Santo Domingo (República Dominicana).- El director general de Contrataciones Públicas (DGCP), Carlos Pimentel, advirtió que los funcionarios que tengan más de un 10 por ciento de participación accionaria en empresas, no pueden ser proveedores del Estado, aunque podrán hacerlo si tienen menos de ese por ciento de acciones, excepto en las entidades en las que son servidores públicos.
Pimentel mencionó que la DGCP terminaba el viernes pasado el cruce de bases de datos para los funcionarios del Poder Ejecutivo, la cual tiene hallazgos que concluirán con la suspensión del registro de proveedores.
Indicó que la incompatibilidad legal se activa cuando el funcionario tiene más del 10% de participación accionaria en una empresa. Además, manifestó que se hará un cruce de base de datos del Congreso Nacional para establecer las incompatibilidades.
«Todavía no tenemos una disposición que nos indique que, por pertenecer a un consejo, se inhabilita para ser proveedor del Estado, yo quisiera que fuera así, entiendo que debe ser así, pero hasta ahora nuestra ley no lo establece», agregó el funcionario entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa «Esferas de Poder», que se transmite los domingos por RNN Canal 27.
Pimentel advirtió que no le temblará el pulso para suspender registros de proveedores por incompatibilidades, como lo ha hecho hasta ahora DGCP con 120 casos, y recordó que 119 alcaldes y regidores que estaban en el registro de proveedores del Estado fueron suspendidos.
El director de la DGCP afirmó que ha establecido un mecanismo de detección de incompatibilidades contempladas en el artículo 14 de la Ley de Compra y Contrataciones Públicas, al tiempo que precisó que los funcionarios electos no pueden contratar con el Estado, ni ser oferentes, por lo que ha desarrollado un mecanismo de identificación de estos y ha procedido a la suspensión de los registros de proveedores.
Pimentel afirmó que no habrá silencio administrativo en los procedimientos porque todos tendrán decisiones, sin importar de quién se trate, porque la administración pública siempre tiene que expresarse.
«Eso va a ser continuo, permanente, eso no va a terminar, es una tarea que va a ser sistemática, continua y que es la primera vez que se hace en el país de manera proactiva y con esa identificación», subrayó.
«En el Agua y Luz hubo un camuflaje»
El director de la DGCP también afirmó que en el caso del Teatro Agua y Luz, se canceló la licitación porque se pretendió hacer una concesión hasta el 2044, con camuflaje de alquiler, y citó que igual sucedió con el Hotel Nueva Suiza, en Constanza, utilizando una modalidad de alquiler, pero el procedimiento seguido se trató de una concesión.
«Entre otros casos que ahora no memorizo, llevamos como 110 decisiones que están ahí en el portal, de tipo administrativo, de inhabilitación, medidas cautelares, algunas no tienen objeto porque hay casos de esos que estaban ahí desde el 2015», adujo Pimentel.
Declaró que el 32% del Presupuesto General del Estado está destinado para la contratación de bienes, servicios y obras, las cuales deben servir para el desarrollo.
Citó entre instituciones que han sido parte del clientelismo político institucionalizado como el Plan Social de la Presidencia, los Comedores Económicos, y alertó que no es un secreto para nadie que cuáles son las áreas críticas del Estado donde han existido riesgos, denuncias sobre presunta corrupción y violación de los procedimientos para las contrataciones.
Pimentel afirmó que desde que se aprobó el 4% del PIB, el Ministerio de Educación nunca ha sido auditado, a pesar de que los fondos destinados a ese sistema en una gran proporción fueron utilizados para la construcción de obras.
El funcionario mencionó también el sector Salud, como el Ministerio y PROMESE, los cuales administraron cuantiosos recursos para la contratación de bienes y servicios.
«Pero también los vinculados a áreas de construcciones de obras físicas, no solamente OISOE, el Ministerio de Obras Públicas, el INVI, INAPA o la CAASD, construyen, hacen contratos y licitaciones, hay sorteos de obras, hay que mantener la vigilancia de lo que sucedió y a lo que pueda suceder», enfatizó.
Aseguró que su rol no distingue tiempo ni personas, sino criterios.
«Vamos a volver a la Procuraduría tantas veces como sea necesario, en la medida que nuestro trabajo nos indique que los casos que llevamos, los casos que nos apoderamos, los casos que investigamos que estén rodeado de violaciones que van más allá de aspectos administrativos», agregó.
Sostuvo que los casos de los RD$11,500 millones sobre AC30, asfalto caliente, Plan Social de la Presidencia, Inaipi uno y dos, tienen características que no se hable de simple violación de un proceso de contratación, sino de expedientes que tienen una violación.
Comentó que tiene por delante un desafío importante, ha asumido sus funciones con toda la entereza y determinación, en los casi primeros 100 días de gobierno y destacó que «hemos emitido unas 115 decisiones, resoluciones de distintas índoles, de impugnaciones, de reclamaciones, de medidas cautelares, hemos tenido que llevar cuatro casos a la Procuraduría General de la República, con indicios contundentes y precisos».
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