Santo Domingo (República Dominicana).- El presidente de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), Julio César de la Rosa, aseguró que la Operación Calamar implica a unas 50 personas y hasta ahora el Ministerio Público ha solicitado medidas de coerción en contra de 20 imputados en la presunta sustracción de más de 19.000 millones de pesos al Estado dominicano.
De la Rosa ofreció su voto de confianza al Ministerio Público e instó a que siga realizando su labor en contra de la corrupción en la administración pública.
«Cuando anunciamos en el mes de febrero que ya las órdenes de allanamientos se estaban gestando, nosotros esperábamos que fuera por el orden de las 50 personas, sin embargo, cuando se da el anuncio vemos que solamente hay 20 personas a los que se les solicita medidas de coerción, pero el expediente tiene otras personas a las que no se les solicitó medidas de coerción», subrayó entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa «Esferas de Poder», que se transmite los domingos por RNN Canal 27.
Indicó que otros llamados a investigación por presunta participación no han sido mencionados en el expediente, por lo que el Ministerio Público debe dar a conocer en qué consistieron las negociaciones con esas personas. También debe establecerse si entregaron dinero en efectivo, bienes o hicieron promesas en el marco de la admisión de su participación de los hechos establecidos en su contra.
«Como también, si en el expediente aparece la denominada Casita, que era la receptora de los recursos desde donde salían entonces para entregarlos a las campañas políticas, también debe establecerse el propietario de La Casita, que aunque uno intuye de quien se trata, pero no se han dado nombres y como no se tiene un título para establecer la propiedad jurídica de esa Casita, nosotros hacemos reserva del mismo», acotó.
Asimismo, De la Rosa solicitó abrir nuevos casos de alegada corrupción donde haya actores de la pasada y la presente gestión gubernamental.
Manifestó que quienes hayan admitido su participación en presuntos actos de corrupción no pueden quedar fuera de una sanción penal por parte de la justicia y observó que no se han solicitado medidas de coerción contra personas que han sido señaladas en el caso Calamar y cuyos nombres figuran en el expediente y que de no ocurrir, ADOCCO accionará al respecto.
Consideró que si el Ministerio Público va a actuar con alguna flexibilidad con algún imputado que ha admitido los hechos y colaborado con un expediente, la decisión debe ser parte de un acuerdo que deje sentada la posición del persecutor, que nunca debe ser una exoneración de responsabilidad per se.
El presidente de ADOCCO reiteró que en el caso Calamar falta gente e las que admitieron haber participado del entramado, y que hasta el momento no han sido procesados, «por ello reiteramos, aguardamos por el Calamar 2.0 que los incluya a ellos, pero además a muchos que fueron interrogados, investigados y que el Ministerio Público obtuvo informaciones de su participación y que no han sido ni siquiera mencionados».
De la Rosa manifestó que hay casos que ACOCCO esperaba que se estuviera ventilando, de funcionarios que al momento solo han sido denunciados, pero no han sido procesados.
Comentarios sobre post