ARS, a las aseguradoras y a todas las corporaciones boyantes, mayores contribuciones, mayores porcentajes de sus voluminosos beneficios.
En el caso de Barrick Gold el tema se torna más peligroso porque esa corporación minera, además de contaminar y de cogerse gratis el agua de la presa contigua, está empeñada en extender sus explotaciones hacia los yacimientos de oro de la Sierra de Yamasá, al precio de dejar a la capital sin agua. Y un gobierno “auxiliado” por ella, entreguista por demás, pierde más autoridad para frenarla.
A esto se agrega, que pese a todo lo dicho sobre la improcedencia del Pacto Fiscal en medio del agravamiento de la multi-crisis mundial y local, Abinader lo quiere imponer en un plazo de seis meses. Sencillamente han pospuesto un gran conflicto.
Y por último dos cositas: 1) la corrupción protegida no es solo del PLD, es PRSC, Fuerza del Pueblo, PRD, PRM, militar y empresarial; 2) La venta de activos del Estado y el rollo de las APP podrán entrar en el capítulo de los peores delitos de Estado.
(El autor es dirigente político residente en Santo Domingo, República Dominicana)
narsoisa@gmail.com
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