Santo Domingo (República Dominicana).- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), vaticinó que el anunciado fideicomiso, que privatizaría la Central Termoeléctrica Punta Catalina, presuntamente llevaría a sometimiento penal a los ministros de Energía y Minas, Hacienda y al Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, por malversación, prevaricación y colusión de funcionarios.
Esto, al recomendarle al presidente Luis Abinader la creación del Fideicomiso Público Central Termoeléctrica Punta Catalina (Fideicomiso CTPC), el cual tendría como objeto la administración por 30 años de Punta Catalina, por un comité técnico, presidido por el exadministrador de la CDEEE, Celso José Marranzini Pérez, y José Luis Actis, Noel Báez Paredes, George Ángel Reinoso Núñez y John A. De Armas, lo que se produjo a través del decreto número 538-21, bajo la sombrilla de la ley 189-11, que instituye el fideicomiso en la República Dominicana, para el Desarrollo del Mercado Hipotecario.
Julio César de la Rosa Tiburcio, presidente de ADOCCO, dijo que la entrega de la generadora, de la que no se ha sabido el costo de su construcción y “mucho menos su valor real de mercado, por no haberse realizado a un año de haber asumido los liquidadores la central, que parece indicar de que se trata de un plan para que esta sea valorada a precio de vaca muerta, si partimos del hecho de que no se han podido realizar las auditorías, por falta de oferentes calificados”.
Esas razones la atribuyó a la disposición del costo de la auditoría en apenas 200 mil dólares, para una obra que de acuerdo a las informaciones ofrecidas, rondó los 3 mil millones de dólares, razón por la que no podemos esperar que una firma auditora internacional, se interese en participar en las dos licitaciones declaradas desiertas, lo que ha obligado a una tercera de acuerdo a lo anunciado por uno de los liquidadores.
El presidente de ADOCCO pidió al presidente Abinader “evitar los despropósitos de los liquidadores, que han actuado más a favor de los empresarios interesados en quedarse con el sector eléctrico, más que en la intención suya, como se desprende de la recomendación del fideicomiso público, siendo una prerrogativa del Congreso Nacional, disponer del patrimonio estatal, mientras que la figura del fideicomiso está concebida exclusivamente para actividades de naturaleza privada, en la que por su naturaleza privada, persiste la ausencia de transparencia, como lo establecen la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública y la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas”.
“El Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, debió edificar al presidente de la república que la Constitución Dominicana, en su artículo 128, numeral 2, letra d, establece la obligatoriedad de contar con la aprobación del Congreso, para la enajenación de cualquier patrimonio público, que supere los 200 salarios mininos, en consecuencia, dictar un decreto, ejecutando en lo inmediato, la transferencia y entrega de Punta Catalina en manos privadas, sin pasar por el Congreso previamente, constituye una violación a la Carta Magna”, indicó de la Rosa Tiburcio.
Sostuvo que las actuaciones de la comisión creada por el presidente Abinader, mediante el Decreto número 342-20, para la liquidación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), tienen todas vocación de sometimiento penal, “a partir de ejecutar el presupuesto aprobado a la líder del sector eléctrico, disponiendo en base al decreto que la crea, de su patrimonio, que solo podría hacerse con la modificación de la Ley 125-01, que en su artículo 138, crea la CDEEE y que disponga la entidad pública receptora de sus bienes, no como se ha producido, transfiriendo contratos firmados por la CDEEE a las distribuidoras de electricidad, el asalto al inmueble que alojaba las oficinas centrales de la CDEEE, el traspaso de las acciones de la CDEEE en las empresas EDENORTE, EDEESTE y EDESUR al Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, FONPER”.
De acuerdo con ADOCCO, la violación a la normativa penal dominicana, por parte de los miembros de la comisión liquidadora de la CDEEE, se evidencia en la ejecución de miles de millones de pesos del presupuesto de la empresa, consignado en la ley de presupuesto y gasto público, en los meses septiembre/diciembre del pasado año 2020 y el correspondiente a los meses enero/agosto del 2021, sin rendir cuentas en detalles, como establecen las normas de contabilidad gubernamental y administrativas, detalles que deben ser colgada en la sección Transparencia de los portales webs de las instituciones públicas, apareciendo en el portal de la CDEEE, la ejecución del mes de enero del 2021.
Recientemente la Alianza Dominicana Contra la Corrupción calificó el fideicomiso que entrega al sector privado la operación y manejo financiero de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, como el mayor despojo de los bienes del Estado que a su vez son los bienes del pueblo dominicano.
La ADOCCO llamó a los senadores que ejerzan su función de fiscalización y rechacen el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, proyecto que fue aprobado sin que muchos de los que tuvieron presentes no le dieron lectura.
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