El caso del pelotero Warner Franco, acusado de violar sexualmente a una menor, ha causado indignación y congoja en la sociedad dominicana, por la agresión perpetrada contra la menor, la complicidad que el Ministerio Público atribuye a su progenitora y porque el deportista perdería un contrato de casi US$200 millones.
En términos jurídicos, la situación del señor Warner se presenta muy complicada para su barra de defensa técnica, porque los fiscales de Puerto Plata presentaron ante el juez de Atención Permanente un fardo de cargos difícil de desmontar a la luz de lo que estipula el Código de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
En lo que refiere a Major League Baseball, el futuro del torpedero de los Diamonds Backs de Arizona, luce todavía más incierto, porque ya fue suspendido de manera administrativa y porque Grandes Ligas también investiga el caso, que tendría secuelas mucho más graves, como su expulsión definitiva de la MLB.
Sin ignorar el cuadro forense que matiza esa infracción criminal, en materia penal jueces, fiscales y la defensa pueden invocar situaciones agravantes o atenuantes en contra o a favor del encartado, como por ejemplo la complicidad con la madre de la menor, o su condición de «joven inmaduro», de tan solo veintidós años.
En torno a este expediente penal se erige también una poltrona de cinismo social y de estrambótico proceder del Ministerio Público, que otorga a las graderías mediáticas la potestad de decidir con sus índices arriba o abajo el destino del justiciable, en sustitución de jueces y cortes.
La condición de millonario de Warner Franco no puede ni debe ser un motivo atenuante ante la acusación presentada por la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes, pero tampoco agravante, en razón de que el Código Procesal Penal, y el que protege los derechos de los menores garantizan juicio justo.
El Ministerio Publico debería actuar con igual diligencia procesal como lo ha hecho con la infracción atribuida a Franco, en los 35,461 casos de embarazos de niñas y adolescentes reportados en 2023 por Salud Publica, en virtud de que esas menores entre 10 a 17 años, técnicamente fueron violadas sexualmente.
Esa cantidad de niñas y adolescentes representa el 25% del total de embarazadas del país, cifras mayor en más de siete mil menores, a las 28,791 que se convirtieron en madres prematuras en 2019, la mayoría alejada de la escolaridad y convertida en esclava de sus violadores en la infeliz condición de concubinas.
Las redes sociales se entretienen con un expediente penal que deviene en novela por la implicación en el caso de la madre de la menor abusada y porque la progenitora del pelotero tenía a su cargo la trasferencia de dinero en favor de la encartada como proxeneta.
Cada día decenas o centenares de niñas y adolescentes son objeto de violación sexual, embarazadas y excomulgadas en sus respectivas comunidades sin que el Ministerio Publico se digne en intervenir o Salud Publica en abordar este drama como una enfermedad social. Otro día escribiré sobre la industria de prostitución de menores.
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(El autor es abogado y periodista residente en Santo Domingo, República Dominicana)
