Santo Domingo (República Dominicana).- El presidente Luis Abinader dispuso que la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quede encargada, de forma provisional, del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
La disposición está contenida en el decreto 321-22 dado a conocer este jueves 16 de junio de 2022.
En el decreto se establece que tales funciones serán ejercidas en adición a sus atribuciones constitucionales de manera honorífica, y hasta tanto se designe al titular de ese ministerio.
Con esta medida el Poder Ejecutivo asegura la continuidad de las funciones habituales del ministerio y su importante rol en las diferentes actividades del país.
La posición de ministro de Medio Ambiente quedó vacante el pasado 6 de junio de 2022, a raíz de la muerte de su titular, Orlando Jorge Mera, en circunstancias que son investigadas por el Ministerio Público, que apresó a Fausto Miguel de Jesús Cruz de la Mota, como el presunto autor del asesinato del fenecido ministro.
Este pasado miércoles, Cruz de la Mota solicitó a la Fiscalía del Distrito Nacional que le autorice una entrevista con los medios de comunicación para aportar «datos probatorios», de la causa y nombres específicos de personas relacionadas que son testigos directos de la causa real que condujo al suceso.
En la solicitud, presentada a la fiscal Rosalba Ramos, a través de sus abogados Ibo René Sánchez Día y Manuel Sierra Pérez, Cruz de la Mota dijo que desea que la sociedad escuche su versión, y «no mediante la escucha solo de otra única versión», a fin de que la sociedad confronte la suya «con las mías también» y pueda ser testigo de excepción y deducir partes de la verdad para que en futuro no se repitan situaciones lamentables como el acaecido sobre el fatídico y lamentable episodio sangriento».
Sánchez Díaz y Sierra Pérez señalaron que su cliente tiene interés de que «esto se aclare» a la sociedad con su versión, y no mediante la escucha de solo otra única versión.
Explicaron que Cruz de la Mota está en disposición de hablar con los medios de comunicación en la cárcel donde guarda prisión preventiva o en otro lugar que la autoridad competente pueda elegir.
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