Santo Domingo (República Dominicana).- Las juezas Claribel Nivar, Yissell Soto Peña y Clara Sobeyda Castillo, del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, sentenciaron a 7 años de prisión a Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez, pero descargó a otros imputados vinculados a los delitos de corrupción.
Medina Sánchez, acusado de dirigir el entramado de corrupción, fue declarado culpable de soborno en el comercio y la inversión, lavado de activos, uso de documentos falsos, asociación de malhechores.
El tribunal también condenó a José Dolores Santana Carmona a 6 años de prisión y a 5 años a Wacal Vernabel Méndez Pineda, Francisco Ramón Brea Morel, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista y a Paola Mercedes y a Víctor Matías Encarnación.
Los procesados Medina Sánchez, José Dolores Santana Carmona, Wacal Vernabel Méndez Pineda, Paola Mercedes y Rigoberto Alcántara Batista y varias empresas deberán pagar 500 millones al Estado dominicano.
También, las empresas Domedical Supply SRL; Fuel American Inc.; General Supply Corporations SRL; General Medical Solution AM SRL; Kyanred Supply SRL; Suim Suplidores Institucionales Méndez SRL; United Suppliers Corporations SRL; WattmaxDominicana SRL; WMI International SRL; Wonder Island Park SRL; Acorpor SRL; Ichor Oil SRL; Globus Electrical SRL; Contratas SolutionServices CSS SRL; Constructora Alcántara Bobea (CONALBO) SRL; Proyectos Engineering & Construction PIC SRL; Reivasapt Investment SRL; Suhold Transporte y Logística SRL.
Juan Alexis Medina Sánchez y los demás condenados deberán cumplir la prisión en los centros de corrección y rehabilitación Najayo Hombres y Najayo Mujeres, en la provincia San Cristóbal, además de que deberán pagar las costas penales del proceso.
En virtud del acuerdo al que arribó con el Ministerio Público, el procesado Víctor Matías Encarnación Montero, fue declarado culpable y condenado a 5 años de prisión, disponiendo el tribunal la suspensión de la pena, sujeto a reglas, entre las que se encuentran residir en el domicilio que fue notificado al tribunal. También, fue condenado al pago de las costas penales y a una multa de 500 mil pesos.
El tanto que fueron absueltos Fernando Rosa, Carmen Magalys, Freddy Hidalgo, Rafael Antonio Germosén Andújar, Lina Ercilia de la Cruz Vargas, Pachristy Emmanuel Ramírez, Carlos José Alarcón, Libni Arodi Valenzuela Matos, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez, José Idelfonso Correa Martínez, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez y Fulvio Antonio Cabreja Gómez.
También, las empresas Cemeraf y Editorama fueron absueltas por lavado y liberadas del pago de las costas penales del proceso.
La lectura íntegra de la sentencia fue fijada para el 25 de septiembre.
Por su lado, el Ministerio Público calificó como una decisión de “luces y sombras” la sentencia del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que impone una condena de 7 años de prisión contra Juan Alexis Medina Sánchez y descarga a algunos de los imputados del caso que se derivó de la Operación Antipulpo y que las propias juezas definieron como un caso en el que se evidenció la corrupción “plena, absoluta y profunda”.
Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, al salir de la audiencia la madrugada de este jueves, expresó que “en este proceso está condenado el gerente operativo de este entramado, Juan Alexis Medina Sánchez, que es además hermano de un expresidente de la República”.
Agregó que “en este proceso, además, fueron condenadas todas las empresas de este entramado de corrupción. Fue, además, ordenado el decomiso de todos los bienes de las personas que fueron condenadas”.
“Este tribunal, además, acogió el acuerdo que hizo el Ministerio Público con Víctor Matías Encarnación Montero (ex director técnico de la Oisoe) y condenó a los imputados al pago de multas”, declaró Camacho a los periodistas.
El procurador adjunto representó al Ministerio Público en audiencia junto a la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). El equipo estuvo integrado además por los fiscales Elizabeth Paredes, Yoneivy González y Ernesto Guzmán.
Camacho recordó que el proceso ya había alcanzado otras cinco condenas, antes de la sentencia de este jueves, cuatro de ellas admitieron los hechos en la audiencia preliminar. “Estoy hablando de Francisco Pagán, Juan Esteban Suriel, Domingo Santiago y Lewi Castillo, que se suman a los sancionados por este proceso y otra persona que es María (Isabel) de los Milagros (Torres Castellanos) que también fue condenada en un proceso para inimputables”.
Sostuvo que en la sentencia de las juezas “hay algunas sombras y esas sombras están vinculadas a algunos descargos como el de Fernando Rosa y Magalys Medina Sánchez, que son descargos que, a juicio del Ministerio Público, son una incorrecta apreciación de las pruebas que hemos presentado y desde ahora le podemos decir que vamos a apelar esos descargos”.
Insistió en que “la teoría de caso del Ministerio Público fue probada en este caso”.
“Se probó el soborno, la estafa contra el Estado, se probó la asociación de malhechores, la falsificación, es decir, los tipos penales que presentó el Ministerio Público fueron probados”, precisó.
“Algo que nosotros nos propusimos desde el día uno: no habrá un solo tribunal en la República Dominicana que pueda decir que no hubo pruebas, no habrá un solo tribunal que pueda decir que no hubo pruebas y en este caso, este tribunal no ha sido la excepción y ha tenido que admitir que el Ministerio Público trajo pruebas suficientes para la decisión que produjeron, en los términos que ellos la produjeron”, dijo Camacho.
“La sociedad definitivamente tiene que estar de pie ante todo este flagelo, porque la corrupción, sin duda, ha quedado evidenciada en este caso: ha sido plena, absoluta y profunda”, señaló el Tribunal en voz de la jueza Yissell Soto Peña, previo a emitir la sentencia, y aprovechó para reflexionar sobre el deterioro institucional profundo de la sociedad, que pudo evidenciar con los casos de corrupción que presentó el Ministerio Público.
Agregó que “cada vez que conoce un caso (el tribunal), es como si sintiera que está en un proceso de involución, las cosas están más graves. Y creo, creemos nosotras, que tenemos que reflexionar nosotros mismos. No es que tengamos a todos los fiscales trabajando para meter preso al que haga la cosa mala, no; lo que aspiramos es que ellos no tengan tanto trabajo para que el sistema esté un poco más desahogado”.
Soto Peña insistió en que los empleados públicos de menor categoría no deben cegarse ante la corrupción.
“No podemos tener una ceguera descuidada porque si lo hacemos nos vamos a involucrar en cosas malas”, indicó previo a alegar que técnicamente, y conforme a su criterio, el tribunal no pudo “subsumir” algunas conductas punibles de los procesados, lo cual no significó, dijo, que las juezas no apreciaran que tan malas fueran las cosas juzgadas.
“Ojalá que empecemos a cambiar, porque si no aprendemos a cambiar, siempre vamos a tener estos procesos y siempre van a ser malos: hablamos de aquel muchacho en el barrio que mata a alguien para robar un celular, si equiparamos las cosas, no sabemos sinceramente cuál es es peor”, indicó la jueza Soto Peña.
