Santo Domingo (República Dominicana).- El Consejo de Defensa del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, denunció que el Ministerio Público sigue actuando al margen de la ley al filtrar, sin haber sido notificado a su cliente o miembros de su defensa, sobre la existencia del informe emitido por la Cámara de Cuentas.
Sin embargo, señalaron que comparten la resolución que aprueba el informe a los medios de comunicación emprendiendo una campaña mediática en detrimento de los derechos que le confiere las leyes y la Constitución a su cliente omitiendo las partes importantes donde se establece que no hubo ni sobreevaluación, ni sobornos en la ejecución del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, «esta omisión constituye una falta de objetividad del Ministerio Público».
«No deja de sorprender la manera irresponsable con la que actúa el Ministerio Público, que desde el inicio del proceso ha violentado y vulnerado el debido proceso de ley. Ahora tienen el descaro de no solo de mentir y manipular las informaciones, sino que filtran documentos e informes previos a ser notificados a las partes interesadas y peor aún, antes de que en este caso, el mismo órgano que lo emite, la Cámara de Cuentas lo publique en su portal oficial como establece la ley. Omiten partes importantes del informe a su conveniencia, que puntualizan el enorme deterioro y abandono en el que se encuentran las edificaciones y la responsabilidad de la actual Procuraduría General de la República en su mantenimiento y conservación», dijo Carlos Balcácer.
Los juristas indicaron que la Cámara de Cuentas, en violación al debido proceso y en desacato de una resolución judicial, desconoció la petición de Rodríguez sobre el acompañamiento de un perito que pudiera validar juntamente con los auditores de dicho órgano sobre los supuestos hallazgos e incumplimientos, y ahora desconoce y no publica en su resolución que la documentación no suministrada fue por parte de la actual Procuradora General quien no las proporcionó, ya que al ex procurador en contra de todos los procedimientos legales nunca le han dejado formar parte de una investigación en su contra, a pesar de estar siempre dispuesto a colaborar.
Reiteraron que existe una «envestida mediática de parte de la PEPCA para condicionar a la opinión pública e influenciar a los jueces en contra del ex procurador Jean Alain Rodríguez, a tal punto que el informe puesto en circulación de manera ilícita en el día de hoy resalta hallazgos meramente administrativos que no son ilícitos penales, pero les sirven para justificar sus falsedades al estar carentes de pruebas que sostengan la imputación y privación de libertad de más de un año a la que ha estado expuesto el ex procurador Jean Alain Rodríguez».
Mientras, Francisco Franco, señaló que su cliente tiene como justificar cada peso que le ha ingresaMdo en las últimas décadas y no ha necesitado ni siquiera constituir fideicomisos para protegerlos ya que siempre ha preferido la transparencia y «tener todo a su nombre o de sus sociedades por no tener nada que ocultar ni tener que protegerse de nadie».
Reiteraron que la solicitud realizada a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana se realizó en virtud de que la Constitución de la República en su artículo 246, así como también la Ley número 10-04 en su artículo 10, asignan a ese organismo facultad y responsabilidad legal para realizar auditorías, en su calidad de órgano superior externo de control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado.
Sostienen que sin embargo, la publicación del informe «no solo viola los derechos y garantías procesales, sino que es nulo de pleno derecho de actos» de acuerdo con el Artículo 14 de la Ley Sobre los Derechos de las Personas y sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo número 107-13.
El Consejo de Defensa del exprocurador Rodríguez mencionó En enero del año 2021 la Procuraduría General de la República allanó las instalaciones de la Cámara de Cuentas sustrayendo miles de documentos oficiales declarando haber encontrado pruebas de supuestos delitos de corrupción administrativa, por lo que decidió ampliar las investigaciones que por obstrucción de la justicia inició contra sus actuales integrantes.
«Sin embargo, a la fecha no se conoce ningún tipo de investigación al respecto, ni se da cuenta de documentos faltantes resultado de dicho allanamiento», expresaron los juristas.
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