Santo Domingo (República Dominicana).- Un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, basado en las evidencias aportadas por el Ministerio Público, impuso prisión preventiva por espacio de tres meses, como medida de coerción, contra los principales imputados de la red de trata de personas desmantelada con la Operación Begonias.
El caso fue declarado complejo y se impuso la prisión preventiva contra los dominicanos Wilson Pérez Duque «El Menor» y Ariel Alfredo Soto Madrigal «El Gordo» y las colombianas Karen Juliana Chia Gelvez (Nana y/o Naye y/o Colombiana), Lina Marcela Valdez Cortes y Yasibit Esaleivi López Medina «Cristal». Los procesados deberán cumplir la medida en los centros de corrección y rehabilitación Najayo Hombres y Najayo Mujeres, en San Cristóbal.
A Johanse Díaz Casado (Johan el Gordo) le fue impuesto arresto domiciliario, una garantía económica de 50 mil pesos e impedimento de salida del país.
En tanto que Johanse Díaz Lemonier «Johan» y Lilian Yleana Sierra Espinosa recibieron la imposición de una garantía económica de 25 mil pesos, impedimento de salida y presentación periódica.
El Ministerio Público realiza las investigaciones a través de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y la Fiscalía de Santo Domingo Este.
En la audiencia el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal litigante Flor Jiménez, quien aportó las evidencias que vinculan a los procesados con los hechos y que fueron acogidas por el juez Leomar Cruz Quezada, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, para imponer las medidas de coerción a los imputados.
Los procesados incurrieron en trata de personas con fines de explotación sexual, asociación de malhechores y lavado de activos.
El Ministerio Público indicó que los imputados arrestados como parte de la Operación Begonias captaban en Colombia y movilizaban al país a las jóvenes que explotaban sexualmente. El grupo ofertaba trabajo a las víctimas como bartender o camareras de hoteles.
El órgano persecutor detalló que después de traerlas retenían sus documentos y las amenazaban con hacerle daño a sus familiares en Colombia, al tiempo de presionarlas por una supuesta deuda de 3.500 a 4.000 dólares que le hacían pagar si querían aceptar la promesa de que podrían liberarlas.
La Operación Begonias se puso en marcha el pasado 21 de junio, con múltiples allanamientos en la provincia Santo Domingo, producto de una amplia investigación iniciada hace varios meses para desarticular redes transnacionales de trata de personas con fines de explotación sexual y con la que rescató a más de 40 mujeres.
En las labores el Ministerio Público contó con el apoyo de la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet) y el Departamento de Trata de Personas de la Policía Nacional. También, participaron fiscales de la Fuerza de Tarea de la Dirección General de Persecución, así como miembros del Departamento de Investigaciones de la PETT y la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos del Ministerio Público.
La investigación contra las redes también contó con la colaboración de la ONG Anti Trafficking Bureau (ATB). Un equipo de 10 fiscales, más de 85 agentes de la Policía Nacional y varios técnicos de investigación y especialistas en atención a víctimas participaron en la operación, donde se ocupó dinero en efectivo, seis vehículos, equipos electrónicos, cuadernos de anotaciones y diferentes drogas narcóticas, así como los inmuebles que eran utilizados como espacios de operación de la red, incluyendo una edificación de varios niveles.
