Santo Domingo (República Dominicana).- La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el 7 de agosto la solicitud de medida de coerción contra 12 personas arrestadas como parte de la Operación Gavilán que desmanteló una supuesta red integrada por fiscales, empleados administrativos y policías que operaron una estructura nacional dedicada durante años a eliminar, a cambio de sobornos, antecedentes penales de procesados por diversos delitos.
La decisión se tomó a solicitud de la defensa de los acusados para estudiar el expediente.
Los detenidos son Mártires Rosario Reyes, soporte del sistema de justicia de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la Procuraduría General de la República; Rubén Darío Morbán Santana, encargado de la división de tecnología de la Fiscalía de Santo Domingo Este y su esposa Laudelina Esther Reyes Silva.
La medida incluye a los empleados de la Procuraduría General de la República Pilar Yrenes Medina Trinidad y Domingo Julio Santana Sánchez, así como a los coimputados Yokaira Elizabeth Carmona, al ex policía Luis Alfredo Astacio Polanco, Ashley Darleni Morbán Reyes, el miembro de la Policia Nacional Antony Vicente Ferrer Monegro, Romanqui Alexander Dotel Medina y Dilcia Argentina Núñez Santos.
Tras la audiencia, el fiscal Andrés Mena, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, destacó la fortaleza del expediente y de cientos de pruebas que ha aportado el Ministerio Público en el proceso que se le sigue a los imputados de la Operación Gavilán.
Resaltó que la medida de coerción presentada contra los imputados de eliminar antecedentes penales de procesados a cambio de sobornos, consta de unas 339 páginas, «robustecidas con cientos de elementos de pruebas, al tiempo de indicar que el Ministerio Público está pidiendo la complejidad en la medida de coerción y la imposición de la prisión preventiva para todos los imputados».
“En el día de hoy el Ministerio Público vino preparado y listo para conocer de la audiencia de medida de coerción a los imputados en la Operación Gavilán; sin embargo, los abogados han pedido un aplazamiento para conocer el expediente, ya que reconocen que se trata de un expediente voluminoso y que consta de muchas pruebas, las cuales el Ministerio Público ha recolectado de manera lícita”, dijo a periodistas que lo abordaron cuando salía del tribunal junto a la fiscal Sourelly Jáquez.
Con el borrado de antecedentes penales ejecutado por la red criminal han sido beneficiados sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales, imputados de violencia de género, por adulteración de alcohol o por secuestro, posibilitando, incluso, que personas recluidas cumpliendo condena de hasta de 30 años figuren sin antecedentes penales en los registros oficiales, según la acusación.
Joel Ambiorix Pimentel García (alias la J) y José Hamilton Ureña (Nino Come Mezcla), dos de los principales investigados de la Operación Halcón IV, y decenas de casos de crimen organizado figuran entre los beneficiados por los involucrados en la red.
Los imputados por asociación de malhechores, soborno, cibercrimen y lavado de activos, enfrentan cargos por los delitos tipificados en los artículos 59, 60,123, 124, 166, 167, 174, 175, 177, 265 y 266 del Código Penal Dominicano.
También, por violación a la Ley 41-08 sobre la Función Pública; los artículos 6 párrafo, y 10 párrafo de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y el artículo 3 de la Ley 155-17 en perjuicio del Estado dominicano.
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