Santo Domingo (República Dominicana).- El alcalde de Santiago, Abel Martínez, calificó como «de alta traición» a la Patria, el Proyecto de Ley Integral sobre Trata de Personas, Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes, depositado «silenciosamente» en diciembre pasado por el Poder Ejecutivo en el Congreso Nacional.
Martínez opinó que el proyecto de ley es un claro atentado contra la soberanía y la estabilidad del Estado, cuyo propósito sería proteger y dar cabida abiertamente a la inmigración ilegal, tomando en consideración la profunda crisis y la inestabilidad que se vive en el vecino país de Haití, y calificó el intento como sumisión por parte del Gobierno, ante las presiones de organismos internacionales para imponer su agenda antidemocrática en detrimento de nuestro país.
«Nos están diciendo que millones de ciudadanos haitianos con tan solo admitir que son víctimas de trata o tráfico ilícito, sin investigación previa, podrán adquirir derechos y privilegios adicionales a los ya establecidos en el marco del Derecho Internacional Humanitario para este tipo de casos; privilegios, por demás, que tendrá que garantizar el Estado dominicano en detrimento de los dominicanos que tendremos que pagar más impuestos, mientras vemos languidecer nuestra soberanía y dominicanidad; y me pregunto: ¿a qué está jugando este Gobierno?», manifestó el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
El también expresidente de la Cámara de Diputados destacó que para garantizar salud, atenciones y solidaridad con cualquier ciudadano nacional o extranjero que sea víctima de este flagelo, no es necesario «dicho adefesio legislativo», que pretende, incluso, ser mucho más garantista de derechos con extranjeros, que con los mismos dominicanos.
«Esto es una forma más de evadir responsabilidades que como Estado se deben asumir en materia migratoria, toda vez que dicho intento legislativo, contempla la no devolución a su país de origen de las supuestas víctimas, si estas se negaran, pero también estaríamos como Estado, lavándonos las manos y volteando la mirada a la hora de perseguir y enfrentar a las estructuras criminales que tantas veces hemos denunciado, que son los que se lucran con millones de pesos, fruto del tráfico ilícito de migrantes. Eso es ser irresponsable y pusilánime a la hora de defender nuestra Constitución y nuestras leyes, la cual es clara y está por encima de cualquier acuerdo o normativa internacional», estimó Martínez.
Exhortó a la sociedad dominicana en sentido general, a elevar su voz en rechazo del proyecto de ley y recordó que en el 2018, el gobierno de Danilo Medina rechazó firmar el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, el cual contenía muchos de los aspectos que pretende el proyecto de ley actual.
«Siempre seremos abanderados de la defensa de los derechos humanos de las personas, pero tenemos que ser conscientes de que en la coyuntura en que se pretende imponer dicha ley, es justamente cuando vivimos la peor amenaza de inmigrantes haitianos, desde nuestra Independencia. Somos una isla con dos países independientes con marcadas diferencias económicas, sociales, medioambientales, culturales y de seguridad; pero los problemas de Haití, hemos reiterado que no pueden ser resueltos sobre los escombros de nuestra soberanía, nuestra seguridad territorial ni nuestra seguridad ciudadana», expresó Martínez.
Dijo que el país no ha sido capaz de hacer cumplir el porcentaje del 80/20 establecido en la normativa laboral, para pretender ahora imponer al empresariado, la contratación de las alegadas víctimas extranjeras, con salarios, seguros médicos y otros privilegios que no reciben millones de dominicanos.
El proyecto también fue rechazado por el Instituto Duartiano, que lo considera «contrario al supremo interés de la Nación dominicana y perjudicial para la ciudadanía, sobre la cual se pretende poner todo el peso del financiamiento de las personas a proteger».
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