La reciente campaña municipal y las medidas adoptadas por este régimen sobre el tema territorial, evidencian que la separación de los poderes institucionales es una falacia.
El poder local municipal, que es el más cercano al territorio, a los pobladores y a su cotidianidad, está muy distante del rol que debe derivarse de esa realidad.
En estos comicios ha estado ausente el ideal duartiano-trinitario de convertir las alcaldías en el principal poder del Estado, abierto a la participación de su pueblo y a la defensa de sus derechos, dedicado a la protección del territorio: suelo, subsuelo y sobresuelo en sus respectivas demarcaciones.
Igual la ausencia irresponsable del necesario rechazo a las disposiciones de otros poderes del estado que reducen su independencia, protegen degradaciones ético-morales imperantes y usurpan sus funciones con nuevas imposiciones legales, complacientes con la voracidad minera y un ordenamiento territorial que favorece la centralización extrema y onerosas privatizaciones del patrimonio natural.
Las alcaldías están sometidas a presupuestos muy precarios e ilegales. Los impuestos territoriales a corporaciones privadas son bajísimos y para colmo no los pagan; mientras las mineras se convierten en propietarias de terrenos y fuentes de agua, solo por obtener concesiones de exploración.
Los pasivos o deudas ambientales son enormes, solo FALCONDO debe más de 2 mil millones de dólares; mientras BARRICK GOLD se lo cargó al Estado, se chupa gratis toda el agua que necesite de la Presa de Hatillo, construyó una Presa de Cola húmeda (peligroso depósito de veneno) y quiere construir otra.
La ley de ordenamiento territorial despoja a las alcaldías del derecho a autorizar y fiscalizar proyectos de alcance nacional con sede en su territorio: puertos, aeropuertos, acueductos, industrias, autovías, empresas eléctricas, instalaciones mineras… En ese capítulo, el Consejo de Gobierno y el presidente de la república deciden.
El silencio sobre todo esto en el reciente carnaval electoral ha sido vergonzoso: ningún candidato, ningún partido participante, se refiere a hechos tan graves. Tienen miedo. Las comunidades no cuentan, las autoridades municipales y los aspirantes a esos cargos se pliegan a mandos superiores y aceptan que el poder local sea arrastrado y ninguneado desde el centro. La campaña municipal parece presidencial. El simbolismo del arrastre es realmente nefasto.
La evasión de estos temas cruciales siempre reproduce más de lo mismo en condiciones peores, resultados que no estamos dispuestos a legitimar, sino decididos a combatir… hasta culminar en una Constituyente que siente las bases para cambiar este sistema profundamente antidemocrático y altamente destructivo de la vida de la madre tierra y los seres humanos.
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(El autor es dirigente político residente en Santo Domingo, República Dominicana).