Santo Domingo (República Dominicana).- Los jueces Rafael Báez, Doris Pujols y Daisy Indhira Montas, de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, variaron este jueves las medida de coerción contra el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, a presentación periódica, impedimento de salida del país y 5 millones de pesos de garantía económica.
Los jueces Báez, Pujols y Montas consideraron en su fallo que Guerrero no presenta peligro de fuga ni ha obstruido la investigación desde que inició hace más de tres años, razón por la cual ordenaron variar la medida del 11 de septiembre que ratificó la juez Patricia Padilla, al argumenta que lo que el Ministerio Pública alegó carece de prueba de acreditación.
Mientras, el abogado de la defensa de Guerrero, Eduardo Núñez, opinó que la medida de prisión al exministro de Hacienda nunca pudo justificarse en derecho y destacó que en los tres años de investigación el Ministerio Público ha sido testigo de los más de 40 permisos de viaje y 14 citaciones con fines interrogatorios que fueron cabalmente cumplidos.
De acuerdo con los abogados defensores, con esta decisión se reconoce, aunque de manera tardía, que la imposición de la prisión preventiva constituía una medida innecesaria, exagerada y abusiva, ya que además de que Guerrero tiene suficiente arraigo, no existe riesgo probado de que se sustraiga ni entorpezca el proceso judicial.
El exministro de Hacienda, uno de los 20 imputados en la supuesta red de corrupción desmantelada en la denominada «Operación Calamar».
Guerrero y el exministro administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta cumplen 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal, luego de que a principios del pasado mes de abril la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, dictó la medida.
Según la acusación, los miembros de la supuesta red sustrajeron más de 17 mil millones de pesos al Estado, los cuales, sumados a unos 2.100 millones en deuda administrativas, totalizan más de 19 mil millones.
De los 20 señalados en el expediente presentado por el Ministerio Público, los imputados Ángel Lockward, Alejandro Constanzo, Roberto Santiago Moquete, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández, Emir Fernández de Paola, Oscar Chalas Guerrero, Rafael Parmenio Rodríguez, Agustín Mejía Ávila y Víctor Matías Encarnación, admitieron su participación en la estructura.
Junto a los imputados, en el expediente también figuran el exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; el ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero, y Julián Omar Fernández y Yahaira Brito Encarnación.
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